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El Salvador: un sistema de posguerra colapsado

El Salvador vive el colapso de su sistema democrático posguerra, mientras Bukele concentra poder bajo un modelo autoritario legitimado por la promesa de seguridad.

¿Cómo llegó El Salvador a precipitarse por las simas del autoritarismo y la erosión del estado de derecho actuales? ¿Justifica el feudo de la violencia y la behetría política tal resultado? En honor a la verdad, el país nunca fue un remanso de paz. Desde su independencia de España (mediados del siglo XIX), la violencia endémica es parte de su ADN: golpes de estado, represiones militares, levantamientos campesinos y masacres a cargo del Estado.

Los ingredientes, pues, ya flotaban en la sopa primigenia que nos lleva al turbulento siglo XX y al XXI: la desigualdad social y la debilidad de los organismos del Estado coadyuvaron en el ensamblaje de las bases que sintetizaron el gen de la ubicua violencia, siendo la conflagración civil iniciada en 1980 una de las consecuencias.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una posguerra que debía materializarlos. El país fue gobernado por ARENA (1989–2009) y el FMLN (2009–2019). Las metas —desmilitarización, elecciones libres y libertad de expresión— fracasaron: persistieron la impunidad, la desigualdad y la debilidad del poder. No es de extrañar, por consiguiente, que la violencia de las maras, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones minaran la fe en la democracia. En este sumidero de credibilidad y justicia emergió el ahora presidente Nayib Bukele, símbolo del agotamiento del sistema de posguerra.

Bukele: ‘outsider, ma non troppo’

Aunque Bukele se presenta como un recién llegado ajeno a la casta política, un hombre moderno, del pueblo, hiperactivo en redes —troll humano a ratos—, lo cierto es que navegó cómodamente en la política tradicional: fue alcalde por el FMLN (nada menos que de la capital) gracias a los vínculos y recursos de su acomodada familia. Su expulsión del partido fue una huida hacia adelante para reinventarse como antisistema, pero en realidad es un hombre del sistema. Bukele ha sabido usar de forma magistral la fachada de independiente para consolidar su poder, con sus propias redes de privilegio, corrupción y clientelismo que han hecho enriquecerse a su familia desde que maneja las riendas del país. Hoy ejerce ese control mediante el sometimiento del poder judicial y la opacidad en el uso de fondos públicos y/o del bitcoin, motivo por el cual ha sido sancionado por Estados Unidos. Después llegó Donald Trump. 

El bukelismo, a la búsqueda de etiquetas

Su modelo tiene componentes de lo que llamo el orbanismo (en su vertiente tropical), en referencia a Viktor Orbán, presidente de Hungría, que usa su victoria electoral como una especie de revolución querida por el pueblo, que le da carta blanca para la concentración del poder y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, aunque sin tocar el sistema en sí mismo, mediante el control del poder judicial y legislativo. A esto se suma el punitivismo, basado en la represión y la mano dura contra las pandillas para ganar popularidad, aparentando eficacia en seguridad mientras se mantienen redes de privilegio y se erosionan las libertades civiles. La victoria del bukelismo reside en imponer la dicotomía derechos humanos contra seguridad, presentándola como un hecho consumado, fuera de toda discusión.

La fórmula contiene, del mismo modo, un autoritarismo consistente en regímenes de excepción permanente que justifican masivas y/o arbitrarias detenciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. También se ha dado al bukelismo el apelativo de autoritarismo popular, que enlaza con una tradición de caudillismo que echó raíces y prosperó en la región: votar por él no es algo nuevo.

Unos “logros” con trampa

Bukele presume de haber reducido la violencia con su “mano dura”. Con todo, no es ni original: ya existieron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura a principios de siglo. Pero, en realidad, se trata de una mano bajo cuerda, izquierda y blanda: la simple negociación con las maras MS-13 y Barrio 18 (las más importantes, si bien no las únicas). Dos de sus líderes afirmaron que, desde 2014, Bukele pactó con ellos ofreciendo beneficios penitenciarios y dinero a cambio de apoyo electoral, que se materializó mediante el control territorial de las pandillas para coaccionar el voto y reducir temporalmente homicidios, mejorando así la imagen del entonces candidato.

