Una región, todas las voces

El caso Assange

En junio de 2012, ingresó a la Embajada ecuatoriana, de Londres, un Julian Assange envuelto en un halo de heroicidad como la persona que destapó información secreta de los Estados Unidos. En esta se mostraban violaciones de los derechos humanos y de la libre determinación de los pueblos, las cuales fueron perpetradas mediante operaciones militares o de manejo diplomático.

Siete años más tarde, el ciberactivista, golpeado física y psicológicamente por el largo encierro, enfrenta condiciones más difíciles que las que forzaron su solicitud de asilo. Cumple prisión por haber violado la libertad condicional en el Reino Unido, y Estados Unidos pide su extradición, pues es acusado de diecisiete delitos contra la seguridad. Estos podrían significar penas de prisión que rebasan de largo su expectativa de vida.

Pero el deterioro de Assange no se reduce solamente a su salud o a su condición legal, sino que también se refiere, en lo fundamental, al eclipsamiento de su imagen inicial, la del hacker en búsqueda de transparencia frente a los ocultamientos del poder y su sustitución por el activista que realiza operaciones de incidencia política (esto, en una trasnochada recuperación de las lógicas de enfrentamiento propias de la guerra fría).

¿Cómo explicar la metamorfosis de Assange, quien pasó de ser baluarte de la libertad de información y expresión a promotor de la posverdad?»

Assange y Wikileaks irrumpieron en la escena mediática del mundo mediante el surgimiento de una nueva plataforma para la sociopolítica planetaria que antes no existía: la del enfrentamiento entre tecnología y soberanismos. La aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación planteaba la posibilidad de un acceso directo a fuentes de información que antes estaban blindadas o protegidas por las soberanías estatales nacionales; la tecnología podía ponerse al servicio de los derechos humanos, muchas veces «sacrificados» por las necesidades de la «razón de Estado».

¿Cómo explicar la metamorfosis de Assange, quien pasó de ser baluarte de la libertad de información y expresión a promotor de la posverdad, que utiliza la información resultante de sus operaciones de hackeo para desestabilizar regímenes e interferir en asuntos internos de otros Estados, como lo hizo en el conflicto catalán, impulsando la idea del independentismo, o alineándose con los servicios secretos rusos en su ataque a la candidatura demócrata de Hillary Clinton? ¿O su coincidencia, por no decir identificación, con la estrategia geopolítica de Vladímir Putin, dentro de lo que fue la estrambótica relación con el régimen de Rafael Correa, quien lo alojó o recluyó, como quiera vérsele, en la Embajada ecuatoriana de Londres?

Assange no es un espía que está al servicio de un Estado enemigo, como seguramente quiso verlo Correa, sino la materialización de la capacidad de interpenetración ofrecida por las actuales tecnologías de información. Su presencia expresa las nuevas lógicas de la política contemporánea: un filtrador de información cuya motivación responde a la percepción de que las libertades de los ciudadanos han sido o pueden ser violadas, pero también de quien usa la información con fines contrarios a la transparencia informativa y a la defensa de derechos.

El caso Assange, como en su momento el caso Snowden, advierte sobre la contingencia y vulnerabilidad en la que se reproducen las sociedades contemporáneas, una complejidad que exige conceptos y aprestamientos institucionales que vayan más allá de explicar el fenómeno como operación de espionaje a la integridad de los Estados. En el periodismo puede ser legítimo el uso de filtraciones para poner a disposición de la ciudadanía aquella información que sea sobre la conducta de sus Gobiernos, cuando estos la ocultan a nombre de la seguridad nacional. La defensa de Assange de que estaba actuando como periodista, cuando descubrió y expuso información militar y diplomática, pone en juego en este caso, efectivamente, los temas de la libertad de expresión y del oficio del periodismo. Conviene al interés público acceder a información relevante que evidencie violación de derechos o exponga a actores públicos y privados en casos de corrupción, aunque los procedimientos utilizados puedan presentar desafíos éticos al ejercicio de la carrera.

Sin embargo, no solo los Estados son blanco del escrutinio informático. La realidad de los individuos está construida cada vez más sobre la circulación de informaciones, lo que les vuelve vulnerables a la observación de su privacidad por parte de los Estados o de otros poderes discrecionales. Las tecnologías de la información evolucionan a pasos agigantados; procesan una masa de información cada vez mayor, lo que conduce a identificar tendencias de conducta de los ciudadanos, sobre las cuales se puede incidir después, reforzando la conducción (manipulación) de preferencias en los ámbitos del mercado, pero también de la política y de la configuración de valores y de significaciones sociales.

Mas allá de la imagen de Assange como el Robbin Hood de la nueva era comunicacional-tecnológica, el caso evidencia la presencia de nuevos actores y nuevas lógicas de incidencia política que giran en torno a las tecnologías de la comunicación, a su utilización para condicionar conductas y comportamientos políticos, pero, sobre todo, a su capacidad potencial de romper toda barrera que quiera interponerse para resguardar la información con la que se reproducen las lógicas del poder.


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¿Nuevo régimen mexicano?

Solo por existir un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus partidarios, e incluso muchos de sus críticos, hablan del “nuevo régimen”. Si tomamos en serio los conceptos, y las distinciones entre ellos, la conclusión es otra. Hagamos un análisis tan preciso, claro, breve y sencillo como sea posible.

Para empezar, un gobierno y el régimen político son entidades diferentes, aunque algunos Gobiernos pueden ser efectos (directos) de un cambio de régimen o la causa de que un régimen cambie. El régimen de México no cambió en 2018 para que ganara AMLO ni ha cambiado en 2019 porque él haya ganado la Presidencia. Se están dando cambios en el régimen; no ha habido un cambio de régimen. Este segundo tipo de cambio ya había ocurrido, es la transición (por definición general, se trata del cambio de un régimen a otro) del autoritarismo de la hegemonía del PRI a la democracia de baja calidad y no consolidada del pluripartidismo electoral. Un cambio que el presidente y sus seguidores niegan, unos, por ignorancia, y otros, por conveniencia para su propia “épica”.

Si gobierno y régimen no son lo mismo, el segundo incluye o contiene al primero, que, a su vez, es distinto del Estado. Un gobierno, así sea el federal, no es el Estado. El régimen se correlaciona institucionalmente con la estructura estatal, y los gobiernos legales y constitucionales no pueden existir completamente separados del Estado y el régimen. Este, además, comprende tres sistemas: el sistema de gobierno, el de partidos y el electoral, o si no, solo hay más que un partido de Estado o no hay elecciones, los mecanismos formales e informales equivalentes para el acceso, distribución y abandono del poder. Para que cambie el régimen, en el sentido de cambio de régimen, tienen que cambiar esencialmente los tres o, cuando menos, dos de esos (sub)sistemas.

El presidencialismo priista dejó de existir, salvo como cultura o aspiración parcial»

1. ¿Ha cambiado el sistema de gobierno presidencial? ¿O ha dejado de ser presidencial el sistema de gobierno mexicano? La referencia tiene que ver con el presidencialismo como opuesto institucional formal del parlamentarismo, no con el fenómeno de la concentración metaconstitucional de poder en el presidente cuando era jefe del PRI hegemónico. El presidencialismo priista dejó de existir, salvo como cultura o aspiración parcial. El presidencialismo como la opción de “no parlamentarismo” es lo que estaba antes del régimen del PRI, lo que estaba y está en la Constitución y, por tanto, es lo que sigue existiendo.

