Mirada Semanal. Episodio Especial.
Para esta edición de Mirada Semanal hemos decidido realizar un programa monográfico sobre el proceso de investigación que desde febrero de 2018, realiza la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano. Un extendido proceso que responde a un examen preliminar que data desde abril del 2017 y que fue tomando mayor vigor, tras conocerse las conclusiones de un Panel de Expertos Independientes nominado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que se indican fundamentos suficientes para sostener que en Venezuela se habían cometido violaciones masivas a los Derechos Humanos al menos desde febrero de 2014.
Con el voto favorable de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones signatarias del Estatuto de Roma de la CPI, apoyaron el inicio de las investigaciones contra las autoridades civiles y militares del gobierno venezolano. Desde aquel año 2018 se ha implementado un proceso complejo, inédito en muchos aspectos y revestido de presiones, dilaciones y todo tipo de obstáculos en cada una de sus fases. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho humanitario regional, este proceso aún en curso constituye un importante referente regional para proteger a víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, perpetrados por un gobierno en funciones.
Si bien es cierto, que aún los lapsos, el alcance y el destino que tendrá el propio proceso que sigue la CPI es incierto, la continuidad de esta investigación representa una esperanza para la protección de las víctimas, reparación y no repetición de crímenes de Estado. Lo cual a su vez, pudiera constituir un precedente jurídico muy importante para nuestra región.
Para conocer los detalles de esta dinámica, entrevistamos a Alí Daniels Pinto. Director de Acceso a la Justicia una asociación civil independiente, que desde 2010 ha promovido la «defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela». Organización que ha jugado un papel fundamental en el monitoreo de la actuación judicial de las instituciones venezolanas, al tiempo de contribuir enormemente a divulgar y fomentar «una cultura jurídica, cívica, democrática, institucional, garantista y pro derechos humanos».
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