Durante más de una década, los diferentes gobiernos que tuvo Colombia consolidaron una política migratoria que se convirtió en una referencia regional para enfrentar uno de los mayores movimientos de población de América Latina: la llegada de millones de venezolanos en el marco de una tregua migratoria . Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas impulsaron mecanismos de regularización, documentación e integración. El punto culminante fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitió a millones de personas acceder a un estatus migratorio regular y, con ello, a derechos y oportunidades que la irregularidad hacía mucho más difíciles. Pero esa política parece entrar en una nueva etapa. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar extranjeros que estén cometiendo delitos y deportarlos, así como localizar posteriormente a quienes permanezcan en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria. La decisión fue presentada como una prioridad de seguridad y bajo el lema de “primero los colombianos”.
El problema es que estas dos situaciones no son equivalentes. Una persona puede estar en situación migratoria irregular sin haber cometido ningún delito. Y esa distinción resulta especialmente importante en Colombia, donde todavía existe una población venezolana, así como de otras nacionalidades, que no ha logrado completar los procesos de regularización. La Corte Constitucional ha reconocido precisamente que la irregularidad migratoria puede colocar a las personas en una situación de vulnerabilidad y que existen mecanismos administrativos destinados a regularizar diferentes situaciones.
Por eso, la decisión de De la Espriella plantea una pregunta mucho más amplia que la posibilidad de deportar a determinados extranjeros. ¿Está Colombia abandonando progresivamente el modelo de integración de la migración para adoptar un modelo basado principalmente en control, seguridad y expulsión? Y si ese es el nuevo rumbo, aparecen otras preguntas. ¿Existen las capacidades procesales y logísticas para proceder a deportar a tantas personas? ¿Qué impacto tendrá sobre los venezolanos que viven en Colombia? ¿Puede Colombia endurecer su política migratoria sin convertir la irregularidad administrativa en una categoría de sospecha y sin poner en riesgo los avances de más de una década de acogida migratoria?
