Entre los asuntos que ocupan la atención de la ciudadanía costarricense, destaca la propuesta legislativa presidencial llamada Ley Jaguar. Una iniciativa del Presidente Rodrigo Chaves que en sus nueve artículos, busca reformar las competencias de la Contraloría General de la República. Con la cual promover la obra pública de infraestructuras, reduciendo los controles en los procesos de contratación y ejecución presupuestaria. Ya desde el pasado mes de julio, el Poder Judicial señaló la inconstitucionalidad en los artículos de esta propuesta de Ley Jaguar, lo que provocó la creación de una nueva versión llamada «Ley Jaguar 2.0».
La reforma en su conjunto pretende reformar varios artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de Control Interno, la Ley de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Japdeva. Para lo cual busca en primera instancia un apoyo parlamentario de 29 votos, que de momento luce difícil de concretarse. Su segunda opción, y hasta ahora la más recurrente en el discurso oficial, sería la convocatoria de la iniciativa legislativa popular por medio de la recolección de firmas que active la realización de un referendo popular sobre esta materia.
Durante todo su mandato Rodrigo Chaves ha sido muy crítico contra el «sistema nacional de control» vigente, el cual califica de ineficiente contra la corrupción y también un escollo a las iniciativas de desarrollo de su mandato. En este sentido, cabría preguntarse ¿qué alcances reales pudiera tener la aprobación de esta ley jaguar y su impacto en la dinámica de contrapesos de la democracia más longeva de la región?
