En los últimos días, y como efecto de la restrictiva política migratoria impulsada por Donald Trump, en un creciente número de ciudades se han registrado distintas formas de resistencia. Enconados enfrentamientos tanto en las calles, como en los medios de comunicación, así como también entre distintas instancias del sistema político estadounidense. Y es que ante las protestas contra las sistemáticas redadas migratorias, el Presidente respondió con el envío de la Guardia Nacional a distintos estados y en especial a ciudades con grandes comunidades inmigrantes como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Filadelfia o Washington. Todo lo cual abre un frente de tensiones entre cuerpos de seguridad del estado a nivel federal y local, especialmente en estados abiertamente adversos al partido republicano como es el caso de California, Washington, Nueva York o Illinois.
Si bien la centralidad que tiene la cuestión migratoria en la política doméstica de Trump no es nueva ni tampoco libre de controversias, las formas en las que se está implementando erosiona abiertamente los principios fundacionales del estado de derecho y del propio diseño de pesos y contrapesos que ha caracterizado a la democracia en los EEUU. Además de la protestas anti-redadas, también destaca el recordatorio de los protestantes de que la nación no tiene reyes, en clara alusión al tono amenazante que ha tomado esta política migratoria contra senadores, gobernadores y demás grupos de activistas de derechos humanos.
En este conflictivo contexto, cabría preguntarse ¿cuál será el alcance y sostenibilidad de esta estigmatizante y conflictiva política migratoria? De igual manera, dado el declinante registro de la popularidad presidencial ¿hasta qué punto el propio Trump no estaría quemando aceleradamente su propio crédito político tanto en el propio partido republicano, como entre sus financistas y simpatizantes?
