Desde el pasado mes de enero Guatemala inició una nueva etapa de su vida política, caracterizada entre otras circunstancias, por las tensiones institucionales entre el entrante presidente Bernardo Arévalo y el Poder Judicial. Una pugnacidad que ha continuado durante los primero meses de su mandato y que no ha mitigado el creciente descrédito político de la ciudadanía. Los escándalos de corrupción, la politización de la justicia, la inseguridad ciudadana y el estancamiento económico, siguen siendo parte de la cotidianidad de una democracia acechada por años de corrupción política a lo interno, así como también a nivel internacional por los efectos devastadores del crimen organizado, la migración forzada y la disgregación de políticas públicas a nivel regional, que permita un desarrollo sostenible en Centroamérica.
Dentro de las características que ha traído consigo el desplome democrático de nuestra región, destaca particularmente los ataques a la libertad de prensa, dirigidos desde el poder político. Además de los desafíos que implican la inteligencia artificial, las campañas de desinformación y estas amenazas gubernamentales, en los últimos años se ha venido desarrollando un periodismo de resistencia democrática, que ha conseguido abrirse camino ante la adversidad. En el caso venezolano, así como muchos otros países de la región como Nicaragua, Cuba, México, Colombia o El Salvador, el trato a la prensa y las adversidades al espacio público impuestas al ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas, es reflejo inequívoco del deterioro democrático.
En este sentido, para comprender esta realidad es necesario ponderar la actualidad política en Venezuela a un año de uno de los fraudes electorales mejor documentados de la historia reciente. Un período en el que buena parte de la represión política ha sido contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales que siguen vetadas en el país.
Para examinar este contexto, nos acompañó en este episodio de Mirada Semanal Luz Mely Reyes. Periodista, escritora y directora del portal de noticias venezolano Efecto Cocuyo. Un referente de este periodismo de resistencia que ha conseguido seguir informando, documentando y divulgando la realidad nacional e internacional del país, a pesar del marco de persecución, hostigamiento y criminalización que en el caso de Venezuela, se ha consolidado como política de Estado.
Un total de 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y multa aún por determinar, fue la sentencia contra Uribe Vélez conocida el pasado 01 de agosto. Una condena que si bien, ha sido apelada por parte de la defensa del expresidente representa una conmoción importante en la escena política colombiana, habida cuenta especialmente las reiteradas alusiones que ha hecho sobre el proceso judicial el Presidente en funciones de Gustavo Petro.
Fraude procesal y soborno de testigos, fueron los cargos de los que se determinó culpable. Entretanto, las tensiones entre detractores y defensores del ex-mandatario, se hicieron presente fuera del juzgado, del que se ha conocido como el «siglo del juicio». A partir de ahora, será el Tribunal Superior de Bogotá el que en las próximas semanas deberá estudiar la documentación del recurso de apelación, en el que con toda certeza se incluirán las diferentes irregularidades sobre el proceso judicial en el que se ha podido constatar parcialidad, especialmente en el manejo de la carga probatoria.
Sin embargo, ya hay una sentencia en firme cuyos efectos políticos ya se han hecho sentir en la opinión pública. Para abordar un complejo contexto político signado además por la reiterada violencia política, nos acompañó en este episodio Iván Garzón. Abogado, profesor universitario, investigador y escritor, quien ha dedicado buena parte de su labor profesional a conocer las raíces históricas de la violencia política en Colombia. Con su perspectiva analítica examinaremos a fondo los efectos de este fallo, así como también las implicaciones que tendrá para la oposición política de Petro, de cara a las elecciones del año 2026.
Tras dos décadas de hegemonía política de la izquierda, en Bolivia se ha consolidado un cambio político histórico a través del voto. Más 6.9 millones de bolivianos el pasado domingo 17 de agosto escogieron un panorama político diferente en el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) partido hegemónico de la izquierda boliviana, consigue su mayor derrota electoral y con ello buena parte de su influencia en el nuevo panorama político, que terminará de definirse en segunda vuelta para el mes de octubre. Para el balotaje se presentarán el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano quien obtuvo el 32% de los votos, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga con otro 27% de los sufragios.
Un nuevo esquema en el que sorprende la figura de Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ya que en la mayor parte de los sondeos de opinión no figuraba como opción clara para pasar a la segunda vuelta. Cabe destacar que en tercer lugar, con más de un 20% del electorado, está el candidato liberal Samuel Doria quien con su posible adhesión, pudiera ser un factor decisivo los próximos días.
Para entender los pormenores del nuevo mapa político boliviano que comienza a configurarse con esta elección, nos acompañó Franz Flores. Politólogo profesor e investigador de la Universidad San Francisco Xavier en Sucre, Bolivia. Articulista en L21 y Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador. Con su apoyo analítico, destacaremos las principales claves de este cambio político, las explicaciones de este desplome electoral del MAS, así como también cuáles son las propuestas de los candidatos que siguen en carrera.
