{"id":6676,"date":"2021-07-13T11:15:00","date_gmt":"2021-07-13T14:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/latinoamerica21.com\/?p=6676"},"modified":"2023-12-20T05:31:26","modified_gmt":"2023-12-20T08:31:26","slug":"quien-es-dueno-del-subsuelo-peru-y-su-constitucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/quien-es-dueno-del-subsuelo-peru-y-su-constitucion\/","title":{"rendered":"\u00bfQui\u00e9n es due\u00f1o del subsuelo? Per\u00fa y su constituci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Coautor Jos\u00e9 de la Torre Ugarte<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/elcomercio.pe\/elecciones-2021\/pedro-castillo-y-keiko-fujimori-las-reformas-constitucionales-en-campana-peru-libre-fuerza-popular-segunda-vuelta-noticia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La reforma constitucional, un aspecto central de la campa\u00f1a del candidato electo Pedro Castillo<\/a>, ratificado en recientes declaraciones es, sin embargo, a la luz de la movilizaci\u00f3n de los sectores contrarios \u2014principalmente afincados en la capital\u2014 una idea inviable o al menos de un alt\u00edsimo costo. Por ello, el pr\u00f3ximo gobierno se enfrenta a un reto clave: implementar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta discusi\u00f3n se enmarca dentro del <a href=\"http:\/\/latinoamerica21.com\/es\/una-agenda-ambiental-para-el-peru\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">debate sobre el fracaso de las pol\u00edticas extractivas aplicadas durante los \u00faltimos 30 a\u00f1os<\/a> que no han tra\u00eddo beneficios econ\u00f3micos ni social a las poblaciones circundantes de los proyectos mineros de la sierra, ni a los gas\u00edferos y petrol\u00edferos de la selva. Frente a este escenario, \u00bfpuede realmente un cambio constitucional contribuir a distribuir de forma m\u00e1s equitativa los recursos?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El modelo econ\u00f3mico del Per\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gran parte del modelo econ\u00f3mico peruano se basa en las reformas implementadas a inicios de los 90\u2019. Durante el gobierno de Fujimori se derog\u00f3 la \u201cLey de Reforma Agraria\u201d implementada durante el gobierno de Velasco Alvarado (1968-1972) y se implementaron mecanismos de mercado que fomentaron la agricultura privada de exportaci\u00f3n que produjo un retorno considerable para la econom\u00eda. Esta pol\u00edtica, sin embargo, concentr\u00f3 la riqueza en pocas manos y gener\u00f3 mayor exclusi\u00f3n econ\u00f3mica y social en las comunidades afectadas debido a la falta de acceso a mecanismos de cr\u00e9dito y tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En esos a\u00f1os se introdujo tambi\u00e9n reformas que liberalizaron la venta y comercializaci\u00f3n de las tierras, incluido las devueltas por medio de la Reforma Agraria, ignorando las condiciones de las comunidades campesinas e ind\u00edgenas. De hecho, se introdujeron requisitos adicionales para el acceso al cr\u00e9dito que terminaron beneficiando a un peque\u00f1o sector formal de la econom\u00eda. Estas leyes, sumado a la definici\u00f3n constitucional de que parte de las tierras campesinas e ind\u00edgenas \u201csin utilizar\u201d deb\u00edan retornar al Estado para \u201csu adjudicaci\u00f3n en venta\u201d, llevaron a que cerca de 600 mil campesinos e ind\u00edgenas quedaran fuera del mercado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La propiedad del subsuelo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las reformas promercado implementadas fue la que asumi\u00f3 todos los recursos naturales como patrimonio de la naci\u00f3n, incluyendo la propiedad del subsuelo. De esta manera, las \u00e9lites que gobernaron durante los \u00faltimos 30 a\u00f1os se apropiaron de los recursos extractivos, entreg\u00e1ndolos en concesi\u00f3n, mientras exclu\u00edan a las comunidades que habitaban los territorios donde se encontraban.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, no es casualidad que en mayo de este a\u00f1o los conflictos sobre la tierra, la explotaci\u00f3n minera y petrolera representen m\u00e1s del 70% \u2014124 de 191\u2014 del total de los conflictos, seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo. Este es uno de los problemas claves del pa\u00eds que, de no resolverse a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de nuevas pol\u00edticas podr\u00edan generar una ingobernabilidad sostenida.