En México, y no solo ahora, no hay parlamentarismo ni semipresidencialismo, tampoco un presidencialismo informal/metaconstitucional como el del llamado priato. Lo realmente nuevo, de hoy, por parte de López Obrador, es otro “estilo personal de gobernar” (Daniel Cosío Villegas dixi), un estilo presidencial que es presidencialista. Y es que AMLO encarna un código político-cultural propio del presidencialismo autoritario, de la época del PRI hegemónico en que ocurrió su formación como político. Ese régimen (las instituciones formales e informales fundamentales) murió, pero no la cultura que formó y protegió. López Obrador es un ejemplo.

2. Sigamos: ¿es Morena un partido hegemónico? ¿Ha cambiado el sistema de partidos? No y sí: ha cambiado porque no es más el sistema de tres partidos o “de dos partidos y medio” que existió por muchos años, pero no cambió a sistema de partido hegemónico. Como este punto lo he demostrado aquí mismo, paso a otra cuestión: ¿es partido de Estado? Si lo fuera, no existiría otro partido legal, o ningún otro partido sería relevante en ningún sector relevante. Sin embargo, Morena “ni siquiera” tiene la “aplanadora” legislativa que algunos ven. Sí tiene, precisamente, una “aplanadora” para reformas legales, pero no para reformas constitucionales, ya que carece de la mayoría calificada o el 66% de los asientos congresionales. Es un dato de la mayor importancia que no debe ser relegado.

Hay que insistir en lo que debería ser obvio: un partido de Estado controla al Estado. A todo o casi todo el Estado. Puede ser, circularmente, que quien controla el aparato estatal controla al partido estatal que exista. López Obrador tiene el control de Morena, pero ni el uno ni la otra tienen el control de todo el Estado. Morena no es el partido del Estado mexicano, es el partido del gobierno federal actual. El partido de López Obrador no es ni hegemónico ni estatal, porque, entre otras razones, depende de otras fuerzas para reformar o sustituir la Constitución. Y también se trata de fuerzas ajenas a la coalición del binomio AMLO-Morena. Ningún partido de Estado, así como tampoco uno hegemónico, sufriría tal dependencia sobre la decisión constitucional.

Si alguien “leyó” que Morena no es mucho más fuerte que otros partidos mexicanos de este siglo y que “todo está bien” con su poder, no se dijo eso. Morena sí tiene más poder que esos partidos; y su poder, si bien no hegemónico, significa riesgos y reales posibilidades de instaurar alguna versión de autoritarismo electoral. Es decir, no democracia, pero sí elecciones; elecciones sin la democracia como medio y fin (si hay democracia, hay elecciones, pero no porque haya elecciones, siempre hay democracia). Un régimen autoritario electoral es un régimen político con sistema electoral no democrático por no libre ni competitivo. ¿Regresaremos a algo similar? Es la gran pregunta, ya que no se ha dado ese regreso; depende de varios factores, como los resultados de la elección intermedia de 2021.

El sistema de partidos mexicano está pasando por un estado líquido: no ha transcurrido tiempo suficiente y, por tanto, tampoco experiencia para que el partido obradorista ocupe una posición más o menos definitiva o estable y sepamos cuál es o va a ser. La materia Morena (que no es la materia Oscura ni Lumínica de las creencias extremistas) no tiene aún estado sólido. Y podría pasar del líquido al gaseoso: Morena tiene un agudo problema de institucionalización, una fuerte dependencia de AMLO como figura personal, y el presidente no es un hombre joven… Ni su popularidad será eterna. López Obrador es Aquiles con un partido-movimiento, y por eso él es para su organización-masa tanto la fuerza como la debilidad. A mediano plazo, “el talón” de López Obrador es Morena por culpa del mismo AMLO. 

3. Por último, ¿hemos cambiado de sistema electoral? No, incluyendo la mezcla “mecanísmica” de mayoría relativa y representación proporcional, aunque pareciera que al obradorismo le gustaría transformarlo. Hay intenciones y propuestas muy cuestionables para ello. Pero, hasta el momento, las elecciones no solo siguen, sino que también siguen siendo razonablemente democráticas, federalmente hablando (tal como lo eran antes de que ganara la presidencia López Obrador). Si el presidente y su partido buscan un cambio morenista de régimen político, esto es, no solo un cambio de régimen, sino un cambio pro-Morena, pondrán el acento en el espacio electoral; así: lanzar propuestas de reforma, avanzar en su mediatización, competir en medio del sistema electoral de este momento en las elecciones que correspondan, aumentar su poder electoral, y una vez que se haya conseguido el poder suficiente (relativo a la transformación de la Constitución), cambiar de sistema electoral. Está por verse si lo logran.

Resumiendo, ha cambiado el sistema de partidos, pero no hay un cambio ni transicionalmente suficiente ni políticamente definitivo; no han cambiado en esencia (tampoco en su forma legal definitoria ni en el fondo último) los sistemas de gobierno y electoral. Puesto de otro modo, si hubo cambio de sistema de partidos, pero no cambio de sistema electoral ni cambio de sistema de gobierno, tenemos uno de tres o dos cambios necesarios para el cambio de régimen. Tampoco ha cambiado la forma del Estado: no ha pasado de federal a central o unitario, aunque el federalismo sí está bajo ataque… Entonces, no ha cambiado el régimen: este año no hemos visto ni estamos viendo otra transición. O no aún.

Hay cuatro grandes falsedades políticas sobre el siglo XXI mexicano al día de hoy: falso que antes de AMLO había democracia, pero ahora no; falso que antes de AMLO no había democracia y ahora sí; falso que los mexicanos estemos viviendo bajo un nuevo régimen autoritario y falso que lo hagamos bajo uno nuevo y democrático. Esa moneda, con sus dos caras “transicionales”, sigue en el aire.

¡Que renuncien los candidatos marginales en Bolivia!

Hace algunos días, el expresidente de Bolivia y ahora exaspirante a la Presidencia, Jaime Paz Zamora, renunció a su candidatura, esbozando, una vez más, una de sus frases que casi siempre se graban en la memoria colectiva de los bolivianos: “Me encontré con un muro de hielo y con una visión de la política del siglo pasado”. Esto pasó al querer conformar su lista para candidatos para el Congreso boliviano.

El exmandatario adujo que deseaba liderar un proceso de renovación de la política. Por tanto, propuso que en las listas para diputados y senadores existiera la mayor cantidad posible de jóvenes y de gente “nueva”.

Lamentablemente, el estatuto del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo invitó para que fuera candidato, no permitía “semejante transgresión”. Por eso, lo tradicional se impuso a los deseos del exjefe del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Tras dicha renuncia, las repercusiones no se hicieron esperar. Por una parte, algunos voceros del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno, minimizaron, de manera algo prepotente, el hecho, y dijeron que Paz era un candidato marginal en la carrera electoral y que el hecho no había merecido ni siquiera un análisis y, menos aún, una evaluación política por parte del partido de gobierno.

Si Ortiz otorgara tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso en primera vuelta»

En la oposición, la situación fue diferente. Los candidatos que todavía tienen resultados por debajo del 5% en las encuestas (MNR, Tercer Sistema, UCS, PAN Bol) quedaron en una situación incómoda, ya que fueron sujetos de la controversia. En las redes sociales y en diferentes espacios, los analistas y la opinión pública, en general, recomendaron que los marginales deberían seguir el ejemplo de Paz, es decir, renunciar a sus candidaturas y apoyar al candidato que tiene las mejores opciones de ganarle a Evo Morales.

Sin embargo, hubo incluso posiciones un poco más radicales que pedían encarecidamente al candidato Oscar Ortiz de la “alianza” Bolivia Dice No, tercero en las encuestas con un 8%, que desista de su candidatura y que apoye al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. El argumento era aún más contundente. Si Ortiz otorgaba tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso, en primera vuelta, y obtener, así, un requisito indispensable para gobernar con tranquilidad que tiene que ver con los dos tercios en el Congreso.

