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<\/a><\/figure>\n\n\n\nLa ilegalidad dej\u00f3 de ser excepcional. Convive y aparentemente se articula con estructuras estatales d\u00e9biles o permisivas que, mientras reconocen formalmente derechos ambientales y territoriales, mantienen condiciones que favorecen el avance de intereses econ\u00f3micos sobre la vida comunitaria o el buen vivir. Esta contradicci\u00f3n produce una peligrosa normalizaci\u00f3n de la violencia y erosiona progresivamente las condiciones sociales y pol\u00edticas que sostienen la vida en la Amazon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, garantizar la seguridad territorial se vuelve un imperativo para la gobernanza clim\u00e1tica global. Esta se debe basar en acciones de resiliencia impulsadas desde los territorios \u2014particularmente por mujeres amaz\u00f3nicas\u2014 que emergen como respuestas clave para la defensa de la vida y la sostenibilidad de la Amazon\u00eda en beneficio de toda la humanidad. <\/p>\n\n\n\n
De la Amazomorfosis regresiva a la resiliencia de las mujeres<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde Oxfam hemos advertido que la violencia contra personas defensoras ambientales es apenas la expresi\u00f3n m\u00e1s visible de una arquitectura de desprotecci\u00f3n territorial. Los asesinatos, amenazas y procesos de criminalizaci\u00f3n no son hechos aislados: responden a patrones sistem\u00e1ticos que buscan debilitar la organizaci\u00f3n comunitaria y eliminar resistencias frente al extractivismo legal e ilegal.<\/p>\n\n\n\n En este escenario, las mujeres amaz\u00f3nicas enfrentan impactos particularmente graves. La violencia contra defensoras est\u00e1 atravesada por racismo, patriarcado y desigualdad territorial. Por ello, cuando una mujer defensora es perseguida, desplazada o asesinada, el da\u00f1o no recae \u00fanicamente sobre una persona: se fractura el tejido social que sostiene la defensa del territorio y la vida colectiva.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las mujeres amaz\u00f3nicas tambi\u00e9n actoras pol\u00edticas fundamentales en los procesos de resiliencia territorial. Restauran bosques, protegen fuentes de agua, sostienen sistemas comunitarios de gobernanza y defienden otras formas de relaci\u00f3n con la naturaleza frente a modelos de desarrollo basados en el despojo.<\/p>\n\n\n\n Amazon\u00eda y la esperanza pendiente del Acuerdo de Escaz\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es precisamente en este contexto donde el Acuerdo de Escaz\u00fa adquiere una relevancia hist\u00f3rica. El acuerdo reconoce los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n p\u00fablica y la justicia ambiental, adem\u00e1s de establecer obligaciones espec\u00edficas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En Am\u00e9rica Latina, la regi\u00f3n m\u00e1s peligrosa del mundo para defender la tierra y el ambiente, este reconocimiento constituye un avance pol\u00edtico sin precedentes. Sin embargo, la distancia entre el compromiso normativo y la realidad territorial sigue siendo profunda.<\/p>\n\n\n\n La reciente COP4 del Acuerdo de Escaz\u00fa dej\u00f3 avances importantes en t\u00e9rminos procedimentales e institucionales. Se fortalecieron mecanismos de seguimiento, se incorporaron herramientas de respuesta r\u00e1pida frente a amenazas contra defensoras y se reconoci\u00f3 la necesidad de aplicar enfoques interseccionales, interculturales y de g\u00e9nero. Tambi\u00e9n se ampliaron posibilidades de participaci\u00f3n p\u00fablica y de seguimiento al cumplimiento estatal.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la COP4 tambi\u00e9n dej\u00f3 al descubierto los l\u00edmites del multilateralismo ambiental cuando los Estados no transforman sus compromisos internacionales en pol\u00edticas concretas dentro de sus territorios.<\/p>\n\n\n\n Mientras las delegaciones oficiales hablan de mecanismos regionales de protecci\u00f3n, en buena parte de la Amazon\u00eda contin\u00faan expandi\u00e9ndose econom\u00edas ilegales, corredores del narcotr\u00e1fico, miner\u00eda ilegal, tala indiscriminada y proyectos extractivos impulsados con d\u00e9bil fiscalizaci\u00f3n ambiental y crecientes restricciones al espacio c\u00edvico. En varios pa\u00edses amaz\u00f3nicos persisten procesos de regresi\u00f3n institucional que debilitan la protecci\u00f3n ambiental, limitan la participaci\u00f3n ciudadana y reducen garant\u00edas para pueblos ind\u00edgenas y comunidades rurales; cuando miramos el bienestar de las mujeres, la regresi\u00f3n se encuentra en mayor riesgo de retroceso sobre los derechos conquistados.<\/p>\n\n\n\n La contradicci\u00f3n es evidente: se fortalecen mecanismos regionales mientras las condiciones materiales de riesgo en los territorios contin\u00faan deterior\u00e1ndose.<\/p>\n\n\n\n Los sistemas nacionales de protecci\u00f3n siguen siendo insuficientes, reactivos y burocr\u00e1ticos. La participaci\u00f3n p\u00fablica contin\u00faa siendo, en muchos casos, meramente consultiva y no vinculante. La justicia ambiental permanece atravesada por impunidad estructural. Y los mecanismos de financiamiento clim\u00e1tico muchas veces no llegan a quienes efectivamente sostienen la protecci\u00f3n de los ecosistemas que benefician a la humanidad.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n es todav\u00eda m\u00e1s cr\u00edtica en los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe que no son Parte del Acuerdo o donde la implementaci\u00f3n es m\u00ednima y la situaci\u00f3n pol\u00edtica es regresiva. La ausencia de ratificaci\u00f3n o voluntad estatal profundiza escenarios donde convergen criminalidad ambiental, control territorial por econom\u00edas ilegales y debilitamiento democr\u00e1tico. En esos contextos, las personas defensoras quedan expuestas frente a actores armados, corrupci\u00f3n y ausencia de garant\u00edas estatales.<\/p>\n\n\n\n Por ello, implementar efectivamente el Acuerdo de Escaz\u00fa exige mucho m\u00e1s que declaraciones multilaterales. Supone fortalecer sistemas de protecci\u00f3n con enfoque territorial, intercultural y de g\u00e9nero; garantizar acceso oportuno y transparente a informaci\u00f3n ambiental; asegurar participaci\u00f3n vinculante de pueblos ind\u00edgenas y comunidades locales; investigar y sancionar ataques contra defensoras; y destinar financiamiento directo y sostenible a iniciativas comunitarias de protecci\u00f3n territorial.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n implica reconocer una verdad inc\u00f3moda: la sostenibilidad clim\u00e1tica no podr\u00e1 construirse sobre territorios paramilitarizados, comunidades desplazadas y defensoras en grave riesgo o asesinadas.<\/p>\n\n\n\n