Semanas de incertidumbre y tensión viven millones de familias inmigrantes que viven en los EEUU tras ponerse en prácticas la política migratoria de Trump. Bien sean por las deportaciones masivas, así como en los cambios en los programas de migración legal aún existentes, migrantes de todas las nacionalidades -independientemente de su estatus legal- han estado sometidos a un estado sostenido de paranoia y persecución. Todo lo cual ocurre ante una lucha judicial abierta en los distintos niveles del sistema de justicia, así como también en la dinámica parlamentaria, tomando en cuenta los efectos que están trayendo consigo estas medidas en la propia economía estadounidense.
Como lo hemos examinado en diferentes episodios, la dinámica migratoria y sus implicaciones sociales, económicas y políticas han estado presente en la agenda hemisférica como nunca antes. Más aún ante la implementación de políticas que profundizan el deterioro de los mecanismos de cooperación internacional, el sistema de garantías del estado de derecho y en especial los diferentes mecanismos para que la política migratoria no se convierta en un instrumento del nacionalismo y el extremismo político.
Si bien el endurecimiento de las medidas migratorias fue uno de los reclamos destacados de la oferta electoral de Trump, ciertamente la forma en la que se están implementando buena parte de estas políticas, atenta contra principios básicos del estado de derecho y el régimen de garantías vigente en los EEUU. Medidas que erosionan la propia capacidad de organización y selectividad del propio sistema migratorio.
