Recientemente, el presidente Jair Bolsonaro emitió la Medida Provisional (MP) 1.061, en tramitación en el Congreso, que establece el programa “Auxilio Brasil” en sustitución del programa Bolsa Familia (BFP). Las Medidas Provisionales tienen fuerza de ley, por lo que su efecto es inmediato. Estas tienen un periodo de validez de 60 días y el Congreso tiene un periodo de 45 días para su apreciación y aprobación. Es fundamental que la sociedad brasileña esté atenta a esta discusión y sea consciente de los cambios que implicará su eventual aprobación, ya sea en su totalidad o con modificaciones.

¿El fin del Programa Bolsa Familia?

El Programa Bolsa Familia (PBF) es el programa de distribución de ingresos más importante de Brasil, con resultados notorios, ya que ha sacado a millones de familias de la extrema pobreza y la miseria. Hoy Brasil atraviesa su más importante crisis política, económica y social. El desempleo, el endeudamiento, la inseguridad alimentaria, el estancamiento económico y la profundización de las desigualdades se suman a los retos que impone al mundo la pandemia del Covid-19.

Es en este escenario que el actual gobierno propone sin ninguna discusión ni consulta con la sociedad civil el fin del PBF, imponiendo a través de un medida provisional un programa que parece más bien una carrera de obstáculos.

Los cambios son muchos y tendrán un profundo impacto. La falta de definición de los valores llama la atención al leer el MP, no sabemos cuál es el rango de ingresos que define la pobreza extrema y la pobreza, no sabemos el valor de ninguna de las ayudas propuestas, es difícil saber qué pasará con las familias que ya forman parte del Bolsa Familia.

El primer cambio importante es la forma de calcular la pobreza extrema que en el PBF se definió por un ingreso per cápita de hasta R$ 89,00 al mes. Las familias que se encontraban en esas condiciones tenían derecho a una ayuda básica, además de ayudas variables en función del número de personas pertenecientes a la unidad familiar.

El Programa Auxilio Brasil

En el Auxilio Brasil, el cálculo es diferente. La medida provisional estableció varios tipos de ayuda, con diferentes condicionalidades, que se suman cuando las familias cumplen los criterios. Los principales son prestación de primera infancia, prestación de composición familiar y; prestación de superación de la pobreza extrema.

Esta última merece atención. Según la medida provisional, las ayudas se concederán a las familias cuya renta per cápita, calculada después de sumar la prestación por primera infancia y la prestación por composición familiar, sea igual o inferior al umbral de extrema pobreza. Este umbral no está definido y existe el riesgo de que muchas familias que están entre la pobreza extrema y la pobreza se queden sin una parte importante de la prestación, disminuyendo así la cantidad que recibirán.

No es casualidad que se prevea una Prestación Compensatoria Transitoria, que se reducirá «gradualmente», y se pagará a las familias beneficiarias del Programa Bolsa Familia que puedan ver reducidas sus prestaciones por las nuevas normas.

El Programa Auxilio Brasil se compone también de otras cinco prestaciones con condicionalidades, cuyas dificultades impuestas a los beneficiarios van más allá de la exigencia de asistencia escolar y de la obligación de seguimiento sanitario de los niños por parte del SUS. Entre ellas, tenemos la Ayuda al Deporte Escolar, y la Beca Junior de Iniciación Científica. Ambas son ayudas que responsabilizan a los adolescentes de los ingresos familiares, en lugar de centrarse en garantizarles un derecho fundamental básico: la educación.

La otra ayuda, denominada Ayuda al Niño Ciudadano, encarna una vieja propuesta de la derecha neoliberal brasileña: el bono de guardería. Se concederá preferentemente a las familias monoparentales cuyos tutores puedan acreditar ingresos y la inexistencia de una vacante en una guardería pública o privada. La ayuda se destinará a cubrir parte o la totalidad de las cuotas mensuales de las guarderías asociadas al Programa.

Por supuesto, la concesión de ayudas no exime legalmente al Estado de ofertar plazas en guarderías, pero sin duda permite posponer el problema y evitar, al menos a medio plazo, la construcción de nuevas unidades de educación infantil y la contratación de profesores y profesionales de la educación, costes que la lógica definitoria de la actual configuración del presupuesto público no permite. A largo plazo, crea una cultura política que desvincula al Estado y transfiere perversamente la responsabilidad a la familia. La educación de los niños se ha convertido en un beneficio.

Otras dos ayudas, Inclusión Productiva Rural e Inclusión Productiva Urbana, se presentan como incentivos a la producción y a la inclusión en el mercado laboral formal. El primero se dirige a los agricultores familiares que, a cambio, deben donar una parte de su producción, «correspondiente a una parte del importe anual percibido», a familias en situación de vulnerabilidad social. Como en las otras ayudas, no está claro cuál sería el importe de esta contrapartida. Tampoco está claro el criterio de vulnerabilidad social: ¿las familias beneficiarias del Auxilio Brasil no estarían en situación de vulnerabilidad social?

La Inclusión Productiva Urbana se concederá a los beneficiarios que acrediten una relación laboral formal. Pero la medida provisional no define qué es una relación laboral formal, por lo que suponemos que se trata de un trabajo con un contrato laboral firmado, y nos preguntamos si también se contemplarán las actividades remuneradas de los profesionales autónomos y los empresarios.

Falta de claridad y retroceso en la política de redistribución de renta

No está claro cómo se llevará a cabo la inserción de los beneficiarios en el mercado laboral. La prestación trata el desempleo como una cuestión de voluntad, como si la voluntad y el esfuerzo fueran suficientes para insertarse en el mercado laboral formal.

El programa también pretende estimular el microcrédito. Sus beneficiarios podrán realizar préstamos consignados con descuento, de hasta el 30% del valor de su prestación, realizado por el gobierno federal a favor de las instituciones financieras que ofrecen el microcrédito. Se trata de una iniciativa temeraria y de doble cara: si promueve el crédito para las familias de bajos ingresos, también abre a las instituciones financieras la oportunidad de beneficiarse de una parte de la población hasta ahora excluida del mercado.

¿Cuántas familias conseguirán encajar y cumplir con todas las condiciones para mantener unos ingresos cercanos a los garantizados por el Bolsa Familia?  

En el Auxilio Brasil hay que ser mucho más que un ciudadano, hay que merecerlo, demostrar que se está dispuesto a «emanciparse» y superar todos los obstáculos impuestos por un programa de ingresos que acepta y reproduce la desigualdad estructural que define las oportunidades de vida de los brasileños. Se basa en el principio de la competencia neoliberal, en el mérito individual y responsabiliza a los adolescentes del mantenimiento de los ingresos familiares. Nada más alejado de los principios de la Renta Ciudadana que originó el Programa Bolsa Familia. Se trata de un desmantelamiento, una regresión que si no se detiene puede no tener retorno.

_{Foto de Palácio de Planalto}