{"id":17865,"date":"2023-06-19T08:00:00","date_gmt":"2023-06-19T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/latinoamerica21.com\/?p=17865"},"modified":"2023-11-09T17:11:45","modified_gmt":"2023-11-09T20:11:45","slug":"las-elecciones-judiciales-y-el-fragil-estado-de-derecho-boliviano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/las-elecciones-judiciales-y-el-fragil-estado-de-derecho-boliviano\/","title":{"rendered":"Las elecciones judiciales y el fr\u00e1gil Estado de Derecho boliviano"},"content":{"rendered":"\n

La sujeci\u00f3n a la norma en sentido estricto ha sido una tarea pendiente en Bolivia desde su independencia. Bolivia ocupa la trist\u00edsima posici\u00f3n n\u00famero 130<\/a> del \u00edndice global de Estado de Derecho. The Economist cataloga sistem\u00e1ticamente a Bolivia como un r\u00e9gimen h\u00edbrido<\/a> en el \u00edndice de la democracia, es decir, no es una democracia. Al parecer, el desenvolvimiento del pa\u00eds en cuesti\u00f3n de respeto a los derechos humanos, independencia judicial, lucha contra la corrupci\u00f3n, respeto a la oposici\u00f3n y libertad de prensa, entre otros, es igual de sobresaliente que su desempe\u00f1o futbol\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n

Pocas cosas se han mantenido constantes en el pa\u00eds de los movimientos sociales y las rupturas pol\u00edticas, una de ellas es su sistema de justicia en el que abundan los interinatos, la incertidumbre en el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas de jueces y fiscales y las deficiencias del sistema penal boliviano. Cambiando dos o tres l\u00edneas, el informe de la CIDH<\/a> de 2009 bien podr\u00eda perfectamente estar describiendo la situaci\u00f3n actual del pa\u00eds en 2023. A saber, el proceso de selecci\u00f3n de magistrados para los m\u00e1s altos tribunales de justicia est\u00e1, como siempre, sumido en una preocupante incertidumbre<\/a> a la que la poblaci\u00f3n ya es indiferente.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de haber sido convocado el 27 de marzo de 2023, el proceso de selecci\u00f3n de magistrados fue anulado en dos ocasiones, con acusaciones de parcializaci\u00f3n, por acciones constitucionales que, casualmente, fueron a parar a manos de magistrados que buscan postularse a tribunales distintos (una estrategia para burlar la prohibici\u00f3n de repostulaci\u00f3n), dejando patente una suerte de cambalache judicial. El pasado d\u00eda 18 de mayo la c\u00e1mara de diputados declar\u00f3 en cuarto intermedio el debate para reencauzar el proceso de selecci\u00f3n de magistrados, despu\u00e9s de semanas de paralizaci\u00f3n porque su primer vicepresidente hab\u00eda ordenado preparar la cena\u2026 volvieron a sesionar el 24 de mayo aprobando una ley para reducir plazos, pero la continuidad del procedimiento todav\u00eda depende del Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Algo parecido sucedi\u00f3 el 2022 con la selecci\u00f3n del Defensor del Pueblo. No hubo acuerdo para una convocatoria transparente y la mayor\u00eda oficialista se impuso el 18 de marzo de 2022. El oficialismo y la oposici\u00f3n dilataron hasta el cansancio la designaci\u00f3n del nuevo defensor. Parec\u00eda que el oficialismo no tendr\u00eda la capacidad de imponer un candidato al no contar con dos tercios de los votos camarales y se forzar\u00eda un consenso. No obstante, el 23 de septiembre de 2022 el oficialismo finalmente logr\u00f3 designar a su candidato aprovechando la ausencia masiva de la oposici\u00f3n que se encontraba celebrando las fiestas de Santa Cruz.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, lo m\u00e1s preocupante del proceso de selecci\u00f3n del Defensor del Pueblo, no fue el resultado, sino el camino. Entre medio, una Sala Constitucional le otorg\u00f3 la potestad al Presidente del Estado de pasar por sobre la Asamblea Legislativa en caso de no existir consenso y designar al defensor por Decreto Presidencial. Aunque esto no aconteci\u00f3, los fundamentos expuestos en la sentencia podr\u00edan ser usados para la designaci\u00f3n de otras autoridades, como el contralor o, inclusive, los altos magistrados. <\/p>\n\n\n\n

