La sombra política alrededor de la excarcelación de Fujimori
Esta semana se conoció el polémico fallo judicial con el que es liberado el expresidente Alberto Fujimori de la cárcel de Barbadillo, en Lima. Lugar de reclusión desde el año 2009 en el que cumplía condena por peculado, homicidio calificado, secuestro agravado, entre otros crímenes de lesa humanidad. Una polémica decisión asumida por el Tribunal Constitucional, en abierta contravención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todas las miradas se dirigen a la inocultable fragilidad y dependencia del gobierno de Dina Boluarte, al fujimorismo presente en el Congreso, para mantenerse en la Casa de Pizarro. Un proceso que inevitablemente, supone la primacía del cálculo político sobre los principios fundamentales del derecho, así como también representa un revés en la lucha contra la impunidad de crímenes contra los derechos humanos.
Venezuela eleva el tono amenazante sobre el Esequibo
Por otra parte, conocidos los resultados del Referendo Consultivo hecho en Venezuela sobre el destino del Esequibo, el presidente Nicolás Maduro autorizó un conjunto de medidas unilaterales sobre este territorio en reclamación que han encendido las alarmas en las cancillerías de la región. Medidas que van desde la emisión de nuevas licencias para la explotación petrolera, gasífera y minera en este territorio, pasando por una propuesta legislativa con la que se crea el Estado «Guayana Esequiba».
Todo lo cual ha generado reacciones en Guyana, nación que califica estas acciones como una «amenaza directa» y un peligroso abandono unilateral del canal diplomático que doctrinariamente, Venezuela había empleado para la gestión de este contencioso limítrofe. En este contexto, cabría preguntarse ¿qué tan lejos considera llegar un régimen autoritario con tan poco respaldo nacional e internacional? ¿Realmente será efectiva la apelación nacionalista, ante el venidero proceso electoral del 2024? De momento se ha anunciado una reunión entre ambos presidentes el próximo 14 de diciembre.
El Ministerio Público en Guatemala amplía su asedio al Tribunal Supremo Electoral
Para el último segmento de nuestro programa, una vez más dirigimos nuestra mirada a Guatemala. Nación que durante todo este 2023, ha sido testigo de un entorno electoral turbulento sin precedente en su historia democrática. En esta ocasión la Fiscalía solicitó directamente la nulidad de las elecciones ya que de acuerdo a su investigación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propició irregularidades por medio del software con el que se procesaron los resultados de la segunda vuelta.
De este modo, el sostenido asedio de la fiscalía contra el movimiento Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo, se amplía ahora a la autoridad electoral. La cual ha visto cómo 4 de sus 5 rectores han sido señalados directamente por el Poder Judicial. Una situación que ha desbordado incluso la capacidad de mediación de la propia OEA, la cual ha calificado este incidente de «golpe de Estado por parte del Ministerio Público». En este escenario ¿será posible un cambio de mandato pacífico, el próximo 14 de enero en Guatemala?
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