El brote de la COVID-19 conllevó el cierre total de las fronteras en América del Sur y, en algunos casos, su militarización para contener la pandemia, lo que dejó a miles de migrantes varados, mientras intentaban retornar a sus países de origen. A la crisis sanitaria se suma una crisis económica cuyas dimensiones aún se están estimando y que han afectado a los migrantes de manera exponencial: desalojos, pérdida del sustento diario, inseguridad alimentaria y aumento de la xenofobia en algunos países.
Además, la crisis humanitaria que ha generado el éxodo desde Venezuela de más de cinco millones de personas, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ha venido acompañado de cambios normativos: creación de permisos temporales, imposición de visas y, en algunos países, propuestas de reforma de las leyes migratorias para unas políticas más restrictivas.
El retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente»
Si bien en los últimos dos decenios, y con el giro a la izquierda en la región se habían planteado leyes migratorias vanguardistas en términos de garantía de derechos y ciudadanía como la ecuatoriana o la uruguaya, el retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente.
En este contexto, Chile y Colombia se encuentran debatiendo sus proyectos de ley migratoria. Por un lado, en Chile, la vigencia de una ley de extranjería de la era Pinochet, (1975), aunada a unos flujos migratorios diversos en las últimas dos décadas (Haití, Colombia, Venezuela), sugiere un necesario y urgente cambio de la normativa, más aún cuando se está planteando la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. La sociedad civil y la Academia se han pronunciado sobre el proyecto y han apuntado, entre otras falencias, a que no introduce mecanismos de regularización permanente.
Por otro lado, en Colombia, país tradicionalmente expulsor de migrantes con el 10% de su población viviendo en el exterior, y ahora país receptor con más de 1.7 millones de venezolanos y más de 500.000 retornados colombianos, la creación de una ley migratoria que recoja toda la normativa dispersa es más que necesaria. Colombia no puede seguir multiplicando decretos y debe encaminarse hacia una política incluyente y garante de derechos. La nueva ley migratoria no puede ser una simple compilación de normas.
Además de estos dos proyectos, recientemente se han presentado varios proyectos sobre el asunto migratorio en el Congreso peruano, entre ellos, el Proyecto de Ley 5349 de 2020. En este se pretende que Perú se retire del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, que fue firmado en diciembre de 2018 y que crea el delito de ingreso irregular, lo que criminaliza a los inmigrantes, en contravía de los estándares internacionales al respecto.
Ahora bien, con estas reformas, ¿qué posibilidades se plantean a escala regional después de la COVID-19? ¿Nos encontramos ante una situación restrictiva y generalizada? Aunque aún es pronto para responder a estas preguntas, en principio, los países sudamericanos tienen dos vías.
La primera es cerrar definitivamente las fronteras, posibilidad poco viable, pues se ha visto, que, incluso con el cierre, la población sigue desplazándose mediante fronteras porosas y, algunas veces, con la ayuda de traficantes. El caso de la migración desde Venezuela es el más evidente: al principio de la pandemia la población empezó a retornar y, actualmente, los caminantes ya se ven deambulando por las carreteras de Colombia para ir hacia el sur.
La segunda es seguir fortaleciendo algunos espacios regionales de diálogo como el Proceso de Quito, que, aunque no es vinculante, pone la política migratoria regional sobre la mesa. Si bien este se ha enfocado en denunciar la dictadura de Nicolás Maduro, los países miembros no solo tienen el gran desafío de la regularización de la población venezolana, sino también su inclusión socioeconómica. Pues, está visto que es una población que llegó a Colombia para quedarse, aunque en algunos Gobiernos se nieguen a aceptarlo, lo que crea medidas temporales y no a largo plazo.
La política migratoria regional no puede centrarse exclusivamente en los flujos migratorios de venezolanos»
Pero no todo es blanco y negro. Primero, la política migratoria regional no puede centrarse exclusivamente en los flujos migratorios de venezolanos. En la ruta Brasil, Ecuador, Colombia hay miles de migrantes en tránsito que requieren de protección internacional. ¿Qué están haciendo los Gobiernos al respecto? Hasta el momento, parecen estar invisibilizados.
Segundo, la posible reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela el próximo mes traerá más migración a la región. Se prevé que llevará a miles de migrantes más a salir de Venezuela. Ante esta situación, ¿qué posibilidades les darán los Gobiernos de la región para regularizarse de manera permanente? En un contexto de creciente xenofobia donde la mitad de las más de 5 millones de personas que han migrado carece de la documentación necesaria para una estancia regular en estos países, preocupa la situación después de la COVID-19.
En tiempos de crisis (humanitaria o sanitaria, tomando en cuenta la COVID-19), pareciera que las políticas migratorias más restrictivas fueran la solución y así lo dejan entrever algunas medidas adoptadas para contener los flujos migratorios en la región. Ahora pareciera que los países sudamericanos hubiesen dejado atrás todo vestigio de encaminarse hacia una ciudadanía suramericana, como se planteó en algún momento en la extinta Unasur. Algunas respuestas gubernamentales no parecen corresponder con esta visión de libre movilidad, antaño promovida en los espacios de integración regional.
Pensar en una ciudadanía suramericana sigue siendo utópico. Por ahora, los Gobiernos sudamericanos no tendrán más opción que seguir enfrentando la migración intrarregional en medio de una crisis económica y sanitaria debido a la COVID-19. La pregunta es cómo. Esperemos que sea con respuestas de acogida que apelen a la solidaridad, a la hospitalidad, pero, sobre todo, que sean garantes de los derechos de los migrantes y sus familias, tomando en cuenta las consecuencias que ha acarreado la COVID-19 en todos los ámbitos.
Foto de Andrés Gómez Tarazona en Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Cientista Política. Profesora de la Univ. Nacional de Colombia. Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en el Institut d'Études Politiques (Sciences-Po) de Estrasburgo (Francia). Especializada en políticas migratorias en A. Latina.