Al parecer, estos dos argumentos de la oposición traducirían una verdadera señal de unidad para recuperar la democracia y luchar contra la impunidad existente en delitos de corrupción, contrabando, violencia, inseguridad y narcotráfico. Pero siendo realistas, pensar que el tercero decline con respecto a su candidatura es casi imposible, ya que ha quedado claro que, si bien Ortiz sabe que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones nacionales, desea asegurar espacios de poder en el Parlamento para pavimentar el camino hacia una nueva candidatura en las elecciones del 2025.

No obstante, sin perder la esperanza de que Ortiz recapacite y renuncie a su candidatura, existe una alternativa adicional para negociar alguna posibilidad de alianza viable que permita conseguir una figura diferente de alternancia en el poder y que los bolivianos puedan retornar a la posibilidad de respetar el Estado de derecho y de recuperar la democracia. Las organizaciones políticas opositoras podrían realizar pactos y, de esta manera, priorizar la elección de asambleístas uninominales, por circunscripción en todo el país, teniendo en cuenta que dichas diputaciones también son elegidas por voto popular.

En efecto, cada organización política opositora, según su nivel de representatividad y legitimidad, podría proponer candidatos uninominales en circunscripciones estratégicas en donde garanticen su victoria. Así, se podría asegurar una bancada opositora fuerte y responsable que lleve a desarrollar un buen trabajo legislativo, pero que, además, sea representativa de todo el país y de todas las corrientes políticas opositoras. En definitiva, se lograría un nivel de fiscalización coherente y consistente con lo que necesita Bolivia actualmente: cero tolerancia a la impunidad de algunos poderosos y, sobre todo, recuperar la moribunda democracia.       

Lava Jato y Arroz Verde: corrupción sistémica en A. L.

Dos situaciones han reabierto el tema de la corrupción en América Latina, el caso Lula, en Brasil, y el caso Arroz Verde, en el Ecuador; ambos develan la existencia de fuertes vínculos de corrupción entre operadores políticos, Gobiernos y empresas, hasta el punto de definir una verdadera estructura sistémica de corrupción regional. 

El caso Lula reaparece en la escena político-mediática a partir de las denuncias que involucran al actual ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, el juez que develó la más grande trama de corrupción de los últimos años que comprendía a la empresa Odebrecht y a las más altas figuras de la política brasileña. El exjuez habría usado su cargo para ejercer influencia sobre los fiscales que seguían el caso Lula, dirigiendo, a su vez, sus intervenciones hasta que se imputara y condenara a ocho años y diez meses de prisión al expresidente.

La acusación a Moro impugna el proceso que condenó al expresidente, mas no desmonta las evidencias sobre la existencia de la megatrama de corrupción develada por el caso Lava Jato.

El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato»

Lava Jato evidenció la base institucional de la trama de corrupción, en la que las campañas políticas del partido de gobierno eran financiadas por empresas contratistas del Estado, que luego eran favorecidas con contratos amañados. El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato: aceitar campañas políticas para luego cobrar favores mediante la contratación pública.

Sin embargo, añade otros elementos que la vuelven aún más grave: la utilización de recursos públicos, esto es, del mismo Estado, para financiar las campañas de los operadores políticos que se encuentran en las esferas del Gobierno. Así, la corrupción apuntaba a consolidar la reproducción de verdaderas castas en el poder e impedir la alternancia democrática.

Pero ¿qué se hizo y qué se dejó de hacer bajo el amparo de esta lógica sistémica de corrupción? ¿Cuál ha sido el costo para América Latina, más allá de las colosales cifras que fueron a parar a los bolsillos de los operadores políticos o a las campañas electorales de sus partidos?

Seguramente América Latina perdió toda una década en la que sus finanzas estaban alimentadas por el elevado precio de las materias primas en un proceso de intensificación y aceleración de la economía global. Si se observa con una relativa distancia, América latina estaba ingresando en una especie de segunda acumulación originaria de capital en algunos casos y en su segunda industrialización en el caso del Brasil. Lula no solamente lideraba un programa exitoso de redistribución mediante la dinamización del gasto interno, sino que también se fortalecía como líder regional de un programa de inversiones masivas que, bien dirigidas, hubieran podido transformar la infraestructura del subcontinente.

Pero las intenciones se quedaron en eso. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) no supieron aprovechar la coyuntura internacional para transformar efectivamente las relaciones de poder en el Brasil y en el resto de América Latina; el pragmatismo lulista le impidió emprender en una verdadera tarea de transformación e innovación tecnológica y productiva; prefirió no afectar las correlaciones de poder y del manejo de la economía; se convirtió en intermediario de colosales procesos de transferencia de rentas.

En esa línea se entiende la configuración de un verdadero modelo sistémico de corrupción, del cual Lula terminaría siendo su principal operador. Se produjo para ello una sofisticada arquitectura político-financiera, una articulación estrecha entre el Estado brasileño como gran negociador con sus pares, los otros Estados latinoamericanos, para lo cual se predispuso toda su diplomacia con Lula a la cabeza, quien fungía como el gran lobista.

Se conformó, así, una estructura de acuerdos políticos entre Estados, que se apoyaba en operaciones de compra de voluntades a actores en funciones de gobierno, para lo que se interpuso la llamada oficina de estructuración de Odebrecht que gestionaba este tipo de operaciones.  

El más grave daño irrogado por la trama de corrupción liderada por Lula en el caso Lava Jato y por Correa en el caso Arroz Verde, respectivamente, además del despilfarro de los recursos públicos, es el debilitamiento de la capacidad de control sobre la gestión pública y la configuración de instituciones dóciles frente al poder arbitrario y discrecional de líderes neopopulistas. En el caso de Ecuador, esto se volvió patente en la conformación del quinto poder, instancia dirigida a canalizar la participación ciudadana en el control del poder político, pero que se convirtió en instrumento privilegiado del poder presidencial, pues este podía controlar a quienes debían controlarlo.


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¿Cuándo una sentencia judicial es “buena”?

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Una de las preocupaciones básicas de quienes estudian el régimen democrático y sus rendimientos es la evaluación de los actores e instituciones que son parte del juego político. De ahí que exista mucha investigación que esté relacionada con el funcionamiento de las legislaturas, la casa presidencial o las capacidades y destrezas de quienes elaboran las políticas públicas. En ese ámbito, sin embargo, un espacio menos estudiado es el de los jueces y su principal “producto”: las sentencias judiciales.

Resulta llamativo, por tanto, conocer en qué medida las decisiones de estos actores, cada vez más poderosos en la vida política de los países, pueden ser valoradas. A propósito de este tema, recientemente la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) organizó un evento en el que académicos, expertos, jueces y periodistas se reunieron para discutir acerca de los jueces, su papel en un Estado democrático y los mecanismos de evaluación de su desempeño. Algunas luces resultaron de dicho encuentro.

Aunque las mediciones o rankings generan siempre posiciones encontradas y debates sobre las variables que se deben —o no— tener en cuenta para la valoración, existen algunos puntos de acuerdo. En primer lugar, la sentencia debe ser escrita de forma clara, concisa y con un lenguaje amigable al común de los ciudadanos. Segundo, la decisión debe resumir las disposiciones legales aplicables al caso y la valoración del juez al respecto. Tercero, el fallo debe estar apoyado (sobre todo cuando se trata de opiniones de jueces supremos o constitucionales) en la doctrina y en el criterio de las cortes internacionales; en el caso de la región, esencialmente los fallos y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Unos y otros ingredientes, por tanto, darían cuenta de una decisión judicial a la que se puede calificar de “buena”.

