El pasado 9 de octubre de 2025, una vez más el Congreso fue epicentro de una nueva moción de vacancia. Un nuevo episodio en la convulsa historia política contemporánea del Perú. Tras conseguirse por una abrumadora mayoría de 122 votos de 130 legisladores, se dictamina la destitución inmediata de la presidenta Dina Boluarte, quien habría sido declarada en situación de “incapacidad moral permanente”. Siete presidentes en los últimos nueve años. En el caso particular de la caída de Boluarte se produce tras años de crisis social y de seguridad que erosionaron su legitimidad: protestas multitudinarias —especialmente en las zonas rurales—, acusaciones por uso excesivo de la fuerza en la represión, investigaciones penales en curso por presunto enriquecimiento ilícito, y escándalos recientes como el conocido “Rolexgate” por relojes y joyas costosas no declaradas.
Además, se le reprocha a su gobierno la improvisación y en especial su incapacidad para frenar la ola creciente de criminalidad, con el sicariato, extorsión y violencia callejera como realidades cada vez más comunes. El proceso parlamentario fue rápido: Boluarte emitió un mensaje a la nación pregrabado desde el Palacio de Gobierno en el que aceptaba su destitución, sin embargo, su alocución fue interrumpida abruptamente por los canales de televisión en el momento en que comenzó a enumerar logros o hacer un balance de su gestión. Minutos más tarde abandonó el palacio presidencial quien habría sido la primera mujer en ocupar la presidencia de su país.
El nuevo liderazgo interino recae sobre José Jerí, presidente del Congreso, quien asume la presidencia del país hasta la convocatoria de elecciones generales en abril de 2026. Una nueva transición política que se da en un contexto llenos de desafíos para restaurar confianza social, reforzar la seguridad ciudadana y en especial reponer una clase política cada vez más fragmentada.