De agentes y Constituciones: la profundización de Bukele en el autoritarismo 

Dos hitos han marcado el 2025, un año fecundo en el capítulo del desguace paulatino de las instituciones democráticas: la reforma de la Constitución y la Ley de Agentes Extranjeros. 

En cuanto a la reforma constitucional, ya ha sido un recurso habitual en Perú, Colombia, Nicaragua, Venezuela o Hungría, que suponen una tendencia a confundir Constitución con programa electoral.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés de la Constitución con tintes muy orbanianos; a saber: uso la de amplia mayoría de Nuevas Ideas ―el partido de Bukele― en el Parlamento como apisonadora, sustrayendo todo debate a la oposición (con eximios plazos) y, por último, confundiendo intencionadamente una carta magna con un programa electoral.

La “Constitución de Bukele” despliega los siguientes jalones: 1) permite la reelección presidencial indefinida; 2) amplía el período presidencial de cinco a seis años; 3) elimina la segunda vuelta electoral, lo que en un sistema presidencialista reduce las garantías de representatividad y legitimidad del presidente electo; 3) se adelanta en dos años el inicio del próximo mandato, al objeto de sincronizar las elecciones generales con las legislativas y municipales de 2027: todo al servicio de Bukele. La reforma supone la virtual fundación de un sistema político nuevo, un golpismo callado que pone en solfa los principios de alternancia y limitación del poder fijados en la Constitución de 1983, refuerza la concentración del poder y mengua la alternancia y los mecanismos de control y equilibrio entre poderes de todo estándar democrático.

El otro acontecimiento jurídico decisivo de 2025 es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada vía decreto nº 308. La huella de Vladimir Putin es tenaz, con sus leyes de 2012 (modificaciones en 2022 y 2025). La ley georgiana de 2023 prácticamente calca a la rusa y a buen seguro inspiró a Trump a golpe de órdenes ejecutivas.

La ley salvadoreña se llama igual que la rusa y los conspicuos conspiracionistas deben de estar encantados, pues la norma salvadoreña se aprobó el 30 de mayo de 2025 y la modificación rusa, en junio. En cualquier paso, es palmario que las dos coinciden en los mismos objetivos, controlar y estigmatizar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero, con una diferencia: que la ley salvadoreña es más agresiva aún que la rusa en el ámbito de sanciones económicas. 

La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025) establece varias medidas que arrasan todo patrón democrático: 1) obliga a las personas y organizaciones que reciban financiación de fuera del país a registrarse como “agentes extranjeros”; 2) grava con un impuesto del 30%  dichos fondos; 3) estipula fuertes sanciones económicas para quienes no cumplan; 4) usa una redacción ambigua que podría dar lugar a aún mayores restricciones de la libertad de asociación y expresión; 5) estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil (lo que se traduce en persecución y detención de activistas), forzándolas a interrumpir sus actividades. La consecuencia inmediata es que importantes ONG como Cristosal ya no operan desde El Salvador, y lo hacen desde Honduras y Guatemala. Los otros grandes perjudicados son los medios de información. Así, la vieja APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), fundada en 1936, o diarios como El Faro han adoptado similares medidas. 

La Ley de Agentes Extranjeros ha suscitado una honda preocupación internacional, con la ONU instando a garantizar un entorno seguro para la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Unión Europea (UE) criticaron la ley salvadoreña, lo que provocó la ira de Buekele. En su línea a golpe de (antiguo) tweet, el líder salvadoreño reprocha a la UE ser un bloque envejecido, burocrático, dependiente de la energía y tecnológicamente rezagado que se permite aún dar lecciones al mundo. Es un buen final para este artículo: resume perfectamente el modus operandi discursivo de Bukele, enumerando los defectos de la UE que comparten sus contrapartes de extrema derecha del continente europeo.

Autor

Historiador y Doctor en Ciencias jurídicas y sociales con especialidad en Balcanes por la Universidad de Málaga. Máster en Historia por la Universidad de Granada.

 

 

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