Aún nos queda mucho por conocer acerca del complejo entramado que rodea a los Poderes Judiciales de América Latina»

La tabla que se expone a continuación da cuenta de una medición realizada en once cortes supremas de América Latina, pero partiendo de los parámetros antes mencionados. Tal como se observa, Costa Rica y Colombia tienen los tribunales con mejores puntuaciones, mientras que Ecuador y Bolivia están entre los peor evaluados. Nada de lo dicho es llamativo para los expertos en la materia, pues los Poderes Judiciales de estos países suelen tener valoraciones similares en otras dimensiones de la vida de las cortes de justicia.

No obstante, la deficiente posición de la Suprema Corte de Uruguay sí es digna de resaltar, pues dicho tribunal está considerado como uno de los más independientes y transparentes de la región. Una conclusión a priori, que se desprende de esta aparente contradicción, es que aún nos queda mucho por conocer acerca del complejo entramado que rodea a los Poderes Judiciales de América Latina.

Fuente: Basabe-Serrano, 2019

Más interesante aún es dilucidar cuáles son los factores que inciden para que unos jueces dicten mejores sentencias que otros. Una respuesta inicial, absolutamente intuitiva pero no por ello menos interesante, es que la formación académica de los jueces es uno de los detonantes de la calidad de sus fallos. En resumen, a mayores destrezas profesionales, mejores decisiones judiciales. Tan simple como eso. Tan simple, pero, a la vez, tan profundo, puesto que indica que, cuando un tribunal es mal evaluado, en realidad, a quien se califica negativamente, es a la formación que otorgan las Facultades de Derecho.

En otras palabras, la calidad de los jueces, reflejada en sus decisiones, no hace sino evidenciar el estado en el que se encuentra la educación universitaria de nuestros países. Por tanto, en materia de formación jurídica hay un déficit importante en América Latina.

Como se mencionó al principio, si bien es necesario someter a escrutinio público el desempeño de legisladores y presidentes, una prueba similar debe darse respecto a quienes administran justicia. Al final, es en manos de los jueces donde la ciudadanía pone la resolución de sus asuntos más cotidianos e importantes, aquellos que, en buena medida, marcan el futuro inmediato de sus vidas y la de sus familias.

En ese sentido, la observación permanente al desempeño judicial, que, en buena medida, debe provenir de las asociaciones civiles especializadas, es el mejor mecanismo de control no solo de la responsabilidad con la que se administra el servicio judicial, sino también de otro tipo de aspectos relativos a la vida de los tribunales: corrupción, independencia respecto al poder político o eficacia de la intervención en temas trascendentales, como la persecución a los delitos de violencia familiar y de género.

Si para algunos politólogos y juristas las amplias competencias otorgadas en las últimas décadas a cortes supremas y, especialmente constitucionales, les lleva a pensar que vivimos en democracias de jueces, para la ciudadanía esta mutación debe situarnos en la necesidad de afinar los mecanismos de control sobre las actuaciones de estos actores. Dura tarea, pero, a la vez, interesante y novedosa. Más ardua es la labor, si se considera que son precisamente los jueces quienes suelen ser los que más rehúyen al examen de sus actuaciones. Pues bien, si tienen mayores atribuciones y poderes, también deben recibir un mayor escrutinio de parte de la sociedad. Ese es el juego de la democracia.

Discutir el impuesto a la herencia

Durante nuestros ochenta ya estaba muy clara la desarticulación del pacto fiscal argentino. En un libro clásico, Ricardo Carciofi mostraba descarnadamente los profundos disensos sociales, políticos e institucionales sobre la estructura de ingresos y gastos públicos, y hacía que se ubicara la desarticulación no en cuestiones técnicas o de administración ni burocracia, sino precisamente en estos disensos profundos.

A la sazón, la locomotora de la desigualdad había comenzado a tomar velocidad, cargando carbón en sus diferentes escalas, desde el Rodrigazo (1975), la tablita de la dictadura, la hiperinflación, etc. Aunque, al día de hoy, quizás la locomotora avance algo menos rauda, estamos en un lío: la desigualdad sigue siendo una pesadilla, sufrimos un déficit fiscal descomunal y una presión tributaria récord. Bonita combinación.

El problema es complejísimo, y la solución, difícil, pero vendrá de a poco. Aquí solo me gustaría debatir sobre la pertinencia de reinstituir el impuesto a la herencia, que José Alfredo Martínez de Hoz suprimió (cosa nada sorprendente) hace tres décadas. Nobleza obliga, me he asesorado con un par de especialistas muy confiables para mí. Y en la lectura de Thomas Piketty, que ha estudiado la desigualdad de mucho tiempo en las economías occidentales. El tema es importante en sí mismo y también porque nuestro actual gobierno no lo tiene en su agenda (así lo ha manifestado Nicolás Dujovne). Como con todo impuesto, hay que atender tres dimensiones: equidad, eficiencia, y administración tributaria. De esta triple atención, no se puede zafar.

En lo que atañe a la equidad, hay cierto consenso claro: el impuesto a la herencia es de los más progresivos concebibles. Compensa marginalmente la reproducción intergeneracional de la inequidad; está dirigido a mejorar la igualdad de oportunidades entre un chico que está naciendo hoy en el Elefante Blanco y otro que nace en Puerto Madero. Sin incurrir en el cinismo, diría que se trata de liberalismo sano: ayuda a que las diferencias de sus futuras trayectorias de vida no dependan tanto de la cuna, o de la suerte, sino del mérito. La desigualdad está a la orden del día y proyecta su sombra sobre lo mucho que falta del siglo XXI, y las buenas políticas impositivas son una de las mejores herramientas para combatirla.

Sus detractores señalan que este impuesto desincentiva la oferta de trabajo, el ahorro y la acumulación de capital, y que da lugar a la elusión. Pero la evidencia empírica está lejos de ser contundente»

Sobre la eficiencia, hay más discusión. Sus detractores señalan que este impuesto desincentiva la oferta de trabajo, el ahorro y la acumulación de capital, y que da lugar a la elusión (v. g. herencias anticipadas). Pero la evidencia empírica está lejos de ser contundente. El efecto incentivos es relevante, pero la literatura favorable observa, por ejemplo, que cuanto más alta es la tasa del impuesto, mayores tienden a ser las donaciones a entidades de bien público. Nada mal. Se trataría, en suma, de un impuesto relativamente menor en lo cuantitativo, que puede —según sus defensores— complementar significativamente a otras herramientas de tributación progresiva (en particular, porque puede gravar ganancias de capital no realizadas que suelen no atañer al impuesto a los ingresos). Sin embargo, para otros autores, como Piketty, que discuten el papel del mérito y la herencia a largo plazo, su relevancia histórica ha sido mucho mayor. De acuerdo con él, la participación de las fortunas heredadas alcanza en Estados Unidos nada menos que entre el 70% y el 80% de la riqueza total. Parece haber un margen de acción.

Por fin, hay problemas de administración tributaria y de competencia entre jurisdicciones. Sin embargo, no hay impuesto que no presente problemas de administración, y la eficiencia administrativa es sistémica: los problemas de administración de cada impuesto disminuyen si mejora la administración de los otros y la institucional global. La cuestión de las jurisdicciones nos lleva a la economía política de un hipotético impuesto a la herencia.

