El pr\u00f3ximo 15 de noviembre se desarrollar\u00e1 el cuarto ciclo del Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas. Este ejercicio ocurrir\u00e1 en un contexto nefasto para los derechos humanos en el pa\u00eds. A la habitual pol\u00edtica restrictiva de los derechos civiles y pol\u00edticos se suma la desprotecci\u00f3n de los econ\u00f3micos, sociales y culturales, los cuales durante mucho tiempo fueron la carta de presentaci\u00f3n del Estado cubano ante la comunidad internacional. Por ello, es posible afirmar que el gobierno desaprueba este examen, a pesar de no haber comenzado a\u00fan.<\/p>\n\n\n\n
Durante el EPU anterior, en 2018, las autoridades cubanas anotaron 18 recomendaciones relacionadas con los obst\u00e1culos legislativos<\/a> para el disfrute de los derechos humanos. Estas recomendaciones incluyeron la ratificaci\u00f3n de los pactos internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, as\u00ed como la firma y ratificaci\u00f3n del Protocolo Facultativo de la Convenci\u00f3n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, en la actualidad no se han ratificado estos instrumentos jur\u00eddicos internacionales.<\/p>\n\n\n\n A esto se suma que en la Constituci\u00f3n cubana de 2019<\/a> se mantiene la unidad de poderes, lo cual anula los contrapesos al gobierno de los poderes judicial, legislativo y electoral. El Partido Comunista de Cuba (PCC) es \u00fanico y se reconoce como la fuerza superior y dirigente de la sociedad y el Estado. Esto significa que se mantiene al margen de la ley, pues no existen mecanismos de control sobre su estructura y funcionamiento. <\/p>\n\n\n\n La \u00e9lite del PCC se ha asegurado que la actividad legislativa en el pa\u00eds responda a sus intereses. As\u00ed, en 2018 se aprob\u00f3 el Decreto ley No. 370<\/a>, en el cual se proh\u00edbe la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n \u201ccontraria al inter\u00e9s social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas\u201d. Adem\u00e1s, en el a\u00f1o 2021 se aprob\u00f3 el Decreto ley No. 35<\/a>, el cual, junto con otras disposiciones normativas, conforma el marco jur\u00eddico sobre telecomunicaciones. <\/p>\n\n\n\n Este paquete legislativo habilita la persecuci\u00f3n de personas que utilizan las redes sociales con fines ciudadanos y sociopol\u00edticos. Por ello, se proh\u00edbe \u201cutilizarlas para atentar contra la seguridad y el orden interior del pa\u00eds\u201d, para \u201ctransmitir informes o noticias falsas\u201d o en \u201cacciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos il\u00edcitos\u201d. Tambi\u00e9n se advierte de que no son utilizables para generar o transmitir informaci\u00f3n que afecte \u201cel bienestar general, la moralidad p\u00fablica y el respeto al orden p\u00fablico\u201d. Esto implica que no es posible ejercer la libertad de expresi\u00f3n en contra de los intereses del Estado.<\/p>\n\n\n\n La vigencia de ambos decretos leyes permite a las autoridades controlar el ciberespacio con base en la discriminaci\u00f3n pol\u00edtica y restringir la libertad de expresi\u00f3n en las redes sociales sin respetar los est\u00e1ndares internacionales en la materia. Asimismo, se pretende someter a los ciudadanos al discurso del PCC sobre la realidad del pa\u00eds, con represalias de multas y la confiscaci\u00f3n de los medios de trabajo de activistas, periodistas y artistas independientes, as\u00ed como opositores pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, en julio de 2019 se aprob\u00f3 la Ley No. 127, Ley Electoral<\/a>, que mantiene la naturaleza autocr\u00e1tica de las elecciones en Cuba. Esta legislaci\u00f3n no permite la libre competencia electoral <\/a>entre diferentes fuerzas pol\u00edticas y subordina el sistema electoral al control del PCC y de las organizaciones de masas que operan como sus poleas de transmisi\u00f3n. Los ciudadanos solo nominan y eligen directamente a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. En el caso de los diputados a la ANPP, se eligen a los candidatos propuestos por las comisiones de candidaturas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el contenido de dicha ley, la participaci\u00f3n pol\u00edtica depende de que un ciudadano est\u00e9 habilitado para ejercer sus derechos civiles y pol\u00edticos. Esto no es relevante si se tratara de un r\u00e9gimen democr\u00e1tico. Pero en Cuba los derechos civiles y pol\u00edticos se pierden por discrepar con el gobierno. De ah\u00ed que el espectro de participaci\u00f3n se reduce a aquellos ciudadanos alineados con los intereses del Estado y, sobre todo, de la \u00e9lite del PCC.<\/p>\n\n\n\n Luego, se aprob\u00f3 el nuevo C\u00f3digo Penal en 2022<\/a>, en el cual se tipifican delitos que anulan el ejercicio de las libertades de expresi\u00f3n, manifestaci\u00f3n, asociaci\u00f3n, reuni\u00f3n y prensa. Varios de sus tipos penales procuran impedir que las personas opongan sus derechos al Estado, lo cual eleva los niveles de violencia pol\u00edtica y se reprimen conductas que las autoridades consideran \u201cprovocaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n En esta categor\u00eda se incluye cualquier financiamiento nacional o internacional para la sociedad civil independiente, como por ejemplo organizaciones de defensores de derechos humanos o medios de prensa independientes. Tambi\u00e9n debe destacarse que en el nuevo C\u00f3digo Penal se mantiene la pena de muerte<\/a>. Esta sanci\u00f3n se contempla para 23 delitos considerados graves, tres m\u00e1s que el C\u00f3digo Penal anterior.<\/p>\n\n\n\n A esto se a\u00f1aden las afectaciones de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales. La implementaci\u00f3n de la Tarea Ordenamiento<\/em><\/a> para la unificaci\u00f3n monetaria y cambiaria y la inversi\u00f3n de m\u00e1s recursos en el turismo<\/a> que en la alimentaci\u00f3n, la construcci\u00f3n de viviendas, la salud y la educaci\u00f3n<\/a> han deteriorado el nivel de vida de millones de cubanos. Mientras, la inflaci\u00f3n y los altos precios del d\u00f3lar en el mercado negro han aumentado la desigualdad<\/a> y han afectado a sectores vulnerables como pensionados y personas con discapacidad. Estos y otros factores propiciaron las protestas sin precedentes de julio de 2021, cuya represi\u00f3n deriv\u00f3 en el encarcelamiento de cientos de personas por motivos pol\u00edticos.\u00a0
Por tanto, es posible afirmar que Cuba est\u00e1 suspensa en este EPU. Siempre lo ha estado, pero quiz\u00e1s hoy sea m\u00e1s evidente que sus autoridades no tienen compromiso alguno con el aseguramiento de los derechos m\u00e1s elementales de sus ciudadanos. De tal forma, una evaluaci\u00f3n positiva de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos solo es explicable por la presencia de muchos de sus aliados en este \u00f3rgano, los cuales, adem\u00e1s, tienen la capacidad de asegurar<\/a> su presencia hasta 2026.<\/p>\n\n\n\n