Las mujeres mexicanas han convocado a un paro nacional el 9 de marzo. Ante la violencia en los ámbitos públicos y privados, el paro insta a las mujeres a no asistir al trabajo, escuela o universidad, o realizar actividades en espacios públicos. Esta protesta ciudadana y legítima busca poner en evidencia la falta de una respuesta contundente por parte del Estado.
Y es que la violencia en contra de las mujeres no empieza ni termina con un feminicidio. La violencia incluye una larga cadena de acontecimientos caracterizados por la falta de espacios institucionales que permitan a las víctimas acceder a la justicia, desde presentar una denuncia hasta el castigo de los perpetradores. Esto se traduce en una cotidianeidad en la que las mujeres vivimos con miedo, y los criminales, ya sean nuestros familiares, parejas o desconocidos, pueden agredirnos sin consecuencia alguna. Es decir, vivimos en la impunidad.
Pero la solución no está en legislar más años de cárcel ni en más tigres de papel. Las soluciones comienzan por tener un diagnóstico certero del problema, así como evaluar las acciones realizadas por el Estado; conocer aquellas medidas que han funcionado y las que no han dado los resultados esperados. En México no contamos con esta información.
La mayoría de los estados incumplen con su obligación de tener los bancos de datos que permitan conocer las cifras oficiales de los asesinatos de mujeres»
Varias organizaciones de la sociedad civil han documentado durante años el subregistro de delitos de fuerte impacto como el homicidio. La evidencia apunta a dos grandes problemas: la falta de capacidad o negligencia para realizar los registros de manera adecuada, por ejemplo, homicidios culposos o dolosos, así como acciones deliberadas por ocultar o maquillar las cifras de los crímenes. El problema es aún más grave cuando hablamos de feminicidios. De acuerdo con el reporte más reciente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la mayoría de los estados incumplen con su obligación de tener los bancos de datos que permitan conocer las cifras oficiales de los asesinatos de mujeres, así como de los feminicidios. Así, incluso los datos desgarradores que tenemos a escala nacional dan un panorama incompleto de las dimensiones reales de los asesinatos de mujeres y feminicidios.
La falta de datos precisos también afecta el conocimiento de otras formas de violencia no letales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 solo se denunciaron el 10.6% de los delitos. Es decir, en el 93.2% de los delitos que se cometen, no existe una denuncia o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación. En algunos estados, como Guerrero, esta cifra alcanza el 98%. Según la encuesta, la tercera parte de las víctimas no denuncia porque lo considera una pérdida de tiempo, mientras que cerca del 20% desconfía de las autoridades.
Incluso en aquellos casos que llegan a juicio y donde hubo una sentencia, también desconocemos cómo los jueces realizan —o no— su trabajo, dado que en la gran mayoría de los casos las sentencias no son públicas y, en consecuencia, no pueden ser monitoreadas. La organización EQUIS Justicia para las Mujeres ha arrojado luz sobre este punto y la urgencia de conocer cómo opera el Poder Judicial. De acuerdo con su informe (In)Justicia Abierta, incluso cuando hay una sentencia, siguen existiendo violaciones del derecho de acceso a la justicia y no hay reparación del daño. Esto socava la confianza en el sistema de justicia y refuerza la noción de un Estado insensible a las víctimas.
Por ejemplo, está el caso de Ana María “N” (este fue documentado por el Observatorio Nacional Ciudadano), quien durante la audiencia en el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Región 9 en el estado de Tabasco fue apuñalada 13 veces por su expareja a quien había denunciado por violencia familiar. O el caso de Brenda, a quien se le dictó prisión preventiva en el estado de Zacatecas, pero fue enviada a una cárcel varonil donde fue violada, golpeada y torturada durante tres semanas antes de que la trasladaran a una prisión para mujeres.
El problema de la impunidad, por lo tanto, no es solo que los perpetradores de violencia letal o no letal evadan a la justicia, sino que las víctimas no denuncien porque desconfían de las autoridades, que las autoridades incumplan con sus obligaciones de generación y sistematización de datos y que violen el derecho de acceso a la justicia en procesos que no reparan el daño, pero sí reproducen más violencia como el encarcelamiento de Brenda.
En un país con más de 250.000 homicidios en los últimos 13 años donde se ha vuelto normal descubrir fosas clandestinas, la impunidad no es una trivialidad y mucho menos un problema exclusivo de las mujeres. El paro del próximo 9 de marzo debe exigirnos reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí. Esta administración tiene razón cuando dice que sin justicia no hay paz, pero no llegaremos a la justicia mientras vivamos en el país de la impunidad.
Foto de Cosmopolita. en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Cientista política. Directora de los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-E.U.A. de la Univ. de California-San Diego. Doctora en C. Política por la Univ. de California. Especializada en temas sobre narcotráfico y criminalidad en América Latina.
