La crisis política que atraviesa Paraguay ha puesto de manifiesto hasta qué punto una controversia financiera puede convertirse en un problema de gobernabilidad y terminar comprometiendo la continuidad de un presidente. Asimismo, deja al descubierto los riesgos reales de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias que ofrece el poder. Lo que comenzó con la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay terminó desencadenando una sucesión de acontecimientos que modificaron abruptamente el panorama político de todo un país. La insolvencia del banco derribó al presidente del Paraguay. Y es que el 3 de noviembre, las autoridades financieras ordenaron la resolución de la entidad después de comprobar que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo de los mínimos legales. La medida dejó prácticamente paralizadas sus operaciones y afectó a cerca de tres millones de clientes, además de comprometer importantes recursos de instituciones públicas, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social y de Itaipú Binacional.
Sin embargo, el problema trascendió rápidamente el ámbito financiero. La relación empresarial que Santiago Peña había mantenido con el grupo propietario de Ueno, hasta marzo de 2025, y los cuestionamientos sobre la supervisión ejercida por el Banco Central alimentaron las denuncias de conflictos de intereses y posibles irregularidades en la administración de recursos públicos. El expresidente ha negado las acusaciones, ha decidido renunciar y corresponde a las investigaciones judiciales determinar las responsabilidades individuales y de las personas de su entorno.
Por su parte, la presión ciudadana, las investigaciones fiscales y la pérdida de respaldo dentro de su propio partido terminaron colocando a Peña ante un juicio político que culminó con su destitución el 6 de noviembre. Con lo cual, se busca evitar que asumiera el cargo de senador y protegerse de la justicia con la inmunidad parlamentaria. La sucesión presidencial recayó en Pedro Alliana, dirigente histórico del Partido Colorado y hasta entonces vicepresidente, quien deberá completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028. El Congreso también designó a Antonio Barrios como nuevo vicepresidente.
Pero la salida de Peña no significa necesariamente una transformación de las estructuras políticas que hicieron posible su llegada al poder. La conmoción financiera y la inestabilidad sociopolítica permanecen. El Partido Colorado conserva el control del Ejecutivo y mantiene una posición institucional determinante, mientras la influencia de Horacio Cartes y las tensiones dentro del oficialismo constituyen elementos centrales para comprender el nuevo escenario. En este sentido, en Mirada Semanal nos preguntamos: ¿podrá Alliana recuperar la confianza ciudadana? ¿Cómo se resolverá el problema de los ahorristas y los fondos públicos comprometidos? ¿Qué consecuencias tendrá esta crisis para la economía y la institucionalidad paraguayas? Y, sobre todo, ¿estamos ante la posibilidad de una renovación política o ante una continuidad del poder de nuevos protagonistas, en convivencia de viejas prácticas?
Domingo 08 de noviembre
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