El 3 de junio, el Ejército brasileño anunció que no sancionaría al general en servicio activo Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud, por haber participado en un acto político con el presidente Bolsonaro el 23 de mayo, en Río de Janeiro. La decisión contradice flagrantemente el Reglamento Disciplinario del Ejército y el Estatuto de las Fuerzas Armadas, que prohíben al personal militar en activo participar en manifestaciones políticas. Al parecer, el comandante del Ejército, Paulo Sérgio Oliveira, cumplió con los deseos de Bolsonaro, quien no quiso aceptar el castigo a Pazuello, a quien el jefe de Estado se refiere como «nuestro gordo».

En palabras de Raúl Jungmann, ex ministro de Defensa, «el Ejército capituló ante la presión del presidente Jair Bolsonaro al no castigar al ex ministro de Salud Eduardo Pazuello”.  La presión es la respuesta de Bolsonaro a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas por establecer una separación institucional entre ellas y el actual gobierno, como dejaron muy claro el general Azevedo e Silva, ex ministro de Defensa, el general Pujol, ex comandante del Ejército, el almirante Ilques, ex comandante de la Marina, y el teniente brigadier Bermúdez, ex comandante de la Fuerza Aérea, cuando fueron destituidos por Bolsonaro, a finales de marzo de de este año , precisamente por rechazar aventuras golpistas.

Si la carta de despedida del general Azevedo e Silva, afirmando que durante más de dos años al frente de Defensa había preservado «las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado», fue un gesto de ruptura con Bolsonaro en el plano constitucional —es decir, los militares no aceptan la violación de la Carta de 1988—, la decisión de no castigar a Pazuello implica la capitulación del Ejército en el plano político-electoral.

En otras palabras, después de haber dotado a la Fuerza Terrestre de varios puestos ministeriales, miles de cargos en el Ejecutivo Federal y generosos beneficios presupuestarios y salariales, el presidente exige que los oficiales en servicio activo y de reserva sean utilizados con fines políticos explícitos, ya sea para intimidar a la oposición o para el proyecto de reelección.

Desde la perspectiva de Bolsonaro, es fundamental presentarse, ante el electorado nacional en 2022, como el líder de una presidencia que tiene y tendrá al Ejército como uno de sus pilares. El castigo a Pazuello le quitaría credibilidad a esta pieza clave del gobierno y de la campaña de reelección.

Al decidir no castigar a Pazuello, el general Paulo Sérgio Oliveira, además de ver degradada su autoridad y de generar indignación entre varios generales en activo y en la reserva, privó a la organización de la capacidad de gestionar autónomamente su relación con el presidente de la República.

Aunque el gesto de ruptura de finales de marzo sigue siendo válido —ya que nada indica que las Fuerzas Armadas apoyen el rompimiento del orden institucional—, la situación política del Ejército se ha complicado, ya que Pazuello está estrechamente relacionado con el fracaso de Brasil en la lucha contra la pandemia. Después de haber fracasado estrepitosamente como Ministro de Salud y de haber participado en una manifestación política, Pazuello acaba de ser nombrado para el cargo de Secretario de Estudios Estratégicos de la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República.

En otras palabras, el excapitán está haciendo girar al Ejército como un corcho en el remolino bolsonarista. Sin ayuda externa, la Fuerza Terrestre no tiene salida. Esto significa que los líderes políticos (especialmente FHC, Lula y Temer), los ex ministros de defensa, los gobernadores, los magistrados del Tribunal Supremo y los generales de la reserva deben pronunciarse, con frecuencia y enfáticamente, contra la politización de las Fuerzas Armadas. La politización de las Fuerzas Armadas, al socavar su jerarquía y disciplina, apunta en última instancia a una guerra civil, ni más ni menos.

Sólo se citan individuos arriba porque el gran órgano colectivo que podría imponer límites ineludibles al desbarajuste de Bolsonaro, el Congreso Nacional, está ahora controlado por congresistas de derecha preocupados casi exclusivamente por cuestiones políticas al por menor, especialmente en la Cámara de Diputados.

Además, históricamente, la derecha brasileña siempre se ha sentido cómoda con la presencia de los militares en la política, considerándolos una garantía de último recurso contra la izquierda. Así, en un momento decisivo para el futuro de la democracia en Brasil, el Poder Legislativo está abdicando de su papel principal como freno y contrapeso a las tendencias autocráticas del Poder Ejecutivo.

Por último, también hay que considerar el papel de la Marina en el esfuerzo de contención de Bolsonaro. Es la fuerza políticamente más alejada del presidente. Al estar sometida a la autoridad del jefe de Estado, no puede pronunciarse públicamente contra él. Por lo tanto, los miembros de la élite política a los que se refiere el octavo párrafo de este artículo deberían acercarse a los almirantes con mucha discreción y habilidad, al igual que Tancredo Neves lo hizo con los generales a principios de los años 80 para acelerar la transición democrática.

Si hasta hace poco Brasil era el país del presidencialismo de coalición, a partir de ahora debería ser, durante algún tiempo, el país de las coaliciones cívico-militares. Bolsonaro ya ha hecho de las suyas. Ahora es el turno de las fuerzas democráticas. Si sale victoriosa, la coalición cívico-militar democrática deberá no sólo despolitizar las Fuerzas Armadas, sino también prepararlas para que, a partir de 2023, se establezca plenamente su control por parte de los poderes políticos electivos, empezando por el nombramiento de un dirigente civil al frente del Ministerio de Defensa.

_{*Este artículo expresa la opinión del autor, que no representa necesariamente la opinión institucional de FGV.}