Estoo es parte de una jurisprudencia constitucional al servicio del poder de turno. No basta si no recordar la Sentencia 0084\/2017 que posibilit\u00f3 la reelecci\u00f3n indefinida para todas las autoridades de elecci\u00f3n popular, incluido la del presidente Evo Morales, contraviniendo lo expresado por la constituci\u00f3n. Aunque la Corte IDH desahuci\u00f3 la reelecci\u00f3n indefinida en su Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, manteniendo vigente a la reelecci\u00f3n indefinida dentro de la jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n

El Estado de Derecho est\u00e1 profundamente lesionado por la falta de independencia, instrumentalizaci\u00f3n, ausencia de debido proceso, uso abusivo de prisi\u00f3n preventiva y obst\u00e1culos al acceso a la justicia. Bolivia marca todas esas casillas desde la conformaci\u00f3n de sus d\u00e9biles tribunales en democracia, si bien es cierto, con algunos momentos c\u00e9lebres en los que la presi\u00f3n popular jug\u00f3 la carta ganadora (el Juicio a Garc\u00eda Meza y la devoluci\u00f3n de curul de diputado a Evo Morales). <\/p>\n\n\n\n

La evaluaci\u00f3n general, sin embargo, es negativa. El Informe 2021-GIEI<\/a> advierte que se necesitan implementar reformas profundas en el sistema de justicia. Bolivia cuenta con una poblaci\u00f3n carcelaria que triplica con creces la capacidad de su infraestructura con m\u00e1s de 70% de presos sin sentencia. Ello es consecuencia de la falta de independencia de jueces y fiscales, as\u00ed como de la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica del sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n

El problema de fondo parece ser la importaci\u00f3n de un sistema de pesos y contrapesos que no se adecu\u00f3 jam\u00e1s a las caracter\u00edsticas propias de Am\u00e9rica Latina. Reflexiones como \u201cla pesadilla\u201d de Linz o \u201cel desastre\u201d de Ackerman, adem\u00e1s de la suma de un Poder Electoral que no ha terminado de cuajar, predijeron el caos de un sistema que carece de capacidad para controlar al poder, en el que casi todo tiende a un autoritarismo descafeinado. Ministros y otras altas autoridades son investigados y detenidos por corrupci\u00f3n, abogados y otras autoridades \u201cse caen\u201d de edificios de m\u00e1s de diez pisos y el narcotr\u00e1fico descuella.<\/p>\n\n\n\n

Las amenazas desde el ejecutivo son tambi\u00e9n preocupantes. El ministro de justicia amenaza a jueces, fiscales y pol\u00edticos con procesos y condenas a diestra y siniestra. En lo que va del a\u00f1o 2023 ya amenaz\u00f3 al l\u00edder de la oposici\u00f3n Carlos Mesa con que deber\u00e1 rendir cuentas a la justicia<\/em> y tambi\u00e9n sugiri\u00f3 al Tribunal Constitucional la destituci\u00f3n de dos de sus magistradas. El ministro de gobierno no pierde la oportunidad de exhibir p\u00fablicamente a todo quien haya sido aprehendido a pesar de haber recibido por ello reprimenda de HRW por violar la presunci\u00f3n de inocencia. \u00bfQuiz\u00e1 deba reconoc\u00e9rseles la honestidad de hacer p\u00fablico el juego de extorsiones y amenazas que siempre se hab\u00eda hecho en secreto?<\/p>\n\n\n\n

El des\u00e1nimo generalizado de la poblaci\u00f3n no muestra un futuro esperanzador en Bolivia. Las elecciones judiciales no parecen llegar a buen puerto. No s\u00f3lo la dilaci\u00f3n del Legislativo sino tambi\u00e9n el bombardeo desde el Tribunal Constitucional hacen temer unas designaciones de magistrados por Decreto Presidencial. Lo m\u00e1s triste del caso es que es tan grave el posible desenlace de un Ejecutivo todopoderoso que inclusive el cuoteo de magistrados por el Legislativo y la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos parece no ser el peor destino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el sistema de justicia boliviano abundan los interinatos, la incertidumbre en el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas de jueces y fiscales y las deficiencias del sistema penal.<\/p>\n","protected":false},"author":453,"featured_media":17866,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[16642,16642,16468,16468,16470,16470],"tags":[14126],"gps":[],"class_list":{"0":"post-17865","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sistema-judicial","9":"category-politica","11":"category-bolivia","13":"tag-debates-br-es"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/453"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17865"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17865\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17866"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17865"},{"taxonomy":"gps","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gps?post=17865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}