En un rid\u00edculo intento por disimular un manotazo de ahogado, el fiscal general de Per\u00fa, Pedro Ch\u00e1varry, destituy\u00f3 el 31 de diciembre en la noche a los fiscales Rafael Vela y Jos\u00e9 Domingo P\u00e9rez como miembros del Equipo Especial del Ministerio P\u00fablico que investigaba el caso Odebrecht en el pa\u00eds andino. De esta manera, el fiscal general pretend\u00eda frenar la investigaci\u00f3n que tiene bajo la lupa a los expresidentes Alan Garc\u00eda, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y, a su vez, a Keiko Fujimori, l\u00edder de la oposici\u00f3n e hija de otro expresidente ya encarcelado. <\/p>\n\n\n\n
De hecho, previamente el fiscal P\u00e9rez hab\u00eda solicitado la denuncia de Ch\u00e1varry por supuesta obstrucci\u00f3n de la justicia en el caso que implicaba a la candidata presidencial y al propio fiscal general, quien es investigado por integrar la red de jueces acusados por corrupci\u00f3n. La destituci\u00f3n de los fiscales se hab\u00eda producido luego de que estos hubieran cerrado un acuerdo de colaboraci\u00f3n con Odebrecht, que implicaba el pago de una multa y su cooperaci\u00f3n en las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
Desde el mes de agosto, el fiscal general Ch\u00e1varry ven\u00eda bloqueando, con el apoyo del bloque fujimorista en el Congreso, una investigaci\u00f3n fiscal en su contra por integrar presuntamente la red de corrupci\u00f3n del sistema de justicia, conocida como la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto. El destituido juez supremo, C\u00e9sar Hinostroza, l\u00edder de la trama y quien permanece en Madrid bajo arresto y a la espera de su extradici\u00f3n, hab\u00eda ofrecido previamente a Keiko Fujimori la revisi\u00f3n de una sentencia, para evitar su investigaci\u00f3n por lavado de activos. Sin embargo, poco m\u00e1s de una semana despu\u00e9s de la grotesca maniobra, y en medio de una enorme presi\u00f3n social, el fiscal general Ch\u00e1varry se vio obligado a presentar su renuncia, luego de que los fiscales apelaran la decisi\u00f3n ante la junta de fiscales supremos, y de que el presidente Mart\u00edn Vizcarra entregara al Congreso un proyecto de ley para disolver la junta de fiscales que integraba Ch\u00e1varry. <\/p>\n\n\n\n
\nEl presidente Jimmy Morales, quien surgi\u00f3 como popular c\u00f3mico de televisi\u00f3n y predicador evangelista, y que bajo el lema de ‘ni corrupto ni ladr\u00f3n’ lleg\u00f3 a la Presidencia, anunci\u00f3 unilateralmente el fin del acuerdo con la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Mientras en Per\u00fa el fiscal general ha tenido que presentar su renuncia liberando el camino a las investigaciones por corrupci\u00f3n que han estado vinculadas al caso Odebrecht, en Guatemala se vive por estos d\u00edas una situaci\u00f3n opuesta. El presidente Jimmy Morales, quien surgi\u00f3 como popular c\u00f3mico de televisi\u00f3n y predicador evangelista, y que bajo el lema de \u00abni corrupto ni ladr\u00f3n\u00bb lleg\u00f3 a la Presidencia, anunci\u00f3 unilateralmente el fin del acuerdo con la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, que lo se\u00f1ala por corrupci\u00f3n, pese a que el mandato deb\u00eda mantenerse hasta por lo menos septiembre de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Morales, quien dio un plazo de 24 horas al personal del organismo para abandonar el pa\u00eds, justific\u00f3 su decisi\u00f3n, debido a una supuesta \u201cviolaci\u00f3n grave de la Cicig a las leyes nacionales e internacionales\u201d y a que Iv\u00e1n Vel\u00e1squez, quien dirige el organismo, \u201cmantiene una cultura de confrontaci\u00f3n entre los guatemaltecos\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Si bien en 2015, durante la campa\u00f1a electoral, Morales hab\u00eda asegurado que prolongar\u00eda el mandato de la Cicig, desde septiembre del 2017 el organismo, que durante diez a\u00f1os ha denunciado casos de corrupci\u00f3n de gran impacto, viene sufriendo ataques por parte del Gobierno. La postura del presidente cambi\u00f3 cuando a principios de ese a\u00f1o las autoridades del organismo denunciaron un caso de supuesta corrupci\u00f3n que involucraba a familiares del presidente, lo que se sum\u00f3 a otras acusaciones del Ministerio P\u00fablico hacia el propio Morales por presunto financiamiento electoral il\u00edcito. Estas acusaciones, sin embargo, no prosperaron, debido a que el Congreso se ha negado a que el Ministerio P\u00fablico y la Cicig investiguen al mandatario.<\/p>\n\n\n\n
Simult\u00e1neamente con estas maniobras descaradas en Per\u00fa y Guatemala, en Colombia el 2018 se desped\u00eda con la aparici\u00f3n de otro muerto con rastros de cianuro: el segundo testigo del caso Odebrecht en menos de dos meses. A principios de diciembre, Rafael Merch\u00e1n<\/a>, quien hab\u00eda sido secretario de Transparencia, hab\u00eda recibido el aval para dar su testimonio en una de las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, al igual que Jorge Enrique Pizano, quien supuestamente muri\u00f3 a causa de un infarto y cuyo hijo fallec\u00eda tres d\u00edas m\u00e1s tarde, envenenado con cianuro al beber de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre, el testimonio de Rafael Merch\u00e1n tampoco podr\u00e1 ser utilizado para aclarar la investigaci\u00f3n. Esta nueva muerte no ha hecho m\u00e1s que enturbiar a\u00fan m\u00e1s las investigaciones que se extienden a la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as presidenciales colombianas de 2010 y 2014.<\/p>\n\n\n\n