{"id":7772,"date":"2021-10-14T09:00:00","date_gmt":"2021-10-14T12:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/latinoamerica21.com\/?p=7772"},"modified":"2021-10-25T19:15:50","modified_gmt":"2021-10-25T22:15:50","slug":"colombia-cinco-anos-de-una-paz-incumplida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/colombia-cinco-anos-de-una-paz-incumplida\/","title":{"rendered":"Colombia: cinco a\u00f1os de una paz incumplida"},"content":{"rendered":"\n

El pr\u00f3ximo mes de noviembre se cumplen cinco a\u00f1os de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde entonces, y siendo \u00e9ste un buen momento para hacer balance, una conclusi\u00f3n justa ser\u00eda la de concebir la paz colombiana como una paz incumplida. Una paz que ha encontrado en el actual gobierno de Iv\u00e1n Duque, en sus estertores, un saboteador de manual que, a base de incumplimientos, retrasos y resistencias, ha desdibujado el proceso de implementaci\u00f3n<\/a> que, inicialmente, cab\u00eda esperar.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, los a\u00f1os 2017 y 2018 deb\u00edan ser los primeros pasos en la construcci\u00f3n de paz, de manera que la prioridad deb\u00eda ser la materializaci\u00f3n de la dejaci\u00f3n de armas y el cese al fuego definitivo, adem\u00e1s del desarrollo del componente normativo e institucional que favoreciese la implementaci\u00f3n. Expresado de otro modo, es desde 2019 que el Acuerdo deb\u00eda asumir su dimensi\u00f3n m\u00e1s puramente transformadora, removiendo las condiciones estructurales, simb\u00f3licas y culturales que soportaron durante cinco d\u00e9cadas la violencia.<\/p>\n\n\n\n

Empero, si se observa el \u00faltimo reporte de seguimiento realizado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame <\/a>es posible observar c\u00f3mo, en todo 2020, por ejemplo, el nivel de avance, como igual sucedi\u00f3 en 2019, apenas fue del 2%, situ\u00e1ndose en un avance \u00edntegro del cumplimiento de apenas el 28%.<\/p>\n\n\n\n

Relacionado con el primer punto del Acuerdo, relativo a la Reforma Rural Integral, contin\u00faan irresolutos los retrasos en la conformaci\u00f3n de un Fondo Nacional de Tierras que permita redistribuir la tenencia de la tierra de una manera m\u00e1s democr\u00e1tica y productiva, de la misma manera que cualquier atisbo de fortalecimiento de la democracia local, por el momento, apenas se reduce a una declaraci\u00f3n de intenciones. Tanto es as\u00ed que, seg\u00fan el informe publicado el pasado mes de mayo, hasta la fecha s\u00f3lo se hab\u00eda completado \u00edntegramente un 4% del total de las 104 disposiciones contempladas en el Acuerdo.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los aspectos con importantes dificultades en cuanto a su implementaci\u00f3n es el que guarda relaci\u00f3n con el punto cuarto, centrado en el Problema de las Drogas Il\u00edcitas. A tal efecto, el Programa Nacional Integral para la Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito ha experimentado importantes retrasos en su puesta en marcha, adem\u00e1s de carecer de espacios de interlocuci\u00f3n efectivos con la sociedad civil. Y a pesar de que la superficie cocalera se ha conseguido reducir por debajo de las 150.000 hect\u00e1reas, los niveles de producci\u00f3n de coca\u00edna han aumentado y la geograf\u00eda de la violencia sigue siendo la misma que antes de la firma del Acuerdo. Esto es, el 90% de la producci\u00f3n cocalera se concentra en apenas nueve departamentos del pa\u00eds, siendo los mismos escenarios en donde, hasta el momento, se han concentrado el 90% de los m\u00e1s de 300 homicidios violentos contra excombatientes, y el 75% de los m\u00e1s de 1.400 homicidios violentos contra l\u00edderes sociales, seg\u00fan informan Indepaz y Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n

