Ante la profundización de las vulnerabilidades sociales durante la pandemia en América Latina y el Caribe, y frente a la falta de respuestas con enfoque de género, las mujeres han destacado por el papel social que han asumido para paliar la crisis. “Las mujeres resuelven la crisis más allá de las políticas públicas”, afirma una representante de una organización internacional con sede en Chile. Según ella, en diferentes ciudades las mujeres pobres se han autogestionado y han obtenido alimentos para cocinar y, ante la falta de recursos disponibles, ofrecer comida para otras mujeres pobres.
El caso no es único y no se limita a los alimentos. Sin la ayuda del Estado, las mujeres latinoamericanas han tenido que realizar acciones para ayudarse a sí mismas y a sus comunidades en cuestiones como la violencia de género, los ingresos básicos e incluso la asistencia en el uso de herramientas tecnológicas esenciales.
Esta es la conclusión de una investigación realizada en conjunto con el Dr. Javier Stanziola para el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). El objetivo era averiguar si los gobiernos de la región han respondido a las necesidades de las mujeres a través de políticas públicas con perspectiva de género y los factores institucionales (o reglas del juego) que han afectado los cambios en el proceso de elaboración de políticas.
Entre las reflexiones finales del estudio destaca que la pandemia, lejos de haberse convertido en una oportunidad para la innovación y el cambio, demostró un alto nivel de rigidez institucional en la mayoría de los países estudiados.
La acción social frente a la rigidez
En Colombia, una entrevistada de una organización sindical informó de los esfuerzos realizados para pedir al gobierno una renta básica equivalente al salario mínimo legal para siete millones de familias pobres. Y en Perú, las mujeres de una organización social se reunieron para pedir al gobierno que las capacite respecto al aumento de la violencia de género durante la cuarentena, con el objetivo de llevar las lecciones a la comunidad. Sin embargo, no hubo respuesta.
La formación de estas mujeres con fines de empoderamiento fue un factor común entre las entrevistadas. Un ejemplo es el de un movimiento social en la zona rural de Ecuador, en el que ellas mismas dirigían las escuelas de formación.
“Empezamos por una provincia, luego se abrió para el país (…) [y]) también se abrió a Latinoamérica”, relató una de ellas. Había “alrededor de 200 mujeres, eso es un capital semilla humano político y social en cada una de las provincias…(y) no se quedan con [los] conocimientos, sino que tienen que replicarlos en sus organizaciones, comunidades y también en sus familias”.
Por otro lado, hubo organizaciones que brindaron asistencia acerca del uso de herramientas tecnológicas que los gobiernos utilizaron para cobrar bonos o bolsas de comida. Sin embargo, determinados grupos de mujeres no contaban con conocimientos ni herramientas digitales ni tampoco estaban bancarizadas, como afirmó una entrevistada de una organización de trabajadoras sexuales de Argentina.
Autogestión alimentaria y económica
Además de las historias aquí presentadas, hubo relatos comunes sobre los esfuerzos para satisfacer las necesidades alimentarias del hogar, especialmente entre las mujeres de los sectores vulnerables. Una mujer de un movimiento social de El Salvador dijo que habían entregado 200 cestas de alimentos a mujeres rurales.
En la misma línea, una académica experta de Argentina reconocía que “durante la pandemia las que están en los clubes de barrio, en las organizaciones, generando alimentos para todo el mundo, armando raciones de comida son las mujeres, a veces más visibilizadas a veces menos visibilizadas…”
Cabe destacar la actuación de las y los productores agrícolas, que utilizaron el trueque para satisfacer las necesidades alimentarias de regiones con diferentes características geográficas y productivas, complementando así los productos que necesitaban para su alimentación, mediante su propia autogestión.
Un ejemplo es el caso de las comunidades campesinas de Ecuador, que se organizaron e hicieron un trueque de alimentos. Una de las entrevistadas de un movimiento social de Ecuador, expresó que el trueque “Se hizo, pero no por medio del gobierno nacional, absolutamente esto fue una autogestión del sector campesino de aquí del Ecuador y con las organizaciones sociales ese fortalecimiento que hubo fue tenaz. (…) Alrededor de 716 organizaciones se unieron durante esta pandemia”.
Esfuerzos con poco éxito y necesidad de políticas públicas con enfoque de género
Los relatos anteriores constituyen una de las dos etapas de la investigación cualitativa. La primera etapa consistió en una revisión de las medidas anunciadas por los gobiernos centrales de 21 países de América Latina y el Caribe al inicio de la pandemia. La segunda, en cambio, se basó en 27 entrevistas a informantes clave en 13 países entre septiembre de 2020 y abril de 2021.
Los esfuerzos políticos observados en los países con más medidas se deben a las plataformas existentes que respondían a determinadas necesidades de las mujeres. Esto ha permitido a los principales actores anunciar medidas, sin tener clara su eficacia. Aunque se ha posicionado un discurso institucional de integración de la perspectiva de género en los países, éste ha sido principalmente performativo. Falta un sentido efectivo de las necesidades diferenciadas de las mujeres y una incipiente transversalidad en el sector público.
El papel de las organizaciones sociales, especialmente las feministas, frente a las rigideces institucionales durante la pandemia surgió en la investigación. Aunque no era el tema del estudio, destacamos cómo estas organizaciones se enfrentaron a la rigidez a través de acciones de incidencia política para situar la agenda de las mujeres en la esfera de los gobiernos centrales.
A pesar de ello, estos esfuerzos han tenido poco éxito, en parte debido a la debilidad de los mecanismos de participación preexistentes antes de la pandemia y a sus escasos vínculos con el ámbito institucional.
En suma, el trabajo, el compromiso y la experiencia de las organizaciones sociales de mujeres, frente a la rigidez institucional, es de gran valor y puede ser útil a los actores centrales para mejorar su comprensión de las diversas realidades que enfrentan las mujeres, lo que generaría la formulación de políticas públicas con mayor consenso.
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Autor
Investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialista en Derechos Humanos, Género y Docencia Superior.