Durante más de una década, los diferentes gobiernos que tuvo Colombia consolidaron una política migratoria que se convirtió en una referencia regional para enfrentar uno de los mayores movimientos de población de América Latina: la llegada de millones de venezolanos en el marco de una tregua migratoria . Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas impulsaron mecanismos de regularización, documentación e integración. El punto culminante fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitió a millones de personas acceder a un estatus migratorio regular y, con ello, a derechos y oportunidades que la irregularidad hacía mucho más difíciles. Pero esa política parece estar entrando en una nueva etapa. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar extranjeros que estén cometiendo delitos y deportarlos, así como localizar posteriormente a quienes permanezcan en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria. La decisión fue presentada como una prioridad de seguridad y bajo el lema de “primero los colombianos”.