Las aguas del caribe oriental han sido en los últimos días el escenario de un importante despliegue militar estadounidense que incluye al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato y varios destructores con capacidad misilística tipo Arleigh Burke. Una movilización que además incluye 4.500 soldados y hasta un submarino nuclear que además de fortalecer su presencia naval contra los cárteles de drogas que operan en el Caribe, buscan elevar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Si bien la naturaleza de este despliegue militar no sugieren operaciones de desembarco u ocupación en territorio venezolano, representa una exhibición de fuerza sin precedentes en las ya tradicionales tensiones entre Washington y Caracas. Un ejercicio de coerción contra uno de los régimen más represivos del hemisferio y su red internacional de negocios ilícitos, el cual pudiera además profundizar las fisuras del propio régimen venezolano.
Y es que desde 15 de marzo de este año, el presidente Donald Trump invocando la Ley de Enemigos Extranjeros comenzó un proceso de deportación masivo de ciudadanos venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua. Incluida en la lista de organizaciones terroristas, acusada de invadir territorio estadounidense. Lo cual presagiaba una nueva escalada de tensiones bilaterales, negociaciones fallidas, nuevas sanciones y un despliegue militar en sus costas. En este sentido, cabría preguntarnos ¿qué alcance real tendrá esta movilización marítima? ¿qué objetivos estratégicos busca la administración Trump? ¿estamos frente a una posibilidad real de cambio político en Venezuela?
A lo largo de los últimos días se ha incrementado la presencia naval estadounidense en las inmediaciones de las costas venezolanas, tensionando aún más la compleja geopolítica del Caribe. Y es que recientemente los EEUU calificó el sobrevuelo de dos aviones F-16 venezolanos cerca de uno de sus destructores como «una acción altamente provocadora», la cual se produce pocos días después de la destrucción de una embarcación presuntamente destinada al tráfico de drogas que se dirigía a Trinidad y Tobago. Todo lo cual aumenta la presión política y militar sobre el régimen de Maduro y sus actividades ilícitas en la región.
Incidentes en el plano militar, que ocurren al mismo tiempo en el que se registran distintas respuestas diplomáticas de otros países del Caribe, Centro y Sudamérica con respecto a las operaciones antinarcóticos de EEUU. Tal como el propio Secretario de Estado Marco Rubio ha destacado en su reciente visita a Ecuador y México. En este contexto cabría preguntarse ¿qué elementos de doctrina militar tiene la política exterior estadounidense en su confrontación con el régimen de Maduro? ¿qué implicaciones geopolíticas deben tener en cuenta los gobiernos de la región? y en especial ¿qué nivel de efectividad pudiera llegar a tener este despliegue militar a efectos de un cambio político en Caracas?
Para examinar las particularidades que tiene la geopolítica del Caribe, nos acompañó para este episodio Víctor Mijares. Politólogo internacionalista, profesor e investigador de la Universidad de los Andes (Uniandes) quien ha dedicado buena parte de su actividad profesional a los estudios de seguridad internacional, política exterior y regímenes autoritarios. Fundador además de Geostrategos, un laboratorio dedicado a la enseñanza y capacitación en análisis de riesgo global. Con su respaldo analítico, intentaremos explicar el contexto geopolítico y el alcance de estas crecientes tensiones entre Washington y Caracas.
La noche del pasado domingo 07 de septiembre, en voz del propio presidente Javier Milei se consuma la derrota política más importante en lo que va de mandato. Los resultados de las elecciones provinciales, especialmente en la de Buenos Aires, fueron contundentes. Y es que el partido Fuerza Patria resultaría ser la fuerza política más votada con el 50%, mientras que el partido de Milei, La Libertad Avanza conseguiría el segundo lugar con el 31%. Unos comicios políticamente trascendentes considerando que además de tratarse de la provincia electoralmente más grande del país, ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato de octubre próximo. Una derrota sin atenuantes, que deja importantes mensajes políticos tanto para el oficialismo como para la oposición.
En esta contienda destaca la figura de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y principal protagonista de una reactivación del peronismo, el cual sigue en su búsqueda por la renovación política desde la oposición. Sin embargo, desde su mensaje de festejo, Kicillof no desaprovechó la ocasión para agradecer a sus electores y en particular, a la ex-presidenta Cristina Kirchner, a pesar de su probada responsabilidad y condena por la corrupción política. Lo cual en buena medida impulsó considerablemente el respaldo electoral hacia Milei y su movimiento libertario. En este contexto cabría preguntarnos ¿cuáles serían los mensajes del electorado más importantes de estos comicios? ¿Qué capacidad tendrá el gobierno de Milei para encajar la derrota y gestionar nuevas estrategias de gobernabilidad con en una oposición reforzada? Por otra parte, con lo ocurrido en esta elecciones provinciales ¿la fórmula política «Fuerza Patria» en Buenos Aires, será la respuesta suficiente para que el peronismo pueda contener políticamente los dos años que le quedan a Milei?