Para empezar, es fácil entender que se trataría de una propuesta con popularidad sin tener por qué ser populista. Para nuestros políticos, que viven bajo el tejado de vidrio de la imputación de gobernar para los ricos o no ser más que bandas predatorias, la institución de un impuesto a la herencia sería una fuente de legitimidad. Cosas veredes, Sancho. De hecho, está vigente en la provincia de Buenos Aires desde hace más de una década y en Entre Ríos, aunque recauda poco. Bien ideado y ecualizada la difícil cuestión jurisdiccional, y atendiendo un latente trade-off entre equidad y eficiencia, debería esperarse mucho más a escala nacional. Para Jorge Gaggero, este impuesto es viable solo sobre la base de un acuerdo interprovincial completo. Habría en juego medio punto del PBI.

La orientación tributaria a futuro de la Argentina debería apuntar netamente a establecer una estructura más progresista, que se base en los patrimonios y en los ingresos. Hay que dar por descontadas las reacciones negativas de todo origen (valores, ideología, bolsillo y, por qué no, buenas razones), pero para eso están el debate, la deliberación y la decisión democrática.

Colombia, la paz que todavía no llega

Parecía un sueño hecho realidad. El acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) intentaba poner fin a un conflicto de seis décadas y daba pie a una nueva era, no solo para el país, sino también para toda la región. Sin embargo, a tres años del acuerdo, la violencia y los asesinatos de líderes sociales continúan, siguen diferentes problemas de implementación, y no son pocas las voces que cuestionan su vigencia.

Tras la firma del acuerdo de La Habana, 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, más de 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares, hay 129 excombatientes asesinados y se estima que un 40% de los que decidieron abandonar las armas las han retomado. Según datos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), solo en Ecuador, más de 400 colombianos que huyen del conflicto y la persecución solicitan refugio cada mes, pero esta cifra está aumentando como resultado de los nuevos enfrentamientos de disidentes de las FARC y otros grupos armados.

La paz está en crisis por varias razones. De acuerdo con un reciente informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de la Universidad de Notre Dame, solo el 23% de los 578 compromisos adquiridos se han implementado en su totalidad y 46% están en proceso de implementación, mientras que un 31% aún debe llevarse a la práctica.

Hoy subsisten diferentes problemas al garantizar la estabilidad del proceso de paz a largo plazo»

La refrendación del acuerdo del 2016 había inaugurado una era y la construcción de una paz que se auguraba estable y duradera. Siguiendo el ciclo virtuoso del acuerdo de La Habana, el 8 de febrero de 2017 también comenzaban en Ecuador las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país. Con todo, aunque el entonces presidente Juan Manuel Santos subrayó que el fin de la guerra era “irreversible”, hoy subsisten diferentes problemas al garantizar la estabilidad del proceso de paz a largo plazo.

El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia” fue firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016. Tras los fracasos de las experiencias de 1982, 1991 y 1998, existían negociaciones informales desde 2010, pero el acuerdo fue el resultado de la celebración de “diálogos exploratorios” que tuvieron lugar en La Habana desde 2012 y que contaron con la participación de Cuba y Noruega como países garantes, y de Chile y Venezuela como países acompañantes del proceso.

De la inicial exploración sobre la posibilidad de poner fin al conflicto y firmar un acuerdo de paz, las negociaciones dieron como resultado un documento que abordó puntos clave como el abandono de las armas, la distribución de tierras, la reparación y el reconocimiento de las víctimas, la reintegración de los exguerrilleros a la vida civil, un sistema de justicia transicional y la representación política de las FARC-EP en el Congreso de la república.  

La memoria histórica de este proceso está reunida en una colección de once tomos, actualmente conservada por la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional.

El acuerdo de 2016 fue sometido a un plebiscito que hizo patente la gran polarización política y social del país. En efecto, el «no» se impuso con el 50,21%, mientras que el «sí» obtuvo el 49,79%, y el abstencionismo alcanzó el 63%. El resultado obligó al gobierno de Santos y a la cúpula de las FARC-EP a modificar diferentes puntos del acuerdo.

Mediante mandato constitucional, el 24 de noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo de paz, aprobado por unanimidad en el Senado y por mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, pero no sin protestas de los grupos contrarios, que estaban encabezados por el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe. 

De esta manera, Colombia, el país con el mayor número de desplazados internos a escala mundial (7,7 millones) y aproximadamente 400.000 refugiados, de acuerdo con la Acnur, sellaba el acuerdo que ponía fin a seis décadas de conflicto armado que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, causó más de 260.000 muertes, 80.514 desaparecidos, la devastación de zonas rurales, innumerables abusos y violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, aunque el acuerdo ha traído avances en varios ámbitos, como en el caso de la reducción de las tasas de muertes por hechos violentos o en cuanto a la integración social y política de algunos excombatientes, el Estado no ha cumplido todas las promesas. El Gobierno nacional, hoy presidido por Iván Duque, del Partido de derecha Centro Democrático, ha propuesto reformas sustanciales a la Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP) y ha cuestionado seriamente los acuerdos firmados por el gobierno anterior.

Además, el desarrollo rural y la ejecución de infraestructura y servicios básicos para las poblaciones campesinas aún siguen siendo una promesa, a la vez que el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito enfrenta serios problemas, tal como lo demuestra la producción récord de coca por parte del país en 2017. Por si fuera poco, el fin de los diálogos con el ELN y el atentado a la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019, que este grupo reconoció, dejaron claro que el proceso de posconflicto todavía tiene carácter parcial.

En definitiva, para lograr una paz estable y duradera se necesita más que un acuerdo y buenas intenciones. El Gobierno colombiano, además de respetar lo pactado en La Habana, debe impulsar reformas estructurales de tipo económico, político y social a mediano y largo plazo, al tiempo que la sociedad tiene que comprometerse con la opción de conservar y consolidar la paz. A pesar de las dificultades y de las profundas divisiones de la sociedad colombiana, la paz es la condición sine qua non para crear un país más justo, democrático y equitativo. Para garantizar la implementación de lo pactado, Colombia también puede extraer valiosas lecciones de experiencias como los procesos de paz de El Salvador y Guatemala.

El presidente López Obrador: una primera evaluación

Andrés Manuel López Obrador está por cumplir medio año en la Presidencia de México. Su figura sigue convocando a los exagerados por vocación y alimentando el fanatismo político a favor y en contra. Con el refuerzo amplificador de las “redes sociales”, la discusión sobre su gobierno está entrampada, estancada, envenenándose: ha sido capturada por el extremismo, sin importar hechos ni razones, y grandes números sociales se forman ciento por ciento con el presidente o ciento por ciento en su contra.

Los absolutamente “anti” no están pensando los problemas y sus hechos, y criticando en consecuencia, aunque eso que no hacen es lo que dicen hacer; critican todo lo que venga de López Obrador, por sistema, por lo que a veces (no siempre) exageran a satisfacción de ese impulso. En el otro extremo se da prácticamente lo mismo: los totalmente “pro” no están defendiendo lo racional y éticamente defendible del nuevo gobierno: están defendiendo, “a capa y espada”, a su ídolo y líder, haga lo que haga (sea lo que sea).

Así, no sorprende que entre el primer grupo haya quienes ridículamente se vean a sí mismos como “la resistencia” (como si el Gobierno obradorista fuera un enemigo del nivel antidemocrático de los verdaderos fascistas o al menos de Donald Trump); tampoco es de extrañar que en el segundo grupo se comporten como miembros de una religión, y de “la verdadera”, ya sea en el papel de simples pero aguerridos feligreses o de teólogos y sacerdotes (correlativamente, el propagandista John Ackerman escribió en algún mal libro de 2015 que México, sin AMLO en el poder, estaba como España en la Guerra Civil, sugiriendo, con esto, no una gran división entre los mexicanos, sino que los poderosos del momento eran equivalentes a los fascistas franquistas…).

