A los largo de las últimas semanas parte de la controversia política en Brasil gira alrededor de la decisión judicial de cerrar el servicio de X (anterior Twitter) impactando en cuestión de horas a más de 22 millones de usuarios. Si bien el propio Elon Musk, dueño de esta influyente red social, ha tenido que ceder en esta controversia con el juez Alexandre de Moraes, este incidente nos plantea importantes consideraciones sobre la libertad de prensa, la responsabilidad empresarial ante el flagelo de la desinformación y en especial nos plantea cuestiones cruciales, como ¿cuáles deben ser los alcance de la legislación gubernamental, en el debate público digital que sostiene la sociedad de nuestro tiempo?
El propio presidente Lula, afirmó que «cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo ha tomado una decisión para que los ciudadanos cumplan con ciertas cosas, tienen que cumplirla o tomar otro curso de acción». Lo cual da cuenta de la connotación política que ha ido adoptando esta decisión, y que a su vez ha reforzado el discurso de «defensa institucional de la democracia» que el gobierno de Lula habitualmente se abroga frente a la opinión pública.
Para analizar los orígenes y alcances de esta controversia, contamos con el respaldo analítico de Carolina Marins. Periodista graduada en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP). Reportera en la sección internacional del diario Estadão de Brasil y editora en Latinoamérica21. Con su perspectiva periodística intentaremos analizar las implicaciones políticas de esta restricción de X, así como también el precedente para la libertad de expresión y la convivencia democrática de una nación fuertemente tensionada por el extremismo político y la polarización durante los últimos años.