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, son varios los frentes que presionan al presidente electo para que lleve a cabo su propuesta de cambio constitucional. Su propio partido, Per\u00fa Libre, as\u00ed como su bancada, presionan p\u00fablicamente para que no se desv\u00ede del ideario original. Pero, por otro lado, hay una oposici\u00f3n creciente que ve con suspicacia el cambio constitucional como una medida para perpetuarse en el poder. Por ello, para evitar una confrontaci\u00f3n que ponga en juego la propia continuidad del gobierno es necesario plantear una salida realista que d\u00e9 soluci\u00f3n al problema hist\u00f3rico de la propiedad de las tierras campesinas e ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una posible soluci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El modelo actual dicta que es el Estado quien debe proveer de servicios p\u00fablicos a los pueblos originarios y comunidades cuyos recursos son explotados a trav\u00e9s de concesiones. Pero desde Lima se culpa a las comunidades de \u201cobstruir la inversi\u00f3n privada\u201d. Adem\u00e1s, las comunidades no cuentan con herramientas legales para obtener r\u00e9ditos directos de la explotaci\u00f3n de sus recursos y mucho menos para participar como empresarios en dicha actividad. Y las regal\u00edas o el canon minero distan de ser herramientas reales de empoderamiento de las comunidades ya que son simples entregas de dinero, pero no las hacen part\u00edcipes del negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>El problema de fondo sigue siendo el marco legal que no permite a las comunidades realizar transacciones econ\u00f3micas de compra, venta, ni obtener directamente r\u00e9ditos por la explotaci\u00f3n de sus recursos. Per\u00fa muestra grandes brechas en la construcci\u00f3n de un mercado s\u00f3lido y el fomento de la riqueza, lo cual contrasta con lo que sucede en algunos pa\u00edses desarrollados con presencia de comunidades ind\u00edgenas. En Canad\u00e1 y Estados Unidos, las comunidades ind\u00edgenas son las propietarias de los recursos y como tal pueden negociar directamente con el Estado o con las empresas multinacionales y reciben directamente una compensaci\u00f3n por la utilizaci\u00f3n de sus recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras la discusi\u00f3n constitucional se avecina, el nuevo gobierno debe plantear soluciones viables. Ya sea a trav\u00e9s de una nueva Constituci\u00f3n, lo cual parece distante, o a trav\u00e9s de una \u201ccirug\u00eda\u201d constitucional, que podr\u00eda tener mayor respaldo. Es evidente que este tipo de \u201ccirug\u00eda\u201d no basta para garantizar el \u00e9xito, ni generar riqueza de forma inmediata. Por lo tanto, &nbsp;un recurso clave que podr\u00eda acompa\u00f1ar un posible referendo sobre la propiedad del subsuelo deber\u00eda considerar la participaci\u00f3n del gobierno en varios niveles para canalizar los acuerdos. Esto es especialmente relevante en un pa\u00eds monta\u00f1oso, donde las actividades extractivas desarrolladas en cuencas altas tienen importantes repercusiones en otras \u00e1reas, lo cual podr\u00eda desembocar en nuevos conflictos.<\/p>\n\n\n\n<p>La propuesta de un plebiscito constitucional tambi\u00e9n conlleva riesgos. La proliferaci\u00f3n de actividades mineras en un pa\u00eds con un Estado incapaz de controlar dichas actividades puede desembocar en un desastre a\u00fan mayor. Por lo tanto, este escenario demandar\u00eda una revisi\u00f3n detallada de los l\u00edmites y alcances en los acuerdos de explotaci\u00f3n entre privados, de tal forma que el Estado siguiera ejerciendo el rol rector. Para ello, se deber\u00edan fortalecer las capacidades de actores centrales como la OEFA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energ\u00eda y Minas, quienes deber\u00e1n ejercer un estricto control.<\/p>\n\n\n\n<p>En s\u00edntesis, el presidente electo, Pedro Castillo, debe repensar qui\u00e9n es el due\u00f1o del&nbsp; subsuelo en un pa\u00eds de pobres. Quiz\u00e1s lo que podr\u00eda detener la conflictividad y cambiar la historia de las comunidades campesinas e ind\u00edgenas del Per\u00fa es revisar la cesi\u00f3n del derecho sobre el subsuelo.<\/p>\n\n\n\n<p><em><sub>Jos\u00e9 de la Torre Ugarte ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicaci\u00f3n y organizaciones sin fines de lucro. Posee un MBA de Pac\u00edfico Business School (Lima) e MS en Marketing de la EAE Business School (Madrid)<\/sub><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coautor Jos\u00e9 de la Torre Ugarte<br \/>\nLa reforma constitucional, un aspecto central de la campa\u00f1a de Pedro Castillo, es una idea inviable o al menos de un alt\u00edsimo costo. 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