Años de polarización desquiciante y desquiciada, eso es lo que ha vivido México. Años que han desembocado en la maximización de la tontería en dos direcciones: los fanáticos anti-AMLO, por y para criticar como lo critican, terminan por pintar la caricatura de un país casi paradisiaco que López Obrador destruye sin piedad, mientras que los fanáticos pro-AMLO, por y para protegerlo como lo protegen, regalan la postal de un infierno Total que su jefe apaga y clausura. La locura. Y yo no exagero: véase lo que pasa a diario en Twitter.

El México del siglo XXI era y sigue siendo una democracia pero no consolidada y de baja calidad»

La verdad es que ningún extremo tiene razón, así como tampoco la tienen sus grados más próximos: el México del siglo XXI era y sigue siendo una democracia pero no consolidada y de baja calidad, llevaba mucho tiempo deteriorándose y hoy sigue sufriendo deterioro.

Aquí no haremos malabarismos para tratar de desprestigiar o ensalzar a López Obrador. Aquí se reflejará un equilibrio por análisis. Ni neutralidad ni partidismo. Esta evaluación representa una crítica analítica, ética e independiente. Muy pocos están siguiendo una línea similar; tan pocos, que podemos contarnos con las manos, entre ellos, Jesús Silva-Herzog Márquez, en periódicos, y Javier Tello, en televisión.

Un primer y pequeño paso es reconocer que ningún gobierno puede ser perfecto. El segundo paso es mayor: el de asumir que una tendencia gubernamental en democracia es el claroscuro. O lo agridulce. Pero en algunos casos hay más luz que oscuridad (que la hay) y, en otros, al revés (en todo esto también hay grados y extremos). Lo agridulce no es necesariamente mitad agrio y mitad dulce, no siempre o casi nunca es 50 y 50 de cada cual. De ahí debe darse un tercer paso particular, el más fértil y relevante: recibiendo los hechos con la cabeza, podemos decir más sobre la presidencia de López Obrador, y ser más precisos y honestos: hasta el momento, es una experiencia más agria que dulce. No un Gobierno Agrio, no un Gobierno Dulce, no solo agridulce, más agrio que dulce.

Lo dulce: la nueva política de salario mínimo, la reducción de sueldos de la alta burocracia, la intención de combate eficaz al huachicol (robo y venta ilegal del combustible), una reforma laboral que puede democratizar la vida sindical, algunos proyectos o intenciones de redistribución económica, y pocas cosas más. No se necesita ser de izquierda para aceptar hechos en este sentido; basta ser decente y sensato sobre la evidencia de problemas históricos.

Lo agrio: el ataque a programas públicos razonablemente exitosos como el de estancias infantiles, el freno definitivo e innecesario a la construcción del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o “consultas populares” que son una farsa, la propensión a un discurso de moralismo superficial y hasta bobo, decisiones de austeridad confundida y salvaje en materia de atención a la salud, el amiguismo en múltiples contrataciones gubernamentales, la presencia de políticos autoritarios (en el Gobierno) tan cuestionables como Manuel Bartlett, impericias en el combate contra el huachicol, la falta de aprendizaje personal sobre la libertad de expresión, el conservadurismo social de siempre (López Obrador, “el liberal y progresista”, no apoya el aborto, el matrimonio civil de personas homosexuales ni la regulación legal de las drogas), la continuación en esencia de la “guerra” contra las drogas y el narco que hicieron los presidentes anteriores, así como el desprecio tanto a la ciencia como al cuidado del medio ambiente, un desprecio tan real que se expresa en grandes reducciones presupuestarias y vacíos de políticas públicas.

Y eso no es todo. Concentrémonos en otros cuatro elementos agrios:

1. El casi nulo avance contra la corrupción. Siempre fue y siempre será una ilusión el que AMLO erradicará la política corrupta. Sin embargo, el presidente está haciendo menos de lo que debe y puede hacer. Hoy no solo hay políticos corruptos en su coalición y se desdeña el completamiento y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también empiezan a aparecer casos de planes y casos de corrupción dentro de su gobierno. Según la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en los primeros meses de esta administración, cerca del 80% de los contratos para compras y obras se entregaron por “adjudicación directa”, es decir, sin competencia ni valoración de opciones abiertas. Un mecanismo propicio para la corrupción. Una continuidad respecto a los dos presidentes anteriores. Otra continuidad es la de tener colaboradores manchados: el delegado del gobierno federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, está cubierto por la sombra de la corrupción.

2. Una política exterior tímida y una cobardía contradictoria frente a Venezuela. López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard insisten en que su posición es la “neutralidad” por adhesión a la “tradición diplomática mexicana” y respeto a la “autodeterminación de los pueblos”. Terrible error con eufemismos. Al punto: si hay dictadura, no puede haber “autodeterminación del pueblo”. Es imposible, porque es dictadura. En esta, al “pueblo” le dictan, no se autodetermina. Si estás con la autodeterminación, estás contra la dictadura. Nicolás Maduro es un dictador en crisis. No rechazarlo hablando de “autodeterminación del pueblo venezolano” es una contradicción monumental. 

Debo repetir: una dictadura es, por definición, la no autodeterminación del pueblo (se entienda lo que se entienda por “pueblo”, sea sociedad, ciudadanía o los pobres). No rechazar a Maduro aludiendo a una falsa neutralidad es, por tanto, rechazar la autodeterminación de las venezolanas y los venezolanos.

3. Ir en contra de la división de poderes. Muy pronto le tocó a este presidente hacer nominaciones a la Suprema Corte de Justicia. Y las dos ternas que propuso a su propia mayoría legislativa quedaron en deuda con la democracia y el liberalismo que AMLO dice abanderar. Propuso a militantes de su partido Morena y a simpatizantes comprometidos de una forma u otra con el presidente. El segundo caso es aberrante: se confirmó a Yasmín Esquivel sin el perfil deseable y ella es la esposa de un empresario amigo y colaborador de López Obrador. ¿El pretexto del presidente que no se cansa de hablar de justicia y legitimidad? Son nominaciones dentro de la ley. Y sí, pero también dentro de una teoría y práctica de la indivisión de poderes… AMLO no quiso sino hacer lo que a él le convenía y aprovechó “la ley”, no actuó como un estadista demoliberal, sino como un político cualquiera al amparo formalista del pésimo artículo 95 de la Constitución mexicana, que establece los requisitos para ser ministro de la Corte. Pero si falló el presidente, digamos que también fallaron los medios y comentócratas de México: nadie (literalmente, ni uno solo de ellos) señaló el desfasado artículo 95 como factor de la decisión presidencial. Como ahí estuvo una condición de posibilidad, ahí está otra reforma pendiente.

