Uruguay

A la asunción de Lula da Silva asistieron presidentes y jefes de Gobierno de todo el mundo. Pero Uruguay estuvo representado por el presidente Luis Lacalle Pou, quien estuvo acompañado por los expresidentes Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica.

El anuncio del presidente uruguayo de que se iniciaría un estudio de factibilidad para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países ha llamado la atención política nacional y regional.

El gobierno, los periodistas y la comunidad científica insisten reiteradamente en pedirle a la gente que tome las máximas precauciones para evitar contagios y que se inscriba para vacunarse. Pero el gobierno no impone restricciones mayores a la movilidad de las personas, sino que apela a la “libertad responsable”.

América es el epicentro mundial de la pandemia. Pero hay una excepción: Uruguay. Sin embargo, los argumentos presentados en la mayoría de medios, así como por el gobierno y la oposición, no explican la realidad del país. Las causas fundamentales del milagro podrían tener poco que ver con el mérito charrúa.

El vicepresidente renunció fundamentalmente porque socialmente ya había sido condenado, al igual que el resto de los directivos, gracias a un mensaje que se repitió a diario y durante años en los medios, haciendo parte, de forma consciente o no, de un proceso de manipulación de la verdad que terminó por reemplazar a la realidad.

Argentina y Uruguay tienen un pasado común y profundos vínculos. Durante los últimos cincuenta años sus procesos han tenido coincidencias visibles: dictaduras, transición a la democracia, giro “neoliberal”, crisis económica profunda y giro a la izquierda. Los procesos electorales actuales parecen querer agregar similitudes.

Un recorrido por Bogotá lo puede llevar a uno a pasar de repente de barrios de gran lujo con parques y restaurantes de primer nivel a suburbios con calles sin pavimentar y construcciones precarias. Una realidad no exclusiva de la capital colombiana, sino de las grandes urbes de Latinoamérica.

La profundización de la crisis en varios países ha dejado en evidencia la intrínseca relación entre estabilidad política y corrupción. Una asociación inquebrantable en la que ambas condiciones se deslizan de la mano en un movimiento perfectamente coordinado. Una relación de siglos profundamente arraigada en la región.

Según el último informe sobre desarrollo digital publicado por Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países latinoamericanos se encuentran entre los 50 más digitalizados del mundo, mientras que el continente americano, en su conjunto, presenta índices de gobierno electrónico similares a los de Asia.