Guillermo Lasso atraviesa una zona de turbulencia política cuya intensidad podría instalar a Ecuador en la incertidumbre extrema. Si sus problemas de gobernabilidad podían anticiparse por la magra votación de su partido en febrero 2021 (CREO tiene 12 de 137 curules), las otras aristas del trance eran menos previsibles y remiten a las propias limitaciones gubernativas. El modo en que procese su empantanamiento dirá si la derecha prosigue el trayecto de radicalización y cierre democrático, verificado en el cuatrienio de Lenin Moreno (2017-2021), o si se sujeta a la promesa de respetar la República que el ex-banquero hiciera en su reciente toma de mando.

Crisis ampliada

Frente a las masacres carcelarias que sacuden al país, el Ejecutivo no logró identificar si quiera los comandos institucionales responsables del horror. La idea de un gabinete poco expedito se extiende. Luego de un fulgurante crecimiento –debido al acelerado avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19– el presidente sufrió una drástica caída de popularidad apenas a cinco meses de gestión. El veloz empobrecimiento, la caída del poder adquisitivo, el sobreendeudamiento de los hogares, la estampida migratoria, la creciente inseguridad, lucen como problemas acuciantes que el gobierno solo encara con el corroído recurso al pasado (culpar al expresidente Rafael Correa).

Más que el descenso en la evaluación social del poder, sin embargo, se asiste a un quiebre de las expectativas con el futuro y las posibilidades de cambio. La profundidad de la crisis social impide asociar tal escepticismo ciudadano únicamente con las desilusiones políticas, pero su rápida implantación en el nuevo ciclo político revela un déficit de consenso social frente a un gobierno en que el proyecto de las clases dominantes asume pretensiones refundacionales.

Sus primeras iniciativas de reforma estructural provocaron una inmediata impugnación popular y diversas jornadas de protesta, antes de las revelaciones de Pandora Papers. Aunque las sospechas sobre Lasso como histórico evasor del fisco no son nuevas, el escándalo reveló un presidente intolerante y errático: confrontó a la prensa local que publicó la noticia, aludió a una conspiración de Soros -personaje infaltable en la narrativa global de las derechas extremas- y se negó a rendir cuentas ante el Parlamento luego de decir que comparecería donde fuere necesario. El descrédito de la palabra presidencial alumbra un problema más extenso de pérdida de legitimidad gubernativa.

Gobernabilidad precaria, ineficiente gestión, erosión del consenso y acelerada deslegitimación condensan, por ahora, la precoz crisis política de un gobierno que, arropado por el establecimiento y el poder mediático, no imaginó otra cosa que la inmediata aclamación del reformismo empresarial que representa.

Razones de una desilusión

Entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Lasso creció 32 puntos. Su contrincante, la mitad. La Revolución Ciudadana (RC) perdía su primera elección presidencial en 15 años. La épica remontada encumbró al nuevo presidente al podio de los próceres anti-populistas. Los mercados financieros celebraban (el Riesgo País cayó 345 puntos). Los portales de la gran prensa se mostraban eufóricos: finalmente, el país era “viable”, un “Ecuador mejor”. La aclamación sin fisuras de Lasso por parte de la opinión dominante, y su clara victoria en el balotaje, parecieron implantar la idea de que con el fin de las elecciones se clausuraba también el conflicto político. Solo restaba al elegido realizar el proyecto histórico de las élites, finalmente desbloqueado por el voto ciudadano.

La construcción cuasi-imperial de su mandato explicaría que Lasso haya olvidado su promesa de forjar un “gobierno del encuentro”. Dicha tesis emergió tras constatar su escueta votación (20%) en primera vuelta. Aludía así al imperativo de des-polarizar el país y de fundar confluencias de gobierno. Aquello le obligó, antes del balotaje, a mostrar que pasaba del extremo de la derecha hacia el centro político donde se concentraron las preferencias. Pese a ser del Opus Dei asumió incluso tesis del movimiento de mujeres. La virtual reelaboración de su identidad política persuadió indecisos y empujó su triunfo. La promesa de cambio que portaba Lasso pasó a contener, así, la promesa de modificar su propia fuerza. El abandono de tal opción multiplica decepciones.

Apenas posesionado Lasso empezó a operar como si la única cifra que condensa la representación nacional fuera el 52,5% que lo eligió. Desde esa mayoría imaginaria, el gobierno se repliega en su espacio, reafirma los extremos y se regodea en los factores de poder real. Entre la sobreestimación de fuerza popular y la apreciación -realista- de que los poderes fácticos (grupos económicos, militares, medios, embajadas) avalan su gobierno, el presidente juega ya a puentear las instituciones democráticas.

El diseño del gabinete marcó un primer repliegue. Lasso se rodeó de los profesionales libertarios que lo acompañan hace tiempo desde su Fundación Ecuador Libre y de la vieja democracia-cristiana con la que cohabitó como funcionario del expresidente Jamil Mahuad (1998-2000). Ningún espacio decisional relevante ha sido encargado a eventuales aliados. Rompió además con su socio electoral, el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot, poderoso exalcalde guayaquileño. Al hacerlo fragmentó la ya heterogénea familia de la derecha criolla y se enajenó de su expresión más realista y experimentada en la gestión estatal.

El primer megaproyecto del régimen desveló su dogmatismo. Entre otras cuestiones, la normativa procura desvincular trabajo y derechos. La reforma propone que dos personas que realizan similar trabajo sean contratadas de distinto modo -se crea un régimen laboral paralelo que desconoce derechos-; permite incrementar la jornada a 12 horas; reconoce estabilidad solo a partir del cuarto año de trabajo; introduce la figura del “despido justo” y sugiere incluso que el trabajador indemnice al empleador en ciertos casos.

El re-centramiento oficialista fue operativo de campaña. Ni los entendimientos con Pachakutik (partido vinculado al movimiento indígena) e Izquierda Democrática (de raíces socialdemócratas, hoy “cajón de sastre”), para controlar la Asamblea, han morigerado al oficialismo. En medio de invocatorias a diálogos con partidos y organizaciones populares, el Ejecutivo presentó una proforma presupuestaria (2022) que amplía recortes en seguridad social, salud, educación; anticipa despidos a funcionarios y privatización de bienes públicos; y prioriza el pago de deuda. Sin mediar convalecencia de la catástrofe sanitaria y la precarización de la vida experimentadas desde 2020, Lasso persiste en la agenda que las provocó. El momento radical de la derecha es indisociable del uso político de la crisis para profundizar la desigualdad.

La negativa de la Asamblea a tratar el megaproyecto del Ejecutivo, por vicios formales, y el anuncio de movilizaciones pincharon la burbuja. La aclamación al presidente no es ya la única música de fondo. Descolocado, Lasso acusó a Nebot, Correa y Leónidas Iza (presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE) de conspirar. Antes vinculó protesta con desestabilización. Con una Fiscalía leal, todo aquello asume carácter extorsivo. Dicha institución, de hecho, llamó a Iza a comparecer justo cuando iniciaba (fines de octubre) el Paro Nacional. Poco antes, abrió indagatoria a Andrés Arauz (ex presidenciable de RC), activo crítico de las cuentas offshore presidenciales.

La insistencia del relato oficialista de calificar como bloqueo a toda acción opositora empieza a fijar un doble criterio de valoración en las instituciones de control. El silencio de estas sobre Lasso y los Pandora Papers revelaría hasta qué punto la derecha ecuatoriana encara la coyuntura aceitando los poderes reales y con mínima atención de reconstruir reales mayorías democráticas.