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<\/a><\/figure>\n\n\n\nVale la pena repasar la historia, porque se lee casi como un manual sobre c\u00f3mo vaciar una ley sin derogarla. Sancionada en agosto de 2025, la norma tiene dos objetivos: recuperar al menos una parte del poder adquisitivo que la inflaci\u00f3n les arrebat\u00f3 a los salarios docentes y no docentes, y actualizar las becas estudiantiles. El 10 de septiembre Milei la vet\u00f3 en su totalidad. El Congreso no retrocedi\u00f3. El 17 de septiembre Diputados y el 2 de octubre el Senado reunieron los dos tercios que exige la Constituci\u00f3n, y el veto qued\u00f3 sin efecto. El Gobierno cambi\u00f3 entonces de estrategia. El 21 de octubre promulg\u00f3 la ley mediante el Decreto 759, pero en el mismo texto suspendi\u00f3 su aplicaci\u00f3n hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. En los papeles, la ley est\u00e1 vigente; en los hechos, sigue congelada. Es un segundo veto con otro nombre.<\/p>\n\n\n\n
La disputa se traslad\u00f3 entonces a los tribunales. A pedido del CIN, el juez federal Mart\u00edn Cormick dict\u00f3 en diciembre una medida cautelar que ordenaba al Gobierno pagar los aumentos y actualizar las becas. La C\u00e1mara de Apelaciones confirm\u00f3 el fallo en marzo y la Corte Suprema hizo lo propio en junio. El Gobierno no se movi\u00f3 de su postura. Sostiene que la ley implicar\u00eda un gasto sin financiamiento de unos 2,5 billones de pesos, alrededor de 1.600 millones de d\u00f3lares o el 0,3 % del PBI, y hasta intent\u00f3 recusar a los jueces de la Corte con el argumento de que, al ser ellos mismos profesores universitarios, no pueden ser imparciales.<\/p>\n\n\n\n
El 6 de octubre Cormick declar\u00f3 inconstitucional la cl\u00e1usula de suspensi\u00f3n del decreto y, ante la falta de pagos, le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de 100.000 pesos por cada d\u00eda de demora. Son unos 65 d\u00f3lares: una sanci\u00f3n m\u00e1s simb\u00f3lica que disuasoria. La ley sigue sin cumplirse.<\/p>\n\n\n\n
Lo que est\u00e1 en juego no es una partida presupuestaria, sino la supervivencia del sistema universitario p\u00fablico argentino. Seg\u00fan los gremios docentes, aplicar la ley supondr\u00eda un ajuste salarial de alrededor del 35 % para el personal docente, un refuerzo de las becas estudiantiles y la actualizaci\u00f3n de los gastos de funcionamiento de las universidades: medidas modestas despu\u00e9s de a\u00f1os en que la inflaci\u00f3n devor\u00f3 salarios y becas. En el trasfondo se perfila un proyecto cada vez m\u00e1s expl\u00edcito, que apunta a achicar la universidad p\u00fablica en beneficio de la privada.<\/p>\n\n\n\n
Pero el conflicto universitario dice tambi\u00e9n algo m\u00e1s amplio sobre la naturaleza del proyecto de Milei. Se ha convertido en una de las pruebas m\u00e1s claras de la relaci\u00f3n de este gobierno con el Estado de derecho. Milei no rompe de frente con el orden constitucional: lo rodea. El veto, el decreto que promulga una ley y la suspende en el mismo acto, el intento de apartar a los jueces, la negativa obstinada a acatar los fallos judiciales: cada uno es una herramienta para desactivar el funcionamiento normal de las instituciones. Ninguno, por s\u00ed solo, constituye una ruptura. En conjunto, configuran un ataque sostenido a la democracia constitucional argentina y sientan precedentes peligrosos para el Estado de derecho, que cualquier gobierno futuro podr\u00eda aprovechar.<\/p>\n\n\n\n
En algunos aspectos, el conflicto recuerda a las protestas estudiantiles de Chile en 2011, cuando la defensa de la educaci\u00f3n p\u00fablica se convirti\u00f3 en el punto de encuentro de un malestar mucho m\u00e1s amplio. Hoy el movimiento universitario es el principal movimiento social opositor a Milei. Su peso, sin embargo, es m\u00e1s expresivo que decisivo. Funciona como caja de resonancia del descontento social y como aglutinante de una coalici\u00f3n social heterog\u00e9nea, mucho menos como una fuerza capaz de torcer el rumbo del Gobierno. Su principal l\u00edmite es la debilidad del campo progresista, que todav\u00eda no logr\u00f3 convertir la protesta en una alternativa pol\u00edtica cre\u00edble. El kirchnerismo ya no la ofrece, y el antikirchnerismo sigue siendo la identidad pol\u00edtica m\u00e1s fuerte del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, las protestas universitarias dejan al descubierto una fractura profunda dentro de la juventud argentina. De un lado est\u00e1 la universidad p\u00fablica, que form\u00f3 a una generaci\u00f3n con una visi\u00f3n comunitaria de la sociedad y una confianza en el Estado arraigada en la tradici\u00f3n peronista. Del otro, las universidades privadas, en continua expansi\u00f3n, y el vasto mundo de j\u00f3venes que trabajan en lugar de estudiar, muchas veces en la informalidad. Es all\u00ed donde Milei encuentra parte de su apoyo m\u00e1s firme. En ese terreno, abonado por su ret\u00f3rica teatral, echan ra\u00edces un culto ciego a lo nuevo, un individualismo impaciente con toda instituci\u00f3n y un desprecio radical por la pol\u00edtica, lisa y llanamente equiparada con el kirchnerismo.<\/p>\n\n\n\n
Es la mezcla ideal para la versi\u00f3n m\u00e1s feroz del anarcocapitalismo. Y es por eso que, de cara a 2027, la batalla por las universidades no se reduce a c\u00f3mo se financian. Se trata de qu\u00e9 tipo de ciudadan\u00eda elegir\u00e1 la Argentina para construir su futuro.<\/p>\n\n\n\n
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El conflicto entre Milei y las universidades p\u00fablicas trasciende el financiamiento educativo y pone a prueba el Estado de derecho y el futuro de la democracia argentina.<\/p>\n","protected":false},"author":956,"featured_media":59944,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","podmotor_file_id":"","podmotor_episode_id":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[16532,16489],"tags":[14126],"gps":[],"class_list":["post-59943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-protestas","category-argentina","tag-debates-br-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/956"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59943"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59947,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59943\/revisions\/59947"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59943"},{"taxonomy":"gps","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/gps?post=59943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}