Coautora Luciana Santana
La presencia de mujeres en la política presupone una mayor representación y tiene, en sí misma, un carácter didáctico: cuantas más mujeres actuando en política, mayores los incentivo para que nuevas candidatas se presenten a cargos públicos. Sin embargo, menos de quince de cada cien diputados del Legislativo federal brasileño son mujeres. Esta amplia distorsión se repite en otras instancias de representatividad, lo que contribuye a la invisibilidad de la condición de las mujeres, así como de sus demandas e intereses.
La participación política de las mujeres en Brasil es inferior a la de otros países de América Latina y del mundo. Según el ranking de participación de mujeres en los parlamentos de 2017, elaborado por ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria (UIP), Brasil se encuentra en el puesto 154 entre 174 países. En promedio, en América Latina y el Caribe, la tercera parte de los legisladores son mujeres, esto es más del doble del registrado en el Legislativo brasileño. Estos números hacen de Brasil el país con menos mujeres legisladoras de Sudamérica.
La participación de las mujeres en la vida política se enfrenta a varios retos. En primer lugar su papel en la unidad familiar, aún muy vinculado al cuidado de niños y ancianos, la ubica en una situación de desventaja con relación al hombre. Ademas, el machismo estructural de la sociedad brasileña sigue considerando la política como un ámbito masculino. Y finalmente, hay una evidente falta de incentivos en los partidos y en el sistema político en general para una mayor inclusión.
Cambios en la legislación
Algunas medidas fueron adoptadas con el fin de enfrentar estos desafíos. Desde 1995 se han aprobado e implementado diversas normas legales con el fin de fomentar y garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales y aumentar así su presencia en cargos electivos. La Ley 9.100/95 determinó que al menos la quinta parte de los candidatos de cada partido o coalición electoral a cargos legislativos debían ser ocupados por mujeres.
Dos años más tarde, en 1997, la Ley de Elecciones amplió el alcance de la legislación estipulando que cada partido debía presentar al menos un 30% de candidatas para cargos legislativos. Sin embargo, la falta de sanciones en caso de incumplimiento de esta norma restó eficacia a la misma. Recién en 2009, con una nueva modificación de la legislación, fue posible hacer obligatorio el cumplimiento de este porcentaje mínimo.
Continuando esta tendencia de reformas para una mayor inclusión de la mujer en la política, en 2015 el Congreso brasileño aprobó una ley que obligaba a los partidos a destinar recursos del fondo partidario —la financiación pública que reciben los partidos— a las campañas políticas de mujeres. Sin embargo, esta ley creó una desigualdad formal entre hombres y mujeres ya que establecía que un mínimo del 30% de las mujeres tendría acceso a un máximo del 15% de los recursos financieros.
La ley fue posteriormente declarada inconstitucional por ir contra la igualdad de género y fue estipulado que la financiación partidaria debía ser proporcional entre candidaturas de mujeres y hombres.
El impacto de la legislación en la participación femenina
A partir de los cambios en la legislación el número de candidatas, tanto para cargos legislativos como ejecutivos, aumentó. Sin embargo, esto no se ha traducido de en un incremento proporcional de mujeres electas, lo que sugiere que muchas de las candidatas tienen pocas posibilidades reales en la competición electoral.
El aumento más significativo en la representación femenina se produjo, paradójicamente, en las últimas elecciones legislativas de 2018, cuando Bolsonaro —candidato ultraderechista y misógino—alcanzó la presidencia. Ese año, en comparación con la elección de cuatro años antes, hubo un aumento del 52,6% de mujeres electas para la Cámara de Diputados, que pasaron de ser 53 a 77 diputadas. A nivel sub-nacional, en las legislaturas de los estados el aumento fue del 41,2%, mientras que en el Senado no hubo cambios y la representación femenina se mantuvo en el 13%.
En los cargos ejecutivos la situación es aún más desigual. En el caso de los gobiernos de los estados, desde la redemocratización en la década de los 90’, en la gran mayoría de las elecciones sólo han sido electas una o dos gobernadoras en un total de 27 estados. Sin embargo, el número de candidatas a gobernadoras pasó de 21 a 31 entre las elecciones de 2014 y 2018. En el mismo período el número de candidatas a una vice-gobernación aumentó de 45 a 75.
A nivel local se repite el mismo patrón, con un mayor aumento del porcentaje de mujeres candidatas que de mujeres electas. En las últimas elecciones municipales, en novembro de 2020, solo el 16% de los cargos locales furon conquistados por mujeres, en tanto que las candidaturas femeninas eran la tercera parte del total. Aunque se trata de un porcentaje récord en elecciones municipales, este número sigue siendo muy inferior a la proporción de mujeres en la sociedad brasileña que es más de la mitad de la población.
Las medidas de incentivo a la participación política por medio de la legislación han presentado resultados que, aunque tímidos, parecen prometedores, sobre todo cuando se trata de la competición por cargos legislativos. Si bien la presencia de mujeres en los puestos ejecutivos es todavía muy baja, la legislación ha tenido un impacto positivo en el número de candidatas a estos cargos, y ha estimulado un cambio de estrategia de los partidos, que han presentado un mayor número de fórmulas mixtas para los gobiernos de los estados, aunque en la mayoría de estos casos con la mujer en condición de vice.
Otras estrategias posibles
No obstante estos avances es necesario seguir aumentando la participación. Esto puede hacerse a través de los partidos políticos, con incentivos para la participación de mujeres en los órganos de dirección; con la ocupación de puestos estratégicos que aumenten su visibilidad ante el electorado; y apoyando candidatas par que sean competitivas y tengan potencial de éxito electoral.
Además, se deberían sustituir las cuotas de género por cuotas de representación, es decir, la reserva de escaños parlamentarios exclusivamente para mujeres. Es fundamental también incentivar la participación de mujeres negras e indígenas y elaborar políticas de sensibilización de la sociedad sobre la importancia de aumentar la representación femenina en la política.
Luciana Santana es professora de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL) e investigadora do Centro de Estudos Legislativos (CEL) da Uniersidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Doctora en Ciencia Política por la UFMG. Especializada em estudos legislativos e políticas públicas.
Foto de Jonas Pereira/Agência Senado
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Autor
Profesora de la Univ. Federal Fluminense - UFF (Brasil). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Univ. del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ). Sus líneas de investigación son partidos políticos, élites políticas y políticas públicas.
