El \u201clawfare\u201d, como se conoce a la utilizaci\u00f3n de instrumentos jur\u00eddicos para articular una persecuci\u00f3n pol\u00edtica, se extiende por Am\u00e9rica Latina. En el \u00faltimo lustro, la \u201cguerra jur\u00eddica\u201d se ha intensificado, cuantitativa y cualitativamente, convirti\u00e9ndose en una estrategia regional coordinada que utiliza la legitimidad del aparato jur\u00eddico del Estado para subvertir, forzar o manipular los procesos democr\u00e1ticos de alternancia en el poder. Ecuador es un ejemplo ilustrativo de este proceso.<\/p>\n\n\n\n
El procesamiento o encarcelamiento de l\u00edderes pol\u00edticos como Lula da Silva ha sido la punta del iceberg del \u201clawfare\u201d, pero la estrategia va mucho m\u00e1s all\u00e1. Entre otras medidas, incluye la acci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n para aniquilar la imagen de l\u00edderes pol\u00edticos; la utilizaci\u00f3n del aparato administrativo sancionatorio para perseguir a la militancia de la oposici\u00f3n; la imparcialidad judicial; o la injerencia en los procesos electorales. Estas estrategias han marcado el escenario pol\u00edtico en Argentina y Brasil, y ahora tambi\u00e9n en Ecuador.<\/p>\n\n\n\n
Ecuador, elecciones y lawfare<\/em> electoral<\/strong><\/p>\n\n\n\n En Ecuador estas estrategias han sobrepasado la din\u00e1mica tradicional de utilizar el sistema penal para anular al adversario pol\u00edtico, bajo el amplio paraguas de la \u201clucha contra la corrupci\u00f3n\u201d, para dar un salto al \u00e1mbito procesal-electoral. El lawfare<\/em> comenz\u00f3 en 2017, desarroll\u00e1ndose tanto en el \u00e1mbito judicial penal \u2014la Fiscal\u00eda General del Estado y los tribunales\u2014 como en el \u00e1mbito administrativo con la Contralor\u00eda General del Estado.<\/p>\n\n\n\n Por un lado, se abrieron procesos penales y se dictaron penas de prisi\u00f3n preventiva contra dirigentes del \u201ccorre\u00edsmo\u201d, incluyendo al expresidente Rafael Correa. Y, por otro, se persigui\u00f3 con sanciones econ\u00f3micas y amenazas de procesamientos a numerosos ex funcionarios de ese gobierno.<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2019, tras el levantamiento popular y la represi\u00f3n policial y militar, esta utilizaci\u00f3n de la v\u00eda penal dio un giro cualitativo importante. De la persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n se pas\u00f3 a perseguir una supuesta rebeli\u00f3n que afect\u00f3 a destacados l\u00edderes pol\u00edticos y sociales. Esta estrategia fue criticada desde diversos organismos y la propia Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleg\u00f3 a otorgar medidas cautelares<\/a> para poner fin a la privaci\u00f3n de libertad de los l\u00edderes pol\u00edticos acusados de rebeli\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n