{"id":8076,"date":"2021-11-07T06:00:00","date_gmt":"2021-11-07T09:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/latinoamerica21.com\/?p=8076"},"modified":"2021-11-07T18:53:47","modified_gmt":"2021-11-07T21:53:47","slug":"la-corte-penal-internacional-y-el-caso-venezolano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/es\/la-corte-penal-internacional-y-el-caso-venezolano\/","title":{"rendered":"La Corte Penal Internacional y el caso venezolano"},"content":{"rendered":"\n

Coautora Margarita L\u00f3pez Maya<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pasado 3 de noviembre, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Karim Khan, anunci\u00f3 la apertura de la investigaci\u00f3n formal por cr\u00edmenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta hist\u00f3rica decisi\u00f3n es la primera en Am\u00e9rica Latina y se produce luego de que Khan diera por concluido el examen preliminar despu\u00e9s de tres d\u00edas de visita en ese pa\u00eds. Dado que Venezuela es signataria del Estatuto de Roma que reconoce la autoridad de la CPI, este anuncio estuvo acompa\u00f1ado por un memorando de entendimiento firmado por Khan y el mandatario venezolano Nicol\u00e1s Maduro, en el cual, bajo el principio de complementariedad, el gobierno se compromete a facilitar la investigaci\u00f3n aun cuando exprese su desacuerdo con esta decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La apertura formal de la investigaci\u00f3n viene a confirmar los informes emitidos por la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misi\u00f3n Internacional Independiente de Determinaci\u00f3n de los Hechos respecto a la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional<\/a> entr\u00f3 en vigor en 2002. Desde entonces, esta corte ha abierto procesos contra exmandatarios como Laurent Gbagbo de Costa de Marfil y Omar al Bashir de Sud\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

En particular, entre las cuatro clases de cr\u00edmenes de mayor trascendencia internacional, los de lesa humanidad son aquellos especialmente atroces cometidos sistem\u00e1ticamente contra la poblaci\u00f3n civil para imponer pol\u00edticas de Estado. Incluyen la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparici\u00f3n forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, desde el exilio, la fiscal venezolana destituida por Maduro, Luisa Ortega D\u00edaz, y el Grupo de Lima acudieron a la CPI, en raz\u00f3n de la cooptaci\u00f3n institucional de la justicia venezolana. A su vez, v\u00edctimas y ONGs tambi\u00e9n concurrieron y recabaron evidencia s\u00f3lida sobre las m\u00faltiples ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas que permitieron abrir un proceso penal internacional en febrero de 2018. De este modo, el fiscal Khan culmina una primera fase iniciada por la anterior fiscal Fatou Bonsouda, responsable del examen preliminar de Venezuela por delitos de Estado cometidos al menos desde abril de 2017, en el marco del ciclo de protestas que entonces ocurri\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 consecuencias podr\u00eda tener esta decisi\u00f3n de la CPI?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, la apertura de una investigaci\u00f3n formal sobre cr\u00edmenes de lesa humanidad da esperanza de justicia a las v\u00edctimas. Ser\u00e1n ellas las principales protagonistas de la investigaci\u00f3n, donde sus testimonios ser\u00e1n cruciales. En segundo lugar,<\/em> la decisi\u00f3n de la CPI abre una ventana de oportunidades para Venezuela en al menos dos dimensiones: una de derechos humanos y otra m\u00e1s propiamente pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n a la primera, si el gobierno desea evitar una condena, necesitar\u00e1 tomar medidas sustanciales que vayan m\u00e1s all\u00e1 de las modificaciones cosm\u00e9ticas con las que pretendi\u00f3 enga\u00f1ar a la fiscal\u00eda en los \u00faltimos meses. Es importante tomar en cuenta que la CPI se rige por un principio de complementariedad que busca interactuar con las jurisdicciones nacionales.<\/p>\n\n\n\n

