{"id":20650,"date":"2023-11-27T09:00:00","date_gmt":"2023-11-27T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/latinoamerica21.com\/?p=20650"},"modified":"2024-01-08T11:41:05","modified_gmt":"2024-01-08T14:41:05","slug":"purga-en-el-sistema-judicial-nicaraguense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/purga-en-el-sistema-judicial-nicaraguense\/","title":{"rendered":"Purga en el sistema judicial nicarag\u00fcense\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

La gesti\u00f3n de los conflictos, o, en otras palabras, la pol\u00edtica, siempre requerir\u00e1 de reformas y luchas de poder. Para cumplir con un programa electoral, es necesario implementar cambios en una direcci\u00f3n espec\u00edfica. El cambio y la competencia son inherentes a la pol\u00edtica. Sin embargo, el estilo y el objetivo de las reformas difieren radicalmente cuando los partidos y la \u00e9lite pol\u00edtica buscan mantenerse en el poder de manera continua. Distinguir entre estos dos tipos de reformas a menudo puede ser un juego confuso de matices. No obstante, la reciente depuraci\u00f3n de m\u00e1s de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicarag\u00fcense<\/a> no deja lugar a dudas: estamos presenciando uno de los cambios estructurales m\u00e1s significativos que marcan el inicio de la sucesi\u00f3n Ortega-Murillo-Laureano<\/a>. No estamos hablando de una reforma pol\u00edtica, sino de un ataque a la separaci\u00f3n de poderes con el fin de erradicar cualquier vestigio de oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El primer paso para establecer y mantener un r\u00e9gimen pol\u00edtico de partido \u00fanico es obtener acceso a las instituciones representativas y, a partir de ah\u00ed, cambiar las reglas fundamentales del Estado a tu favor. Daniel Ortega ha comprendido perfectamente la importancia de las reformas y c\u00f3mo utilizarlas estrat\u00e9gicamente. En 2009, dos a\u00f1os despu\u00e9s de asumir el poder, el art\u00edculo 147 de la Constituci\u00f3n fue declarado inaplicable por la Corte Suprema de Nicaragua, allanando el camino para su reelecci\u00f3n en 2011. La posibilidad de reelecci\u00f3n se consolid\u00f3 en 2013. Con el Frente Sandinista de Liberaci\u00f3n Nacional (FSLN) controlando la Asamblea, otra propuesta de reforma constitucional del presidente fue aprobada, permitiendo la reelecci\u00f3n indefinida, la elecci\u00f3n de presidente en primera vuelta y la capacidad del presidente para emitir decretos con fuerza de ley. Hace dos a\u00f1os, la comunidad internacional observaba con incredulidad la escena de la reelecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El 25 de octubre pasado, Rosario Murillo emiti\u00f3 la orden de intervenir el Poder Judicial, que tiene \u2013o ten\u00eda\u2013 m\u00e1s de 9.000 empleados. Aproximadamente el 10% del personal ha sido despedido sin indemnizaci\u00f3n por despido, beneficios laborales, pensiones o incluso una carta de despido, y ha afectado a todos, desde el personal administrativo hasta varios magistrados de la corte.<\/p>\n\n\n\n

Este intento de consolidar el poder tiene como objetivo eliminar a los desertores y recompensar a los leales. Un ejemplo de esto es el caso de Horacio Rocha, el antiguo Comisionado General en retiro que fue encargado de llevar a cabo la orden de Murillo. Habiendo sido nombrado asesor presidencial en temas de seguridad hace un a\u00f1o, es muy probable que no sea la \u00faltima vez que veamos a esta figura prominente llevando a cabo las purgas del gobierno. Su carrera en la polic\u00eda es de conocimiento p\u00fablico, pero su papel como escolta y seguridad se remonta a 1997 con Arnoldo Alem\u00e1n. Despu\u00e9s de una interrupci\u00f3n de casi una d\u00e9cada, su larga carrera vuelve con fuerza.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con la purga murillista, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos ahora deja su oficina para dar lugar a Marvin Ramiro Aguilar. Junto a ella, otros magistrados como Yadira Centeno fueron expulsados del edificio tras la llegada de varias patrullas de polic\u00eda. El golpe se ha llevado a cabo con precisi\u00f3n y el control sobre el Poder Judicial ahora se asemeja al control que el gobierno ya tiene sobre otros poderes del Estado. En los comunicados internos, el ahora presidente en funciones Aguilar es se\u00f1alado como el responsable de los despidos. Este rompecabezas quedar\u00e1 resuelto cuando las vacantes sean reemplazadas por magistrados, jueces y funcionarios leales al r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n

