Durante las últimas semanas, la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el tema central de la opinión pública mexicana. Este controvertido proyecto de ley que entre otros cambios, plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, ha sido la más importante apuesta política de este fin de sexenio. Aprobado tras una larga deliberación parlamentaria y una cerrada votación la madrugada del 11 de septiembre en el Senado, supone importantes cambios a nivel administrativo y funcional a todos sus niveles organizacionales.
Dentro de los principales cuestionamientos a esta reforma judicial, destacan las críticas sobre una potencial pérdida de autonomía del Poder Judicial, así como de una politización de procedimientos que hasta ahora eran sometidos a pautas institucionales reguladas por este poder público. Tanto los gremios profesionales, como la sociedad en su conjunto han demostrado división de opiniones, y las protestas de quienes adversan la reforma se hicieron presente en el pleno legislativo, al punto de forzar el cambio de sede de la deliberación a la antigua cámara del Senado, la Casona de Xicoténcatl.
Considerando que México actualmente se encuentra en un cambio entre dos sexenios, que si bien el partido MORENA ha conseguido el respaldo popular para continuar en el gobierno, las tensiones que plantea esta reforma sugieren un eventual esquema confrontacional y un legado político pesado para el entrante mandato de Claudia Sheinbaum. En este sentido, ¿cuáles son los detalles más importantes de esta reforma y en especial qué impacto tendrán para la salud democrática e institucional de México?
