En Latinoamérica21 hemos hablado bastante de desigualdad, una de las peores lacras de América Latina. Y es que nuestra región sigue siendo una de las más desiguales del planeta. Reducir la pobreza y la desigualdad fue a principios del siglo una de las prioridades políticas en algunos países latinoamericanos, pero hoy esta tarea parece haber vuelto a quedar relegada por otras preferencias. Claramente, los nuevos Gobiernos de derecha de la región, tras sus estrategias populistas, y con las reformas fiscales que han puesto en marcha, no parecen priorizar de forma seria la reducción de la desigualdad. Y esto debería preocuparnos.

Una desigualdad alta no solo es indeseable por cuestiones éticas; también puede ser desastrosa en términos socioeconómicos»

Algo de desigualdad es bueno. Sin ella, los incentivos para la inversión, para la acumulación de capital (tanto físico como humano), el esfuerzo y la toma de riesgos necesarios desaparecerían. Pero cuando la desigualdad alcanza los altos niveles que caracterizan a los países latinoamericanos, sus costos empiezan a dispararse. Una desigualdad alta no solo es indeseable por cuestiones éticas; también puede ser desastrosa en términos socioeconómicos. Una alta desigualdad desmoraliza a los ciudadanos que la padecen (los pobres), pudiendo reducir sus incentivos para incrementar su productividad, por ejemplo, estudiando o esforzándose más. Pero una elevada desigualdad nos termina afectando también a todos. La desigualdad rompe la cohesión social, genera conflicto social y desemboca en conflicto político (incluso violento), populismos (tanto de derecha como de izquierda), corrupción y políticas equivocadas. Así, la desigualdad lleva al subdesarrollo institucional, y esta refuerza las dinámicas de concentración del ingreso. Un ciclo que se refuerza y que ha sido la realidad de casi todos los países de nuestra región a lo largo de la historia.

Pero los costos de la desigualdad van más allá. Hoy por hoy una medida internacional muy reconocida para medir el desarrollo humano de los países es el índice de desarrollo humando (IDH), que publica regularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un índice que combina información sobre producción per cápita, educación y salud. Tomando datos del reporte del PNUD del 2018, la mayoría de los países de nuestra región presentan un índice de entre 0.6 y 0.85 (siendo 1 el máximo nivel). La media de la región es de 0.76, pero hay diferencias importantes, por supuesto. Chile, Argentina y Uruguay se sitúan a la cabeza, con IDH superiores a 0.8, lo que los ubica como países de desarrollo humano muy alto (en términos comparativos internacionales). Bolivia y varios países centroamericanos presentan un IDH de entre 0.6 y 0.7, lo que los clasifica como de desarrollo humano medio. Haití, a la cola, presenta un IDH de 0.5, siendo el único país de la región con desarrollo humano bajo.

Ahora bien, mirando los datos para los años recientes, no todos los países de la región han evolucionado de forma similar. Mientras en algunos el IDH muestra un aumento constante, como en Costa Rica o Ecuador, en otros el progreso se ha estancado, como en Paraguay, Colombia, Venezuela y Brasil (otrora líder en cuanto a crecimiento del IDH).

Al estudiar la evolución del IDH para todos los países del mundo durante las últimas tres décadas, se encuentra uno de los grandes costos de la desigualdad. Como mostramos en una investigación publicada recientemente en la revista científica Sustainable Development, un análisis detallado de los datos refleja que la desigualdad (tanto su nivel como su evolución) es un factor determinante para explicar el (sub)desarrollo humano (tanto su nivel como su evolución). En otras palabras, la desigualdad parece causar subdesarrollo humano. Así, cuando los países experimentan mayor desigualdad, esto no solo perjudica el desempeño económico de todo el país, sino también sus niveles educativos y de salud.

El mensaje es claro: si queremos una Latinoamérica realmente próspera, la lucha contra la desigualdad tiene que volver a ser prioridad máxima en la agenda política de nuestros Gobiernos.

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