Este 2025 será el tercer año de gestión de Gustavo Petro al frente del Poder Ejecutivo en Colombia y en el centro de su gestión la estrategia de la Paz Total vive sus horas más aciagas, después de los violentos enfrentamientos armados el pasado 15 de enero, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en la zona fronteriza colombo-venezolana del Catatumbo. Un nuevo hecho de sangre que deja a la fecha más de 80 muertos, secuestrados y una creciente cifra de desplazados que supera de 30.000. Lo cual ha producido una nueva suspensión de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla en activa más grande del país el ELN.
Ataques que han hecho que el gobierno nacional declarara el estado de conmoción interior y de emergencia económica, para intentar abordar una situación que una vez más pone en entredicho las capacidades gubernamentales y la propia disposición de los grupos irregulares a abandonar las armas. Y es que el propio Petro ha reconocido públicamente que «la situación del Catatumbo es un fracaso de la nación» lo cual para muchos resultaría una capitulación de su gobierno para atender la crisis humanitaria y la trágica permanencia de la violencia que vive aún Colombia.
Paradójicamente hablamos de una región con grandes recursos energéticos y naturales, pero que vive azotada por la violencia guerrillera, el narcotráfico, el tráfico de personas y la precariedad socioeconómica de sus comunidades por años y que con la actual gestión gubernamental no han podido conseguir mejores circunstancias. En este difícil contexto cabría preguntarnos ¿será capaz el gobierno de Petro de controlar la región y forzar a una nueva ronda de diálogos? ¿cuál será la posición de Bogotá con el gobierno de Nicolás Maduro, conociendo que estos grupos armados tienen durante años en el territorio venezolano un santuario para sus actividades ilícitas?