Recientemente se celebró en México el XIII Congreso Internacional de Ciencia Política en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ciudad de México. Un encuentro académico en el que además de abordar los temas clásicos como políticas públicas, partidos políticos y elecciones, se abordaron otros que dan cuenta de nuevos desafíos que atañen a la sociedad política de nuestro tiempo. Todo lo cual nos lleva a plantearnos, ¿qué capacidad de respuesta puede llegar a tener la academia en contextos políticos, como el mexicano en otros de alta polarización, desafección política y desinstitucionalización democrática? ¿Qué papel tiene la academia en México en términos de mejora a la cultura política?
Cuestiones de gran pertinencia, no tan solo en el caso de México, sino a nivel hemisférico tales como la corrupción, migraciones o los usos de la inteligencia artificial en la política. Para entender la actualidad y pertinencia de esta relación entre política y academia en México nos acompaña una vez más Azul Aguiar-Aguilar. Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, Dra por la Universidad de Florencia y experta en teorías de la democracia, instituciones políticas y política judicial comparada. Desde 2023 presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y organizadora de este Congreso. Con su reseña de este evento intentaremos examinar la actualidad de la disciplina en el difícil contexto de deterioro democrático que vivimos en la región.
Durante los últimos días buena parte de la opinión pública ha puesto en evidencia, la profunda y peligrosa división política que persiste en la sociedad estadounidense, tras el trágico asesinato del activista Charlie Kirk, en un campus universitario de Utah. Un nuevo episodio mortal de violencia política, que ocurre en una nación en la que la polarización extrema alcanza unos registros de asesinatos e intentos de homicidios, desconocidos en los últimos sesenta años. Un reflejo inequívoco del deterioro de la democracia y en especial de la cultura de tolerancia y pluralidad. Situación que, como hemos reseñado en otros episodios de Mirada Semanal, lamentablemente tiene precedente en otros países, incluyendo a nuestra región. Tal como ha ocurrido el reciente asesinato del senador Miguel Uribe en Colombia, el candidato presidencial Fernando Villavicencia en Ecuador o la alcaldesa Martha Laura Mendoza México, entre otros casos en toda América.
Y es que cuando las instituciones democráticas y el espacio público no pueden contener a los extremismos, el debate se limita y los discursos predominantes trivializan la narrativa y los actos de odio, la violencia se instala con funestas consecuencias. Lamentablemente la violencia política se ha hecho práctica habitual en nuestros días. Desde la vandalización en las protestas, los escraches a las figuras públicas, la brutalidad represiva policial selectiva, las agresiones a la prensa, los parlamentarios insultándose, hasta los discursos estigmatizantes que emplean muchos presidentes en funciones. Creándose una narrativa sectaria y excluyente, que identifica a la discrepancia o a la divergencia, como enemigos públicos.
En este sentido, ¿qué origina y alienta esta violencia política en nuestras sociedades? ¿qué mecanismos de contención podría plantearse desde las instituciones democráticas? y en especial, ¿qué pudiéramos hacer los ciudadanos para desarmar el discurso y las narrativas de odio que predominan en la conversación política de nuestra cotidianidad?
En la vida social de nuestro tiempo cada vez es más frecuente la proliferación del extremismo y la violencia política, y especialmente el fenómeno de la desinformación se ha convertido en uno de los principales desafíos para el funcionamiento de las democracias. Si bien la manipulación informativa no es un fenómeno nuevo, su impacto y proliferación se ha intensificado en las últimas décadas debido a la expansión de las redes sociales y la fragmentación de los espacios de debate público. La complejidad de la desinformación no se limita a la difusión de noticias falsas, sino que involucra también la tergiversación de datos ciertos, el uso selectivo de la información y la amplificación de narrativas polarizantes que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Y es en ese contexto social, en el que la información que alimenta el debate público se contamina por noticias engañosas. Los ciudadanos enfrentan serias dificultades para evaluar opciones políticas, formarse un criterio propio y participar con confianza en la vida pública. Y es que la desinformación condiciona la acción colectiva, debilita los consensos básicos y lamentablemente fomenta la radicalización ideológica, como lo hemos evaluado en episodios anteriores. Considerando además, que las redes sociales han sido diseñadas para maximizar el tiempo de uso, terminan favoreciendo la propagación de mensajes sensacionalistas o polarizantes por encima de contenidos verificados y contrastados. Creándose consigo un ambiente comunicacional en el que las emociones y las percepciones tienden a imponerse sobre los hechos, favoreciendo la creación de burbujas informativas en las que los usuarios quedan expuestos principalmente a aquello que refuerza sus creencias previas. Fomentando consigo una mayor fragmentación social y restringiéndose la posibilidad de establecer un debate democrático abierto, plural y constructivo.
Para examinar cuáles pudieran ser las mejores prácticas para navegar esta desinformación, nos acompañó en este episodio Raisa Urribarri. Periodista e investigadora venezolana en el CIEPS, cofundadora del capítulo local de Internet Society. Con su apoyo analítico, intentaremos entender los orígenes y alcances de este fenómeno social y en especial como fortalecer la educación digital de los ciudadanos y construir espacios de deliberación democrática.