En casos en los que se evidencia que no hay voluntad ni circunstancias para procesar los cr\u00edmenes dentro de cada pa\u00eds, la CPI avanza por s\u00ed sola con los procesos penales y puede, eventualmente, llevar a condenas. Esta es la raz\u00f3n, por ejemplo, por la que, en su viaje a Am\u00e9rica Latina, Khan decidi\u00f3 cerrar el caso de Colombia y proseguir con la investigaci\u00f3n formal sobre Venezuela. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la Fiscal\u00eda concluy\u00f3 que \u201cexiste un compromiso del Gobierno de Colombia con las diferentes pero interconectadas jurisdicciones que comprenden el sistema de justicia ordinario, el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, y la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, y en particular con la salvaguarda del marco legislativo y de las asignaciones presupuestarias requeridas para su implementaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Maduro tendr\u00eda que demostrar entonces, en esta etapa que se abre, una voluntad de rectificaci\u00f3n y reparaci\u00f3n que conlleve, por ejemplo, la clausura de los centros clandestinos de detenci\u00f3n, la prohibici\u00f3n de juzgar civiles en tribunales militares, la remoci\u00f3n y el procesamiento de las autoridades en los organismos perpetradores de los cr\u00edmenes, incluidas la Fuerza Armada, el Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas, Penales y Criminal\u00edsticas (CICPC), y los cuerpos de Inteligencia Militar. Igualmente, es imprescindible el cierre definitivo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y una reforma judicial que, entre otras cosas, garantice mediante concursos p\u00fablicos y no a dedo, un sistema de justicia independiente.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n a la dimensi\u00f3n pol\u00edtica, la reciente decisi\u00f3n del Fiscal Khan, presiona a Maduro, en caso de que busque evadir la condena, a reconocer delitos durante su gesti\u00f3n que podr\u00edan abrir fisuras en su coalici\u00f3n hegem\u00f3nica. Habida cuenta de que en el memorando de entendimiento la CPI asegura que reconocer\u00e1 los esfuerzos que el Estado haga en relaci\u00f3n a estos cr\u00edmenes, la determinaci\u00f3n de las responsabilidades a lo largo de las cadenas de mando, incluidos los niveles superiores, ser\u00e1 un factor fundamental para mostrar la buena voluntad del gobierno.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfA qui\u00e9nes estar\u00eda dispuesto a sacrificar Maduro para evitar el proceso y posible condena de la CPI? \u00bfQu\u00e9 altos rangos civiles y militares aceptar\u00eda procesar para evadir su propia responsabilidad y la de su entorno m\u00e1s inmediato? Este dilema moment\u00e1neo que fragiliza el bloque de gobierno podr\u00eda aumentar los incentivos en la mesa de negociaci\u00f3n que tuvo lugar este a\u00f1o en M\u00e9xico<\/a> y de la cual el gobierno se retir\u00f3 en protesta por la extradici\u00f3n de Alex Saab a EEUU desde Cabo Verde. Saab, un empresario colombiano estrechamente ligado a los negocios del gobierno de Maduro y su familia en el exterior, fue imputado por blanqueado de dinero. La decisi\u00f3n del fiscal podr\u00eda contribuir al regreso del gobierno a dicha mesa con mayores incentivos para hacer concesiones de reinstitucionalizaci\u00f3n democr\u00e1tica<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

No cabe duda de que el r\u00e9gimen har\u00e1 todo lo posible jur\u00eddicamente para dilatar la investigaci\u00f3n de la CPI. Es consciente de que estos procesos pueden llevar a\u00f1os y est\u00e1n plagados de obst\u00e1culos. Adem\u00e1s, contin\u00faa con el hostigamiento a ONGs y testigos que est\u00e1n colaborando. Sin embargo, el paso tomado por la Fiscal\u00eda constituye un primer logro para muchas v\u00edctimas venezolanas que, ante la ausencia de justicia en el pa\u00eds, la censura oficial y la campa\u00f1a medi\u00e1tica internacional que invisibiliza los cr\u00edmenes del Estado, han persistido sin descanso en el reclamo de justicia, del derecho a la verdad y a las debidas garant\u00edas de reparaci\u00f3n y de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos regionales, la hist\u00f3rica decisi\u00f3n de abrir la investigaci\u00f3n por delitos de lesa humanidad en Venezuela es un precedente importante en tiempos en que los sistemas democr\u00e1ticos parecen estar en retroceso<\/a>. Implica una advertencia frente a las ambiciones y pr\u00e1cticas autocr\u00e1ticas, de que a\u00fan existen mecanismos capaces de impartir justicia a pesar de que se controlen las instituciones nacionales. Rompe con la impunidad en la violaci\u00f3n de derechos humanos en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Unos cuantos estar\u00e1n calculando poner sus barbas en remojo.<\/p>\n\n\n\n

Margarita L\u00f3pez Maya fue profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Revista Venezolana de Econom\u00eda y Ciencias Sociales, miembro del Comit\u00e9 Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).<\/sub><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Coautora Margarita L\u00f3pez Maya
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