A finales de esta semana el Poder Judicial venezolano emitió un polémico fallo en el que se ratifican, sin soporte documental, los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral. Otorgándole un ropaje institucional, a lo que ha sido abiertamente un fraude a la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio. Una sentencia además, totalmente fuera del marco de sus competencias de conformidad con la propia legislación venezolana vigente.
Un peritaje que no despeja los serios cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la inexistente transparencia que tienen estos resultados, en los que se da como ganador a Nicolás Maduro. Situación que agudiza aún más la crisis política, al tiempo que sigue desplegándose la estrategia represiva contra la ciudadanía que mantiene el gobierno. Decisión que plantea además una acusación y potencial orden de captura contra el propio candidato opositor Edmundo González Urrutia, bajo la figura del «desacato» a lo efectos de este controversial fallo.
Una acto judicial carente de fundamento jurídico, que vendría a ratificar nuevamente la inexistencia de autonomía en los poderes públicos en la Venezuela de Maduro. Así como también la determinación del régimen, de utilizar todas las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Con lo cual se desestiman los recientes esfuerzos diplomáticos por conciliar una negociación que permita una salida pacífica a la crisis generada principalmente por la reticencia de Maduro a desalojar el palacio de Miraflores. Desconociendo además la derrota más amplia que haya sufrido el chavismo. Y consumando con esta sentencia uno de los fraudes electorales más grandes y mejor documentados de la historia reciente de la región. Ante este estado de cosas ¿qué cabría esperar para el futuro político de los venezolanos?