4. La amplitud cínica de la coalición. El presidente está alentando o tolerando la llegada a Morena y sus gobiernos de actores desprestigiados y antidemocráticos. No me opongo a cualquier alianza ni a la inclusión política; me opongo a los excesos cínicos. Ejemplo paradigmático es la situación en el estado de Puebla, donde los hechos recientes contradicen por completo el discurso de AMLO. El 24 de diciembre pasado murió la gobernadora; hubo que nombrar a un interino y convocar a elecciones extraordinarias. El problema no es otro sino este: la nueva mayoría obradorista en el Congreso local llevó al interinato a Guillermo Pacheco Pulido, político autoritario, acusado de narcotráfico no por mí, sino por el célebre semanario Proceso, uno de los soportes históricos de la indivisión de poderes que ha definido por décadas la política local, y como presidente del Tribunal Superior de Justicia, cómplice del exgobernador Mario Marín en la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. ¿Qué hace peor al problema? Marín ya ha sido condenado como violador de derechos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, existe una orden de México de aprehensión en su contra y actualmente es buscado por Interpol. Y aun así, más de cinco amigos y colaboradores del corrupto y autoritario prófugo de la justicia habitan alturas del gobierno interino pro-Morena o en la campaña de su candidato a gobernador (uno más, Alejandro Armenta, es senador morenista). ¿Por qué tolera esa contradicción el presidente? ¿Por qué y para qué quieren aliarse con parte de lo peor de la historia política poblana? Como si fuera poco, Morena firmó una alianza electoral con el partido “Verde”, célebre en todo México por su amor a la corrupción. Morena puede y debe deshacerse de esos agentes tóxicos, debe separarse de esos políticos en beneficio de la imagen presidencial, de sus futuros gobiernos locales y de la ciudadanía de Puebla. 

¿Es muy pronto para evaluar a López Obrador como presidente? No, salvo que la evaluación se pretenda inamovible o final. Mucho antes de los seis meses, AMLO y los obradoristas enjuiciaban sin matices a su antecesor. Lo importante es no dejar de buscar los hechos, no dejar de pensarlos, no dejarse arrebatar por el blanco o el negro partidista. Para hacer mejores juicios públicos sobre asuntos públicos, como dijo Adam Michnik, “el gris es hermoso”. Sin embargo, no es una cuestión de estética mediática: es de ética pública e intelectual.

Herencia y pesimismo

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Pasan los caudillos milagreros, los militares en el poder, las democracias (más o menos apócrifas), las dictaduras modernizadoras, pero el atraso sigue dominando la vida de sociedades que no pueden acortar las distancias (de productividad y bienestar) con los países que comúnmente llamamos “desarrollados”. Hubo algunas excepciones de países atrasados que dieron el salto al desarrollo a fines del 800 (en el norte de Europa y Japón) y a fines del 900 (en el oriente asiático), pero para la mayor parte del mundo el atraso ha seguido siendo una maldición capaz de amargar la existencia de gran parte de la humanidad a pesar del paso del tiempo, de las diferentes políticas económicas, de las buenas intenciones de uno u otro gobernante o de las ocasionales bonanzas de sus materias primas. ¿Esta historia está a punto de concluir? ¿Quién puede decir que este legado antiguo, esta herencia, no se prolongará a lo largo de las próximas generaciones o incluso siglos?   

Suponiendo que exista alguna fuerza histórica destinada a conducir a los países más allá del atraso (una especie de mano invisible global), habrá que reconocer que su despliegue ha sido, cuando menos, aletargado, además de errático, en los últimos siglos. Los estigmas siguen a pesar del tiempo y de los cambios de formas: instituciones de baja calidad, pobreza difundida y fuerte segmentación social, además de retraso técnico y baja competitividad. En las sociedades avanzadas ocurre hoy, más que ayer, que los individuos nacidos en familias pobres tienen grandes probabilidades de seguir siéndolo. Y lo mismo vale para países completos. De ser esto así, los espacios del optimismo proyectado hacia el futuro no son muy amplios que digamos.

Es famoso el aforismo de Antonio Gramsci acerca del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Añadamos que en sus Cuadernos de la cárcel (una obra desordenada, tumultuosa y exuberante de ideas) insistía en la necesidad de guardarse de aquellos que prometen, entre múltiples patrañas, la abundancia a la vuelta de la esquina y soluciones sencillas a todos los problemas habidos y por haber. El optimismo puede ser una forma de autoengaño (un sedante de la razón) tan dañino como el pesimismo disfrazado de paciente sabiduría.     

Se ha explicado el atraso en muchas formas: por la baja productividad, el insuficiente espíritu empresarial, el retardo tecnológico, un vínculo inadecuado con el mercado internacional, el clima y hasta la ubicación geográfica de los países. Y todo esto, ciertamente, tiene algún grado de verdad en mezclas variables dependiendo de momentos y países. Sin embargo, como si el escenario no fuera suficientemente sombrío, existen otras circunstancias que tienden a amarrar a los países “en vías de desarrollo” a un pasado del cual no pueden emanciparse plenamente, incluso cuando aparecen antenas parabólicas en los techos de los tugurios de los barrios marginales o relucientes malls atestados de clases medias sedientas de símbolos de su bienestar. Las vestiduras cambian solo para encubrir organismos sociales deformados.

Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales»

¿Por qué, en medio de un atraso que se metamorfosea a lo largo de las generaciones, sus rasgos primarios siguen inalterados? Registremos una circunstancia que podría ser relevante. Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales. Si esto es cierto, como parece serlo, ¿por qué una larga experiencia colonial trabaría, incluso siglos después de haber sido superada, la emancipación del atraso de países enteros?

Una respuesta podría estar en el surco de desconfianza que la Colonia dejó entre sociedad e instituciones. Ser colonia por un tiempo prolongado implica la conformación de sociedades que no pueden creer en las instituciones que las dominan como si fueran un ente exterior a sí mismas. Instituciones, por consiguiente, que no pueden ser creíbles a los ojos de la sociedad y, sobre todo, de sus sectores más pobres. Instituciones opresivas que reproducen en el tiempo, incluso después de la Colonia, una cultura arraigada de depredación impune hacia los ciudadanos que deberían tutelar. Un componente entrópico instalado en el medio de la sociedad que no solo no favorece, sino que a menudo entorpece la acción colectiva por la ineficacia derivada del escaso control social.       

El surco creado en siglos de Colonia entre sociedad y Estado tiende a conservarse a largo plazo, incluso después de superada la condición colonial. Un surco de mutua desconfianza. Esta lacra de origen constituye una corriente contraria que opera silenciosa y eficazmente a lo largo de los siglos. Y la consecuencia es que una sociedad que, a pesar del descontento y los conflictos no se reconoce en sus instituciones, no solamente no confía en sí misma, sino que tiende a creer que el camino a la prosperidad supone la apropiación institucional ilícita de la riqueza socialmente creada. Pueden variar los regímenes y las formas políticas, pero el legado disgregador dejado por un prolongado pasado colonial tiende a conservarse a pesar del cambio en sus formas. Una corriente invisible pero eficaz en restar eficacia en las instituciones como agente de desarrollo y en mantener hacia ellas una desconfianza social persistente. De ser así, ¿cuántas generaciones o siglos serán necesarios para neutralizar esta corriente contraria a todo intento (por bien intencionado o acertado que pueda ser) de emanciparse del atraso? Al final de cuentas, un camino firme al desarrollo requiere una acción conjunta entre sociedad e instituciones; la desconexión supone inconsistencia y fragilidad incorporadas.

Ahora bien, si lo anterior es cierto, también lo es el que cualquier proyecto sólido de dejar atrás un largo pasado de atraso requiere eficacia y credibilidad de las instituciones públicas. Fuera de eso, todo intento resultará, antes o después, en vano.

Pero hay otra corriente contraria de naturaleza secular que viene de la Colonia (e incluso desde antes). Una estudiosa estadounidense se refiere a ella como falta de empatía social entre diferentes estratos de una misma sociedad. Me refiero a Judith Teichman en su Social Forces and StatesPoverty and Distributional Outcomes in South Korea, Chile and Mexico (2012), obra en la que se comparan estos tres países y se llega a la conclusión de que en Chile y en México la fragmentación social que causó la Colonia ha consolidado una falta de empatía entre diferentes grupos sociales, un legado que ha impedido y sigue impidiendo a los sectores sociales más pobres el que puedan hacer valer sus intereses sobre las decisiones de las elites gobernantes. En otros términos, los pobres no reciben el apoyo de las clases medias para hacer avanzar sus demandas.

