Del 12 al 15 de marzo de 2024 tuvo lugar la audiencia p\u00fablica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recibir argumentos orales sobre el derecho al cuidado. A la solicitud, que hab\u00eda sido hecha por el anterior gobierno argentino en enero del 2023, se presentaron 49 observaciones de organizaciones de la sociedad civil, 34 de instituciones acad\u00e9micas y otras 24 de individuos, lo cual da cuenta del inter\u00e9s que existe por contar con est\u00e1ndares legales en la materia.<\/p>\n\n\n\n
Los cuidados se refieren a las necesidades materiales e inmateriales, p\u00fablicas y privadas, f\u00edsicas y emocionales inherentes para la reproducci\u00f3n de la vida. Es necesario dar cuenta del car\u00e1cter aut\u00f3nomo del derecho al cuidado como componente esencial del bienestar y como pilar fundamental para una vida digna y del desarrollo durante todo el ciclo vital de las personas. En este sentido, las dimensiones de este derecho son entendidas desde la recepci\u00f3n de cuidados, as\u00ed como la provisi\u00f3n de cuidados y el autocuidado.<\/p>\n\n\n\n
A partir de los debates y posturas conceptuales de expertas en la materia, los cuidados pueden resumirse como las actividades que se llevan a cabo en el \u00e1mbito dom\u00e9stico (aunque no exclusivamente) de atenci\u00f3n y protecci\u00f3n que realizamos para mantener, reparar y perpetuar nuestro mundo desde y para el bienestar de las vidas y el entorno. En la actualidad, debido a la naturalizaci\u00f3n de la divisi\u00f3n sexual del trabajo, esta actividad es llevada a cabo, de forma mayoritaria, por mujeres, ni\u00f1as y cuerpos feminizados.<\/p>\n\n\n\n
Si bien no existe un instrumento legal espec\u00edfico que armonice los est\u00e1ndares y las dimensiones del derecho al cuidado, se ha identificado que m\u00faltiples dimensiones de este derecho se encuentran contenidas en varios instrumentos del derecho internacional. Abordar esta situaci\u00f3n es fundamental, pues la dispersi\u00f3n del derecho al cuidado puede traducirse en la indefensi\u00f3n, como la actual, notoria e hist\u00f3rica falta de cumplimiento de las obligaciones estatales.<\/p>\n\n\n\n
En este marco, desde la Plataforma Regional de Oxfam en Am\u00e9rica Latina y el Caribe se puso sobre la mesa en la audiencia la necesidad de democratizar el debate sobre fiscalidad por una tributaci\u00f3n global incluyente, sostenible y feminista que incida en el derecho al cuidado. La propuesta busca visibilizr el principio relativo a los m\u00e1ximos recursos disponibles, incluido en el art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, a partir de una interpretaci\u00f3n progresiva e interseccional.<\/p>\n\n\n\n
En su argumentaci\u00f3n, Oxfam ratific\u00f3 la necesidad de implementar un enfoque interseccional que permita entender las m\u00faltiples dimensiones que constituyen la desigualdad, que tienen implicaciones diferenciadas con intersecciones complejas en raz\u00f3n del sexo, la raza, la clase social, la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero, la edad, la etnia, la condici\u00f3n migratoria, la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica, la orientaci\u00f3n pol\u00edtica, entre muchas otras.<\/p>\n\n\n\n
La propia Corte lo identifica de esta manera en el Caso Gonz\u00e1les Lluy y otros vs. Ecuador<\/a>, donde destaca la intersecci\u00f3n de m\u00faltiples factores que determinan una situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n \u00fanica, que no hubiese existido como tal si alguno de ellos hubiera estado ausente, y profundiza esta postura en los casos Rosendo Cant\u00fa y otra vs. M\u00e9xico<\/a>; Trabajadores de Hacienda Brasil Verde vs. Brasil<\/a> y Vicky Hern\u00e1ndez y otras vs. Honduras<\/a>.<\/p>\n\n\n\n En este sentido, no es ajeno a la Corte que, como lo se\u00f1ala Oxfam en el informe La Ley del m\u00e1s Rico<\/em><\/a> \u201cAm\u00e9rica Latina y el Caribe se ha[n] convertido en una regi\u00f3n m\u00e1s desigual, m\u00e1s empobrecida y mucho m\u00e1s polarizada social y pol\u00edticamente\u201d, y que las m\u00faltiples crisis (como la ocasionada por el covid-19 pero tambi\u00e9n la clim\u00e1tica, la alimentaria y la migratoria), afectan a las personas de manera diferenciada.<\/p>\n\n\n\n En dicho informe se se\u00f1ala que, desde marzo de 2020 hasta finales de 2022, la desigualdad, la pobreza y las brechas sociales se han acentuado considerablemente en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Frente al 21 % de crecimiento de riqueza de los milmillonarios, los salarios reales de la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n han perdido una d\u00e9cima parte de su valor; y 32 % de la poblaci\u00f3n total vive en situaci\u00f3n de pobreza, de la cual 13% en situaci\u00f3n de pobreza extrema. A finales de 2022, la inseguridad alimentaria afectaba a cuatro de cada diez personas en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por ello, la propia Corte ha analizado tanto el contexto social como las medidas que hay que tomar para garantizar de manera efectiva los derechos. Ello queda plasmado en el Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala<\/a>, donde se reconoce que a pesar de los retos metodol\u00f3gicos y normativos, \u201cla Corte no puede quedarse de lado ante el grave problema de la desigualdad, la inequidad y la exclusi\u00f3n social que prevalecen en la regi\u00f3n y en la desprotecci\u00f3n en materia de desca sobre todo para los grupos m\u00e1s vulnerables\u201d. Y por lo tanto, deber\u00e1n de abordarse las dimensiones de exigibilidad inmediata y progresividad.<\/p>\n\n\n\n