![\"\"](\"https:\/\/latinoamerica21.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/L21-Banner-2-1-1024x190.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\nLo que verdaderamente importa aqu\u00ed es que lo que est\u00e1 en discusi\u00f3n no es \u00fanicamente la aplicaci\u00f3n de una norma espec\u00edfica, sino la elecci\u00f3n del modelo de un Estado que garantice derechos conforme a est\u00e1ndares internacionales o uno que subordine esas garant\u00edas a convicciones religiosas y c\u00e1lculos electorales.<\/p>\n\n\n\n
Aborto terap\u00e9utico: derecho legal, acceso negado<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aunque el aborto terap\u00e9utico est\u00e1 legalmente permitido en Per\u00fa desde 1924<\/a> cuando la gestaci\u00f3n representa un riesgo grave para la vida o la salud de la persona gestante, en la pr\u00e1ctica miles de ni\u00f1as v\u00edctimas de violencia sexual no acceden a este derecho b\u00e1sico. Un informe reciente<\/a> revel\u00f3 que desde 2014 hasta 2023 m\u00e1s de 2.600 ni\u00f1as menores de 15 a\u00f1os v\u00edctimas de violaci\u00f3n no recibieron la intervenci\u00f3n pese a que estaba legalmente autorizada. <\/p>\n\n\n\n A esto se suma un grave episodio pol\u00edtico<\/a>: la congresista Milagros J\u00e1uregui, figura del ultraconservador partido Renovaci\u00f3n Popular, fue acusada de exhibir p\u00fablicamente a ni\u00f1as con sus beb\u00e9s en eventos organizados por su refugio, como si eso fuese un m\u00e9rito. Feministas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones revictimizan a ni\u00f1as violentadas y reflejan c\u00f3mo el discurso religioso y moral se infiltra en la toma de decisiones sobre cuerpos ajenos. <\/p>\n\n\n\n En medio de este debate, la candidata presidencial Keiko Fujimori, l\u00edder del partido Fuerza Popular, gener\u00f3 una ola de indignaci\u00f3n con unas declaraciones que revelan c\u00f3mo la cuesti\u00f3n de los derechos reproductivos se vuelve tambi\u00e9n un tema electoral. En una entrevista televisiva, Fujimori afirm\u00f3 que, ante un caso hipot\u00e9tico de violaci\u00f3n sexual a una de sus propias hijas, les dir\u00eda que \u201ctengan al beb\u00e9\u201d<\/a>, y reiter\u00f3 que solo apoyar\u00eda el aborto cuando la vida de la madre est\u00e9 en riesgo, rechazando su aplicaci\u00f3n en casos de violaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Este pronunciamiento, que expone su postura ultraconservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos, es se\u00f1al de peligro, dado que se trata de una aspirante a la presidencia que est\u00e1 buscando claramente cambiar el rumbo de pol\u00edticas dirigidas a proteger a ni\u00f1as y mujeres v\u00edctimas de violencia sexual.<\/p>\n\n\n\n Gestaci\u00f3n subrogada: un vac\u00edo legal con impacto real<\/strong><\/p>\n\n\n\n En paralelo, el Tribunal Constitucional de Per\u00fa emiti\u00f3 un fallo<\/a> a finales del a\u00f1o pasado que reconoce la filiaci\u00f3n de una menor nacida mediante la llamada gestaci\u00f3n subrogada y que ordena corregir su acta de nacimiento, abriendo una brecha para la discusi\u00f3n legal de esta pr\u00e1ctica en un pa\u00eds donde no existe una regulaci\u00f3n clara que proteja derechos reproductivos, ni a las madres gestantes ni a los ni\u00f1os nacidos bajo estas t\u00e9cnicas. <\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n ha sido interpretada por algunos juristas no como una aprobaci\u00f3n total de la subrogaci\u00f3n, sino como un llamado a legislar para proteger \u201cel inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d y evitar vac\u00edos que expongan a menores y familias a inseguridad jur\u00eddica. Sin embargo, este limbo legal plantea desaf\u00edos \u00e9ticos y sociales, ya que, mientras que algunos sectores abogan por su regulaci\u00f3n como parte de los derechos reproductivos, las feministas alertamos sobre la mercantilizaci\u00f3n del cuerpo de las mujeres y la falta de protecciones espec\u00edficas en un pa\u00eds sin marco normativo adecuado. <\/p>\n\n\n\n Violencia y desigualdad estructural<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pero los problemas no terminan en hospitales y tribunales. Las cifras oficiales muestran que Per\u00fa registra unos niveles alt\u00edsimos de violencia de g\u00e9nero<\/a>, con m\u00e1s de 168.000 casos de violencia contra mujeres y grupos vulnerables, incluidos miles de casos de violencia sexual contra ni\u00f1as y adolescentes. Esta violencia tambi\u00e9n se expresa en barreras a su derecho a la educaci\u00f3n y la autonom\u00eda personal. <\/p>\n\n\n\n Hablar de derechos reproductivos en Per\u00fa tambi\u00e9n es hablar de desigualdad econ\u00f3mica. En un pa\u00eds donde m\u00e1s del 70% del empleo es informal y la pobreza golpea con mayor fuerza a mujeres y ni\u00f1as en zonas rurales e ind\u00edgenas, las decisiones sobre la maternidad est\u00e1n profundamente condicionadas por precariedad, falta de servicios p\u00fablicos y brechas educativas persistentes. <\/p>\n\n\n\n Por ello, cuando el Estado limita el acceso a la interrupci\u00f3n legal del embarazo o posterga la regulaci\u00f3n de pr\u00e1cticas como la gestaci\u00f3n subrogada, no lo hace en un vac\u00edo neutral, sino en un contexto en el que las mujeres con menos recursos son quienes cargan con las consecuencias m\u00e1s duras. La autonom\u00eda reproductiva, en ese sentido, no es solo un debate moral o jur\u00eddico, sino, adem\u00e1s, una cuesti\u00f3n de justicia econ\u00f3mica y distribuci\u00f3n de poder.<\/p>\n\n\n\n \u00bfRetroceso o punto de inflexi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Per\u00fa ha sido condenado repetidamente por \u00f3rganos de la ONU por violar los derechos de ni\u00f1as embarazadas producto de violencia sexual, incluido el Caso Camila<\/a>, una ni\u00f1a ind\u00edgena de 13 a\u00f1os a la que no se garantiz\u00f3 acceso a un aborto seguro pese a estar dentro de los supuestos legales. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido<\/a> que el Estado peruano sigue sin poner en marcha cambios sustantivos pese a estas sanciones y recomendaciones internacionales. <\/p>\n\n\n\n El caso peruano expone un choque dram\u00e1tico porque, frente a estos ataques a los derechos humanos de las ni\u00f1as y mujeres, el Estado enfrenta demandas internacionales, la indignaci\u00f3n de la sociedad civil y una opini\u00f3n p\u00fablica mayoritariamente favorable a respetar los derechos reproductivos b\u00e1sicos. <\/p>\n\n\n\n