En contraste, mayor suerte, aunque no mucho mejor, corren el punto segundo (participaci\u00f3n pol\u00edtica), tercero (fin del conflicto) y quinto (v\u00edctimas). As\u00ed, en lo relativo al punto segundo, sobre participaci\u00f3n pol\u00edtica y social, de un total de 94 disposiciones previstas, para el reporte oficial de mayo de 2021 apenas se hab\u00edan satisfecho plenamente un 12% de las mismas, lo que evidencia que muy poco se ha avanzado en la aspiraci\u00f3n de gozar de una democracia m\u00e1s incluyente y efectiva. De hecho, destacan las notables resistencias gubernamentales a impulsar las reformas pol\u00edticas y de representaci\u00f3n democr\u00e1tica que preve\u00eda el Acuerdo y que, en muchos casos, han motivado posiciones de oposici\u00f3n al Ejecutivo de parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Aparentemente, el punto que m\u00e1s ha avanzado ha sido el tercero, relacionado con el fin del conflicto. Especialmente, porque integra todo el componente de desmovilizaci\u00f3n, entrega de armas y reincorporaci\u00f3n a la vida civil. De un total de 140 disposiciones, el 49% est\u00e1n completadas, un 19% se encuentra en fase intermedia, un 19% en inicial y s\u00f3lo un 14% queda por comenzar.<\/p>\n\n\n\n

Empero, mientras que el componente relativo al cese de las hostilidades y la entrega de armas est\u00e1 satisfecho en un 97%, igualmente se ha avanzado ampliamente en el proceso de reincorporaci\u00f3n a la vida civil y pol\u00edtica (59%). Todo lo contrario, los mayores retrasos reposan en las garant\u00edas de la seguridad de los excombatientes (17%) y la acci\u00f3n integral contra el desminado, \u00edntegramente en proceso de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A tal efecto, la falta de garant\u00edas a la seguridad y las demoras procedimentales lastran un proceso de reincorporaci\u00f3n que incorpora una alt\u00edsima vocaci\u00f3n agraria que contrasta con una realidad cuestionable. En octubre de 2021 la mayor\u00eda de los exguerrilleros sigue trabajando sobre predios arrendados y los proyectos productivos en favor de la poblaci\u00f3n guerrillera a\u00fan no ha llegado ni a la mitad de los excombatientes desmovilizados.<\/p>\n\n\n\n

Quedar\u00eda por analizar la situaci\u00f3n de la implementaci\u00f3n del \u00faltimo de los puntos del Acuerdo, relativo a las v\u00edctimas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y no Repetici\u00f3n ha experimentado una f\u00e9rrea oposici\u00f3n del actual gobierno. Desde el inicio hubo una especial demora en la aprobaci\u00f3n de la Ley Estatutaria de la JEP, pues, aunque el 8 de febrero de 2019 el Congreso hab\u00eda cumplido con el tr\u00e1mite de remisi\u00f3n al presidente para su sanci\u00f3n, dos d\u00edas despu\u00e9s, \u00e9ste presentaba objeciones a la norma que, aunque no prosperaron demoraron su entrada en vigor hasta el 6 de junio de 2019. Tal entrada en vigor, desde entonces, se ha acompa\u00f1ado con una reducci\u00f3n en su financiaci\u00f3n que llega al 30%, y que nuevamente exhibe al actual gobierno de Duque como un actor que dificulta m\u00e1s que posibilita una correcta implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En conclusi\u00f3n, estas cifras invitan a un pesimismo y a una posici\u00f3n de clara confrontaci\u00f3n con la posici\u00f3n oficial del uribismo<\/em>. La \u00fanica llamada al optimismo reposa en que, con toda seguridad, su posici\u00f3n desaparecer\u00e1 de la Casa Nari\u00f1o en las elecciones presidenciales que se celebrar\u00e1n el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Esperemos que sea el momento para que llegue a la presidencia de Colombia un gobierno a la altura de un Acuerdo de Paz que, como reconoce la prestigiosa Universidad de Notre Dame, a pesar de sus dificultades, es el m\u00e1s ambicioso y completo de los suscritos en las \u00faltimas d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n

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Episodio relacionado de nuestro\u00a0podcast<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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