{"id":58890,"date":"2026-09-15T09:00:00","date_gmt":"2026-09-15T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/latinoamerica21.com\/?p=58890"},"modified":"2026-09-14T07:49:24","modified_gmt":"2026-09-14T10:49:24","slug":"los-costarricenses-no-votaron-para-debilitar-sus-tribunales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/los-costarricenses-no-votaron-para-debilitar-sus-tribunales\/","title":{"rendered":"Los costarricenses no votaron para debilitar sus tribunales"},"content":{"rendered":"\n

El 30 de julio, la Sala Constitucional de Costa Rica vot\u00f3 por cuatro votos contra tres prorrogar los mandatos de sus magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa vote sobre la lista de candidatos que la Corte Suprema le envi\u00f3 hace m\u00e1s de un a\u00f1o. La presidenta Laura Fern\u00e1ndez calific\u00f3 a los cuatro magistrados de la mayor\u00eda de \u00abgolpistas\u00bb. Tres d\u00edas despu\u00e9s, su Gobierno y los diputados de su partido presentaron una denuncia penal contra los jueces por prevaricaci\u00f3n. Las instituciones que hacen funcionar la democracia costarricense se est\u00e1n deteriorando m\u00e1s r\u00e1pido de lo que sugieren las cifras constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Cuando Fern\u00e1ndez obtuvo el 49 % de los votos en febrero y su Partido Pueblo Soberano consigui\u00f3 31 de los 57 esca\u00f1os legislativos, la interpretaci\u00f3n tranquilizadora sosten\u00eda que los mecanismos de control de Costa Rica absorber\u00edan el impacto, ya que al partido le faltaban siete esca\u00f1os para alcanzar los 38 votos necesarios para reformar la Constituci\u00f3n o nombrar magistrados. Controlar la Corte requiere 38 votos, pero bloquear la renovaci\u00f3n requiere solo 20, una aritm\u00e9tica que el Gobierno viene utilizando desde mayo. Las mismas reglas que impiden a Fern\u00e1ndez copar la Corte permiten a su partido mantenerla con una composici\u00f3n incompleta. La Asamblea ha celebrado once rondas de votaci\u00f3n sin conseguir esos votos y ha devuelto tres veces la lista de la Corte sin ofrecer razones de fondo. Los magistrados suplentes ocupan el puesto cuando un juez titular se abstiene o se ausenta, por lo que una sala sin ellos finalmente no puede funcionar.<\/p>\n\n\n\n

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La batalla se ha librado tambi\u00e9n a trav\u00e9s del presupuesto del Poder Judicial. A petici\u00f3n del Ministerio de Hacienda, la Corte devolvi\u00f3 13.200 millones de colones al presupuesto de 2026 el 29 de junio. El 13 de julio, el Ministerio retuvo otros 3.000 millones. En agosto, propuso recortar otros 23.700 millones, aproximadamente 52 millones de d\u00f3lares, de los cuales 9.500 millones afectar\u00edan al Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ), la polic\u00eda de investigaci\u00f3n del pa\u00eds. El presupuesto de 2027 contempla otra reducci\u00f3n del 5 %, que el Poder Judicial asumi\u00f3 proponiendo no sustituir ning\u00fan veh\u00edculo; el 51 % de esa flota pertenece al OIJ. La Corte autoriz\u00f3 emprender acciones legales para impedir los recortes el 24 de agosto. Nada de esto requiri\u00f3 reformar la Constituci\u00f3n. Requiri\u00f3 un ministro de Hacienda dispuesto a enfrentarse a la Corte, y Fern\u00e1ndez tiene uno poco habitual: Rodrigo Chaves, su predecesor y mentor, ocupa simult\u00e1neamente las carteras de Hacienda y Presidencia y conserva la inmunidad frente a las investigaciones penales que este mismo Poder Judicial ha abierto contra \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

