El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, nuevamente ha decretado estado de excepción el pasado martes en varias provincias del Ecuador. Esta medida, vigente por 60 días, se enmarca en el contexto del denominado «conflicto interno» que persiste desde enero y abarca las provincias de El Oro, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena.
El estado de excepción implica un despliegue militar y policial con el objetivo de «preservar la soberanía y la integridad del Estado», tal como reza el documento oficial. Lo cual implica la suspensión -entre otras garantías- del derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que permite a los cuerpos de seguridad realizar inspecciones, allanamientos y requisas en viviendas con el fin de ubicar y detener a presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.
Una acción gubernamental que revela la persistencia de la situación de inseguridad en estas provincias costeras y la necesidad de tomar medidas extraordinarias para enfrentarla. Sin embargo, el estado de excepción también genera preocupación por el posible impacto en los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos, así como la consolidación de cultura policial en una gestión gubernamental que también debe atender problemáticas socioeconómicas no resueltas heredada de gobiernos anteriores. Sin embargo, la suspensión de garantías como instrumento de gestión pública del conflicto plantea serias interrogantes sobre el equilibrio que debe existir entre una seguridad pública eficiente y las libertades individuales, así como el resguardo al estado de derecho. Dilema presente también en otras naciones de la región como en El Salvador, Honduras o Colombia.
En este contexto, la opinión pública ecuatoriana se ha mantenido todos estos meses de mandato en un dilema permanente entre la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y sus garantías. En todo caso, el gobierno de Noboa debe asegurar que las medidas tomadas durante el estado de excepción sean proporcionales, necesarias y estén sujetas a un estricto respeto por los derechos humanos sin desatender el debido reforzamiento del sistema de justicia ecuatoriano.
