La reflexión en torno a la democracia en una región tan heterogénea como es América Latina es siempre una cuestión compleja que, además, no está exenta de valoraciones subjetivas. Desde hace al menos dos décadas se han venido articulando diferentes esfuerzos intelectuales, no exentos de polémica, que facilitan la evaluación del desempeño de la política a través de mecanismos metodológicos transparentes y siguiendo soportes teóricos referidos a la conceptualización de la democracia. La inspiración del pensamiento de Robert Dahl, Giovanni Sartori, Juan J. Linz, Guillermo O´Donnell, Leonardo Morlino y Larry Diamond, entre una amplia nómina, fue para ello notoria. Ello se ha vertido en la elaboración de índices que ayudan en la comparación tanto sincrónica como diacrónica para avanzar en la comprensión del acontecer político y lograr establecer hipótesis sobre el mismo para validarlas o rechazarlas posteriormente. Los índices son atajos cognitivos de realidades complejas que sirven para capturarlas mediante tareas de descomposición de su contenido en diferentes dimensiones. En el mes de marzo se han publicado en esa línea sendos trabajos por parte de tres instituciones de naturaleza y localización diferente cuyos resultados permiten, un año más, tomar el pulso de la democracia latinoamericana. Se trata del grupo conformado en torno a la publicación The Economist, de la Fundación Bertelsmann y del proyecto Variedades de la Democracia. Esta entrega aborda los resultados de los dos primeros dejando el relativo al tercero para una próxima. La última actualización del índice de The Economist Intelligence Unit (EIU) de democracia que integra 60 indicadores agrupados en las cinco categorías que recogen el proceso electoral, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles sugiere un ligero cambio en la tendencia negativa que había sido advertida en la edición del año pasado y que retoma la senda de la democracia fatigada: las puntuaciones de casi tres cuartas partes de los 167 países recogidos y que son objeto de análisis se mantuvieron estables o mejoraron durante el último año, y el índice global aumentó 0,02 puntos, uno de los mayores incrementos desde 2012. El índice califica los países del 1 al 10 según el estado de su democracia y los clasifica en cuatro categorías avalando la heterogeneidad de los países latinoamericanos: democracias plenas (Uruguay y Costa Rica) e imperfectas (Chile, Panamá, Argentina, Brasil, R. Dominicana, Colombia, Paraguay y Perú), y regímenes híbridos (México, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador) y autoritarios (Cuba, Venezuela y Nicaragua). Mientras que Uruguay ocupa el lugar 12 del estudio Nicaragua se sitúa en el 150 entre los 167 países analizados. En la comparación entre la medición de 2024 y la del año pasado la mayoría de los países mejoran, aunque apenas se trate de unas décimas (la excepción es Bolivia que pasa del 4,3 al 5,4), Costa Rica, Cuba, Ecuador y El Salvador mantienen la misma calificación, mientras que Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela descienden unas pocas décimas. En el comparativo con respecto a 2020 la variación es muy reducida para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay mostrando, por consiguiente, cierta estabilidad. El mayor descenso lo protagonizan Nicaragua y El Salvador al pasar del 3,6 al 2,0 y del 5,9 al 4,6 respectivamente. También descendieron Colombia (del 7,0 al 6,0), Ecuador (del 6,1 al 5,2), México (del 6,1 al 5,4), Venezuela (del 2,8 al 2,1) y Perú (del 6,5 al 5,9). R. Dominicana tiene el mayor progreso al pasar del 6,3 al 6,8. En cuanto al índice de transformación política de la Fundación Bertelsmann, que se realiza cada dos años, integra cinco componentes que miden el grado de capacidades estatales, el estado de derecho, la participación política, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política y social. Como en el caso anterior la medición se realiza de 1 a 10. Uruguay (9,90), Chile (9,25) y Costa Rica (8,90) encabezan el listado latinoamericano distanciándose de un segundo grupo de países integrado por Brasil (7,50), R. Dominicana (7,40), Argentina (7,35). Bolivia y Colombia (ambos con 6,55), Paraguay (6,50), Panamá (6,35), Ecuador (6,25), Perí (5,85) y México (5,60) configuran un tercer grupo de países. En lugares de claro deterioro, aunque con diferencias, se encuentran Honduras (4,75), El Salvador (4,27), Guatemala (4,10), Venezuela (3,07), Cuba (3,05) y Nicaragua (2,92). La evolución registrada entre 2020 y 2026 es más acentuada dado el carácter de la composición del índice que integra componentes diferentes a los de EIU. No obstante, hay ocho países (Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela) cuya variación es muy reducida manteniendo cierta estabilidad). R. Dominicana es el único país que registra progreso al pasar del 6,80 al 7,40. Por el contrario, el mayor descenso lo contabiliza El Salvador que pasa del 7,20 al 4,27. Descensos notables se dan en Nicaragua (-1,11), Ecuador (-0,95), Argentina (-0,80), Panamá (-0,70), Cuba (-0,48) y México (-0,45). Los descensos menores se dan en Perú (-0,30), Bolivia (-0,25) y Colombia (-0,15). El escenario, por consiguiente, ofrece claroscuros, la evidencia de un estancamiento que, no obstante, permite alejarse de posiciones catastrofistas y la siempre presente heterogeneidad de la región con muy marcadas diferencias entre los tres países que se sitúan al frente (Uruguay, Costa Rica y Chile) y los tres que ocupan los lugares postreros (Venezuela, Cuba y Nicaragua). Una perspectiva más fina desde las variedades de la democracia permitirá contar con visiones complementarias. Un análisis que llevaré a cabo en una próxima entrega.