El 15 de junio, Fern\u00e1ndez envi\u00f3 seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. El principal, la Ley Gerson Rosales Cascante, establecer\u00eda que la respuesta armada de un agente de polic\u00eda o de un guardia de seguridad privada durante el ejercicio de sus funciones se presume leg\u00edtima defensa, dejando en manos de los fiscales demostrar lo contrario. Un segundo paquete lleg\u00f3 el 27 de julio, con otros cinco proyectos y una reforma constitucional que ampliar\u00eda los delitos susceptibles de extradici\u00f3n. La Sala Constitucional determinar\u00e1, mediante consulta obligatoria, si estos textos afectan las garant\u00edas constitucionales y, en caso afirmativo, su aprobaci\u00f3n requerir\u00e1 38 votos. La sala que deber\u00e1 responder a esa pregunta es precisamente la que el partido de Fern\u00e1ndez ha mantenido por debajo de su composici\u00f3n completa desde mayo, lo que significa que la disputa por los nombramientos y la disputa por el paquete de seguridad son, en realidad, la misma disputa.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n de Asuntos Penales del Colegio de Abogados encontr\u00f3 defectos t\u00e9cnicos y vulneraciones de principios constitucionales en cinco de los seis proyectos, incluidos el proyecto contra las asociaciones criminales y el relativo a la reincidencia, y recomend\u00f3 una revisi\u00f3n profunda o su retirada definitiva. La comisi\u00f3n advirti\u00f3 que el programa es inviable sin reformar al menos otras ocho leyes y que, tal como est\u00e1 redactado, corre el riesgo de violar las Reglas Nelson Mandela y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. En un intento de desacreditar estas conclusiones, Fern\u00e1ndez respondi\u00f3 que el informe no representaba la posici\u00f3n oficial del Colegio, sino el trabajo de un comit\u00e9 formado por abogados progresistas. Un Gobierno que interpreta como partidista el an\u00e1lisis t\u00e9cnico del Colegio de Abogados est\u00e1 transmitiendo al pa\u00eds que cualquier organismo profesional que llegue a una conclusi\u00f3n inc\u00f3moda est\u00e1 actuando pol\u00edticamente.<\/p>\n\n\n\n

El argumento de seguridad utilizado para justificar todo esto tampoco resiste un an\u00e1lisis detenido. Los homicidios alcanzaron un m\u00e1ximo de 905 en 2023, descendieron a 876 en 2024, se mantuvieron cerca de 870 en 2025 y disminuyeron aproximadamente un 15 % durante el primer semestre de 2026, seg\u00fan las propias cifras del Gobierno. El descenso comenz\u00f3 dos a\u00f1os antes de que Fern\u00e1ndez asumiera el cargo. Su ministro de Seguridad, Gerald Campos, ha declarado p\u00fablicamente que lo que sigue faltando son condenas, que dependen de fiscales y jueces. La respuesta del Gobierno ha sido recortar el presupuesto del OIJ m\u00e1s que el de cualquier otra dependencia judicial.<\/p>\n\n\n\n

El giro de Am\u00e9rica Latina hacia la mano dura suele atribuirse a la disposici\u00f3n de los votantes a intercambiar garant\u00edas legales por la promesa de seguridad. Los datos de las encuestas costarricenses no respaldan este argumento. Al plantearse una pregunta abierta en el informe del panel de marzo del CIEP-UCR sobre qu\u00e9 influy\u00f3 m\u00e1s en su voto presidencial, el 23 % mencion\u00f3 la continuidad y el 14 % las propuestas program\u00e1ticas, mientras que la seguridad se situ\u00f3 en un 4 % o menos, al mismo nivel que la tradici\u00f3n partidista y la lucha contra la corrupci\u00f3n.La esperanza super\u00f3 al miedo como motivaci\u00f3n declarada por 76 % frente a 20 %, y el 60 % eligi\u00f3 a un candidato en lugar de a un partido. Los costarricenses eligieron a un sucesor personalista que promet\u00eda continuidad, un mandato m\u00e1s limitado de lo que Fern\u00e1ndez ha pretendido.<\/p>\n\n\n\n

Entre abril de 2025 y mayo de 2026, mientras el Gobierno actual y su predecesor atacaban al Poder Judicial, los costarricenses aumentaron su valoraci\u00f3n de todas las instituciones jur\u00eddicas analizadas por la encuesta: la Sala Constitucional pas\u00f3 de 6,0 a 6,5; el Poder Judicial, de 5,6 a 6,0; la Fiscal\u00eda, de 5,4 a 5,8; y el OIJ, de 7,0 a 7,2. La inseguridad contin\u00faa siendo la principal preocupaci\u00f3n, con un 49,5 %. El resultado m\u00e1s revelador es que el 65 % apoya un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, mientras que el 55 % se opone al acuerdo sobre deportaciones desde terceros pa\u00edses que su Gobierno firm\u00f3. Esto demuestra que la poblaci\u00f3n distingue entre la cooperaci\u00f3n y el acuerdo concreto alcanzado en su nombre. Querer seguridad y culpar al Poder Judicial son dos afirmaciones distintas, y las evidencias solo respaldan la primera.<\/p>\n\n\n\n

