![\"\"](\"https:\/\/latinoamerica21.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/L21-Banner-2-1-1024x190.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\nLo que emerge es un regionalismo esencialmente adaptativo. Tal vez el t\u00e9rmino no sea grandilocuente, pero captura un rasgo central del momento actual: organismos que buscan preservar m\u00ednimos niveles de coordinaci\u00f3n pol\u00edtica y operatividad institucional frente a crecientes tendencias de fragmentaci\u00f3n ideol\u00f3gica y unilateralismo, atravesados por alineamientos geopol\u00edticos externos.<\/p>\n\n\n\n
El caso del Sistema de la Integraci\u00f3n Centroamericana (SICA) resulta ilustrativo. La reforma del \u201cReglamento Relativo a la Integraci\u00f3n, Qu\u00f3rum y Adopci\u00f3n de Decisiones de los \u00d3rganos e Instancias regionales del SICA<\/a>\u201d, aprobada en abril de 2026 sin la presencia de Nicaragua, fue presentada como una medida destinada a destrabar la par\u00e1lisis institucional generada por el veto permanente de Managua respecto de la designaci\u00f3n del secretario general<\/a>. El cargo permanece vacante desde 2023 debido al rechazo de varios pa\u00edses a los candidatos nominados por Nicaragua, estrechamente vinculados al r\u00e9gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. <\/p>\n\n\n\n Nicaragua se retir\u00f3 temporalmente del SICA en 2024<\/a> por el conflicto por la secretar\u00eda general. De todos modos, el SICA contin\u00faa funcionando mediante mecanismos de cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica en \u00e1reas como salud, agricultura, digitalizaci\u00f3n o gesti\u00f3n de riesgos, en una muestra de que, aun en contextos de fuerte fragmentaci\u00f3n pol\u00edtica, los espacios funcionales de cooperaci\u00f3n regional logran mantenerse relativamente operativos.<\/p>\n\n\n\n La reforma, que flexibiliza las reglas de cu\u00f3rum y votaci\u00f3n, constituye una innovaci\u00f3n importante en una regi\u00f3n hist\u00f3ricamente aferrada al consenso y la unanimidad. Sin embargo, refleja una paradoja: puede verse como un signo de resiliencia institucional al evitar bloqueos permanentes y limitar vetos paralizantes, aunque no responde a una l\u00f3gica de profundizaci\u00f3n supranacional, sino a una adaptaci\u00f3n frente a la incapacidad de los mecanismos tradicionales para procesar conflictos pol\u00edticos persistentes.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n andina revela otra dimensi\u00f3n cr\u00edtica del problema: incluso los esquemas considerados relativamente institucionalizados muestran dificultades para disciplinar el comportamiento estatal. La Comunidad Andina (CAN) orden\u00f3 recientemente a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales rec\u00edprocas<\/a> implementadas desde diciembre de 2025. Sin embargo, ambos gobiernos presentaron recursos contra las resoluciones andinas, prolongando as\u00ed la disputa. Actualmente, la Secretar\u00eda General de la CAN se encuentra procesando las impugnaciones<\/a> derivadas del conflicto por los grav\u00e1menes y limitaciones al comercio bilateral adoptados por los dos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Aunque la CAN logr\u00f3 intervenir formalmente para hacer cumplir la normativa andina, el conflicto prob\u00f3 los l\u00edmites de esa institucionalidad: Ecuador y Colombia priorizaron agendas nacionales y disputas personales que reflejan los alineamientos de la regi\u00f3n. La decisi\u00f3n ecuatoriana y colombiana de, primero, obstaculizar el comercio bilateral con medidas restrictivas, y luego, apelar las resoluciones andinas muestra las dificultades de los organismos regionales para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones, incluso en materia de libre comercio intrarregional.<\/p>\n\n\n\n