Un contingente policial apoyada por las Naciones Unidas (ONU) desde octubre del año pasado y encabezada por tropas de Kenia, tiene previsto desplegarse próximamente en Haití. Su principal objetivo es contener el enfrentamiento permanente entre las distintas pandillas que se disputan el control del país. Una nueva intervención militar multilateral, que procurará garantizar un mínimo de seguridad que permita la organización de nuevas elecciones.
El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó en su reciente visita a la Casa Blanca que sus efectivos estarán operativos en Haití en un lapso no mayor de tres semanas. Este plazo, que aún no ha comenzado, ni tampoco ha mitigado las dudas que la comunidad internacional tiene sobre la efectividad de la misión ya dispuesta en el terreno. Aunque los efectivos kenianos tienen experiencia en operaciones antidisturbios y en “labores de mantenimiento de la paz” (peacekeeping operations) bajo la doctrina militar de la ONU, como lo han demostrado en Somalia con el apoyo logístico de los Estados Unidos, persisten las preguntas sobre su impacto real en el contexto haitiano.
Un creciente escepticismo dado el precario alcance estratégico que tiene este nuevo mandato y tomando en consideración las 7 intervenciones militares previas, que desde 1990 no han logrado estabilizar de manera duradera al país y, en muchos casos, más bien exacerbaron los problemas existentes. Este historial hace que los haitianos renueven su desconfianza a este nuevo contingente.
Una vez más Haití plantea a la comunidad internacional un desafío significativo: restaurar la confianza y proporcionar una seguridad sostenible en un entorno profundamente marcado por la violencia, la ausencia de institucionalidad y la inestabilidad permanente. La efectividad de la misión keniana dependerá no solo de su capacidad táctica, sino también de su capacidad de adaptación hacia las complejas dinámicas sociopolíticas de Haití y además hacerlo con apego a los derechos humanos. En este sentido, el escenario luce desalentador y son muchas más las respuestas que las preguntas en una nación caribeña castigada por años por la violencia crónica, cuyas repercusiones siguen teniendo severos alcances regionales.