La antigua distancia entre criollos, mestizos e indígenas ha operado secularmente como un factor de desconexión social y, a final de cuentas, como un obstáculo al establecimiento de mercados nacionales capaces de alimentar una sólida actividad económica a largo plazo. En cambio, en Corea del Sur, donde la condición de Colonia japonesa duró “apenas” medio siglo, se mantuvieron fuertes nexos entre estratos sociales distintos que condujeron, incluso a gobiernos duramente conservadores como el de Park Chung Hee, a tomar decisiones orientadas, por ejemplo, en el terreno agrario, a evitar segmentaciones sociales continuas que pudieran impedir el desarrollo de un mercado nacional integrado y dinámico. No es descabellado decir que, vistas las cosas por sus consecuencias a largo plazo, fueron más progresistas varios Gobiernos conservadores de Asia oriental que muchos Gobiernos “revolucionarios” de América Latina.    

Concluyamos. Si el surco Estado/sociedad es un dato de larga duración para el cual no parece haber remedios de efecto rápido y, si la escasa empatía de las clases medio-altas hacia los pobres rurales o urbanos está destinada a mantenerse como factor que debilita la capacidad social de presión sobre las instituciones y sus políticas, estamos en una situación en la que las políticas económicas, por acertadas que puedan ser, están destinadas a desempeñar un papel menor del que las teorías económicas les asignan. Las sociedades atrasadas con un prolongado pasado colonial heredan factores entrópicos que no impiden el progreso, sino la salida del atraso. Y esto es exactamente lo que dificulta mirar el futuro con el optimismo deseable.   

Venezuela: es el momento de los militares

El pasado 30 de abril, la marcha por la Operación Libertad, encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, tuvo como finalidad alentar a las cúpulas del Ejército a cambiar su lealtad al régimen de Nicolás Maduro por el autoproclamado presidente interino de Venezuela.

Guaidó ya lo había intentado en febrero en Cúcuta, en la frontera con Colombia, donde forzó el ingreso de ayuda humanitaria. Pero en esta ocasión, y de manera más desafiante, se dirigió a la base militar de La Carlota, en el este de Caracas, flanqueado por una docena de militares rebeldes y por el reconocido líder de la oposición y su mentor, Leopoldo López, quien había estado bajo arresto domiciliario.

Un resultado seguro de esta trama ha sido el debilitamiento de ambos protagonistas, Guaidó y Maduro»

El resultado del enfrentamiento fueron cinco personas muertas, múltiples heridos y deserciones de algunos miembros de la Guardia Nacional y, notablemente, del jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Christopher Figuera. Parecía el desenlace de un régimen que se desquebraja lentamente ante los ojos del mundo, pero al final el plan fracasó. La mayoría de los oficiales superiores cerraron filas con Maduro, quien pudo mantener el control. No obstante, un resultado seguro de esta trama ha sido el debilitamiento de ambos protagonistas, Guaidó y Maduro, pero peor aún el de un país que ya se encuentra en una situación muy precaria.

Maduro se ha declarado vencedor en esta batalla, pero estos últimos acontecimientos han expuesto indudablemente su debilidad, puesto que es conocido —aunque no reconocido— que tres figuras principales del régimen (el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el director de contrainteligencia militar, Iván Hernández Dala) se hallan en conversaciones con la oposición, así como también con Washington, para buscar la salida negociada de Maduro. Algunas otras fuentes agregan al ministro del Interior, Néstor Luis Reverol, entre los posibles desertores.

De acuerdo con fuentes de la oposición, el plan era que el Tribunal Supremo de Justicia declarara a la Asamblea Nacional como una institución legítima de poder, a fin de dar al Ejército la justificación legal para que abandonaran totalmente a Maduro. De hecho, un factor esencial sobre la seriedad del plan fue la liberación de López por parte del jefe del Sebin.

¿Y qué fue lo que salió mal? Se especula que las figuras clave del régimen antes mencionadas mantenían contacto con la oposición y estaban de acuerdo con su plan de acción. Sin embargo, también actuaban como informantes para Maduro. Esta es la línea que finalmente están defendiendo los supuestos señalados de ser infiltrados después del fallido levantamiento. En particular, Padrino, quien ha asegurado públicamente que la oposición intentó “comprarlo”. Padrino, Moreno y Hernández Dala han sido señalados por EE. UU. de haber aceptado y participado en el plan, aunque estos lo nieguen rotundamente. También existen registros en Twitter de algunos diplomáticos en Caracas que aseguraban que, de los supuestamente involucrados en la conspiración, Padrino era el agente doble más probable.

A su vez, hay otras teorías, como que la oposición jugó muy mal sus cartas, pues al escuchar rumores de que la trama había sido descubierta, sus líderes se lanzaron a las calles antes de lo planeado, lo que asustó a los conspiradores cercanos al régimen y, por lo tanto, condenó el plan.

Maduro está intentando ahora reforzar el apoyo de entre los militares»

Cualquiera que haya sido la secuencia real de los eventos del 30 abril, Maduro está indudablemente más debilitado. La deserción del jefe del Sebin —de quien se cree que ya abandonó el país— ha sido la más significativa hasta el día de hoy. De ahí que Maduro esté intentando ahora reforzar el apoyo de entre los militares, puesto que sigue la duda sobre la lealtad de algunos hacia él, incluso de parte del mismo ministro de la Defensa. Freddy Bernal, un leal al régimen y quien supervisa la distribución de alimentos del Gobierno, ya advirtió que este primer intento de rebelión ha sido solo un ensayo que podría repetirse en cualquier otro momento.

¿Y ha sido positivo el levantamiento para la oposición? Tampoco. Al haber prometido que el final del régimen de Maduro era inminente, Guaidó ha perdido credibilidad entre miembros de la oposición, en particular, y la población, en general. También hay signos de fatiga y desaliento entre la oposición. Ejemplo de ello fue una protesta el 5 de mayo afuera de las bases militares que atrajo poca asistencia. Las divisiones dentro de la oposición también son evidentes. En un extremo, algunos miembros piden a Guaidó que solicite la asistencia militar de EE. UU., mientras que en el otro extremo presionan para lograr un acuerdo negociado. Las divisiones han aumentado, asimismo, con la decisión del Grupo de Lima de invitar a Cuba para que actúe como intermediario, así como por la liberación de López, quien además de ser una figura carismática y controvertida en la oposición, también tiene enemigos dentro de ella.

Es muy poco probable que veamos a Guaidó encarcelado, a pesar de las constantes amenazas del Gobierno. Quienes son leales al régimen parecen haber llegado a la conclusión de que Guaidó es más inofensivo de lo que aparenta y de que su detención corre el riesgo de crear un “mártir” entre la población y de provocar una reacción en EE. UU.

La situación es muy delicada y la profundización en las grietas dentro del régimen refuerza mi visión de que Maduro abandonará el cargo en la segunda mitad de este año o a comienzos del 2020. A pesar de que existen numerosos riesgos en esta previsión, es importante señalar que históricamente numerosos levantamientos fallidos han antecedido a los exitosos.

Ahora es el momento de los militares para interpretar lo que está sucediendo y lo que están dispuestos a hacer en respuesta. Posiblemente en un futuro no muy lejano veremos a Venezuela avanzando hacia un escenario en el que los militares tomen el control total, sin Maduro, pero no necesariamente en línea con los términos y la agenda de Guaidó para la transición. Lo que se vendrá serán tiempos muy inciertos para una Venezuela ya muy convaleciente.


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