El modelo de Bukele lleg\u00f3 a Costa Rica sin la arquitectura jur\u00eddica ni de seguridad existente en El Salvador. Costa Rica no tiene ej\u00e9rcito que desplegar, y es probable que un estado de excepci\u00f3n no superara el examen de la Corte, que ahora est\u00e1 siendo vaciada de contenido. Lo que s\u00ed cruz\u00f3 la frontera fue el espect\u00e1culo. El Centro de Alta Contenci\u00f3n contra el Crimen Organizado (CACCO), que se est\u00e1 construyendo junto a la prisi\u00f3n La Reforma con planos donados por el Gobierno de Nayib Bukele, est\u00e1 completado en un 64 % y tendr\u00e1 capacidad para 5.100 presos, con un coste cercano a los 35 millones de d\u00f3lares. Son muchos m\u00e1s reclusos de los que justificar\u00edan las condenas penales de Costa Rica. Fern\u00e1ndez incluso ha planteado la posibilidad de llevar a visitarlo a escolares de barrios con altos niveles de delincuencia. Esto se parece a lo que Christine Wade ha denominado \u00abpunitivismo performativo\u00bb: un Gobierno que no puede reproducir el modelo policial salvadore\u00f1o s\u00ed puede reproducir su imaginer\u00eda por el precio de un edificio.<\/p>\n\n\n\n

La pol\u00edtica estadounidense bajo la denominada \u00abDoctrina Trump\u00bb est\u00e1 ahora financiando y recompensando la adopci\u00f3n de pol\u00edticas de mano dura y la construcci\u00f3n de megac\u00e1rceles en toda la regi\u00f3n. Costa Rica se incorpor\u00f3 al Escudo de las Am\u00e9ricas durante la cumbre de Doral de marzo y acept\u00f3 recibir hasta 1.300 deportados de terceros pa\u00edses al a\u00f1o. Marco Rubio felicit\u00f3 a Fern\u00e1ndez y enumer\u00f3 las prioridades que comparten ambos Gobiernos; la independencia judicial no estaba entre ellas.<\/p>\n\n\n\n

La presidenta Fern\u00e1ndez probablemente terminar\u00e1 su mandato en 2030 y entregar\u00e1 el poder a un sucesor elegido democr\u00e1ticamente. El Tribunal Supremo de Elecciones no est\u00e1 amenazado y la oposici\u00f3n pol\u00edtica todav\u00eda conserva capacidad de influencia. Lo que est\u00e1 en juego es la independencia judicial: si los investigadores judiciales tendr\u00e1n veh\u00edculos para trabajar en casos de homicidio; si la Fiscal\u00eda contar\u00e1 con fiscales suficientes para convertir esas investigaciones en las condenas que el Gobierno dice querer; y si una Corte Constitucional con una composici\u00f3n incompleta podr\u00e1 absorber la carga de trabajo que llegar\u00e1 cuando abra el CACCO.<\/p>\n\n\n\n

Las instituciones costarricenses todav\u00eda no est\u00e1n colapsando. Pero ninguna Constituci\u00f3n se hace cumplir por s\u00ed sola, y el poder ejecutivo ha decidido que no responder\u00e1 ante nadie m\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Costa Rica enfrenta un creciente deterioro de la independencia judicial a la vez que el Gobierno impulsa pol\u00edticas de mano dura que los votantes no han respaldado.<\/p>\n","protected":false},"author":924,"featured_media":58891,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","podmotor_file_id":"","podmotor_episode_id":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[16609,16660],"tags":[14126],"gps":[],"class_list":["post-58890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-costa-rica","category-seguridad-publica","tag-debates-br-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/924"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58894,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58890\/revisions\/58894"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58890"},{"taxonomy":"gps","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gps?post=58890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}