Pero, \u00bfc\u00f3mo hemos llegado a este punto? Una vez m\u00e1s, la respuesta se encuentra en la instrumentalizaci\u00f3n de las reformas. Una Constituci\u00f3n que ahora parece no tener valor permite que, con la aprobaci\u00f3n de la Asamblea, de mayor\u00eda oficialista, se hayan podido reducir las facultades de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores sandinistas argumentan que los Registros P\u00fablicos podr\u00e1n ofrecer servicios de manera m\u00e1s eficiente y optimizada si se integran a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, que est\u00e1 adscrita al Poder Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

Este es el segundo mandato con Ortega en la presidencia y Murillo en la vicepresidencia, pero ya es el quinto mandato \u2013no consecutivo\u2013 desde la controvertida reelecci\u00f3n del excombatiente. La tensi\u00f3n a nivel nacional es evidente, especialmente despu\u00e9s de los graves incidentes ocurridos despu\u00e9s del 18 de abril de 2018, resultado de las reformas del Instituto Nicarag\u00fcense de Seguridad Social que aumentaron las tasas de inter\u00e9s y la edad de jubilaci\u00f3n, dejando cerca de 400 muertes tras la intervenci\u00f3n de la polic\u00eda y los grupos paramilitares. En julio pasado, el gobierno sandinista aprob\u00f3 una reforma constitucional para asumir el control de la polic\u00eda, borrando una vez m\u00e1s la l\u00ednea entre las fuerzas estatales que se supone deben ser imparciales y las organizaciones ideol\u00f3gicas que operan como brazos ideol\u00f3gicos de los partidos. Como resultado, la Procuradur\u00eda, el Poder Judicial y la Polic\u00eda Nacional est\u00e1n actualmente bajo el control y al servicio del ejecutivo de mayor\u00eda sandinista.<\/p>\n\n\n\n

Esto explica por qu\u00e9 la Polic\u00eda Nacional no ha proporcionado explicaciones sobre la intervenci\u00f3n en la Corte Suprema, el desalojo arbitrario de los trabajadores y el motivo de las numerosas detenciones e investigaciones. El r\u00e9gimen no solo se consolida como un r\u00e9gimen de partido \u00fanico, sino tambi\u00e9n como un estado policial de facto. Por otro lado, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo aprobada en 2020 se encarga de que cualquier disidencia pueda ser considerada como una amenaza al orden pol\u00edtico establecido, prohibiendo a los opositores participar en protestas o presentarse como candidatos.<\/p>\n\n\n\n

Este escenario coloca a la naci\u00f3n en una posici\u00f3n dif\u00edcil en t\u00e9rminos de respeto a los derechos humanos. Las acusaciones, penalizaciones y advertencias internacionales han surgido r\u00e1pidamente. Tras la descalificaci\u00f3n de las elecciones de 2021 por parte de la Asamblea General de Cancilleres de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) por no cumplir con una resoluci\u00f3n sobre los criterios para unas elecciones libres, democr\u00e1ticas y transparentes, Denis Moncada envi\u00f3 una carta solicitando la retirada de Nicaragua del foro regional. Dos a\u00f1os despu\u00e9s de esa carta, el 19 de noviembre de 2023, se concret\u00f3 la salida de Nicaragua de la OEA. No obstante, esta y otras organizaciones, como la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que, aunque el r\u00e9gimen de Ortega no suscriba la carta de la OEA y sus compromisos, debe respetar los convenios internacionales de protecci\u00f3n y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Declaraci\u00f3n Universal y en la Carta Interamericana de Derechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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