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Una región, todas las voces

¿Cómo Discord y las redes se convirtieron en la plaza pública de la Generación Z?

Por
Julieta Heduvan
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Desde finales de septiembre, Marruecos se encuentra atravesando una de las mayores protestas desde la Primavera Árabe de 2011 y el Movimiento del 20 de Febrero en Marruecos. Miles de jóvenes, organizados bajo el nombre de GenZ 212 (una referencia al código telefónico del país), salieron a las calles de ciudades como Agadir, Casablanca y Rabat para denunciar el deterioro de los servicios públicos, el desempleo y la corrupción.

Lo que comenzó como indignación por la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público de Agadir, pronto se convirtió en un movimiento nacional. Pero la magnitud de estas marchas no solo demostró el nivel de indignación nacional, sino también la innovación de esta generación. Sin líderes ni estructuras formales, encontró una voz unificada a través de la plataforma digital Discord.

Una chispa en un país dividido

El Marruecos actual es un país de contrastes. Mientras el gobierno invierte miles de millones de euros en estadios para la Copa Africana de Naciones de 2025 y el Mundial de 2030, hospitales públicos carecen de equipamiento básico y las escuelas se derrumban por falta de mantenimiento. El Gobierno marroquí había puesto su fe en estos planes de inversión en infraestructuras para el Mundial de Fútbol de 2030 (que coorganiza con España y Portugal) con la esperanza de contrarrestar la pérdida neta de empleo, la primera en los 25 años de reinado de Mohamed VI. Irónicamente, esta inversión, pensada para impulsar el mercado laboral, terminó convirtiéndose en el símbolo principal del descontento.

La indignación estalló cuando se conoció que las ocho mujeres murieron por falta de recursos para realizar cesáreas. “Menos Mundial y más hospitales” se convirtió en el lema de una generación que creció entre promesas incumplidas y pantallas encendidas. En este contexto, la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010) emerge como un actor político inédito. Representan cerca del 41% de la población y son la generación más conectada y frustrada de Marruecos: el desempleo juvenil, que alcanza el 37%, es uno de los más altos de la región, y casi uno de cada tres jóvenes expresa el deseo de emigrar. Pero, a diferencia de las generaciones anteriores, esta no confía ni en los partidos, ni en los sindicatos, ni siquiera en los medios tradicionales. Su espacio de acción es digital, y su herramienta de organización, inesperadamente, es una aplicación pensada para gamers.

De los videojuegos a la movilización

Discord nació en 2015 como una plataforma de chat para videojuegos en línea. Su diseño permitía coordinar equipos, hablar en tiempo real y compartir estrategias sin interrupciones. Pero esa misma arquitectura (canales temáticos, servidores privados, anonimato y comunicación instantánea) se ha transformado en una infraestructura ideal para la organización política descentralizada. El caso marroquí lo demuestra con claridad. En cuestión de días, el servidor GenZ 212 reunió a más de 180.000 usuarios, que discutían estrategias, votaban decisiones y coordinaban protestas simultáneamente en distintas ciudades.

Discord ofrecía lo que Facebook o X ya no podían: un espacio cerrado, horizontal y libre de vigilancia directa, donde los jóvenes podían expresarse sin el miedo heredado de sus padres. Las ventajas técnicas eran evidentes. Los canales se dividían por regiones, las discusiones se organizaban por temas, y las votaciones se realizaban colectivamente. Las herramientas de voz y video permitían reuniones en tiempo real entre miles de usuarios. Todo esto, sumado a la posibilidad de usar seudónimos y crear cuentas sin número telefónico, dio al movimiento una sensación de autonomía y seguridad digital difícil de replicar en otras redes.

Una generación sin miedo ni jerarquías

Más allá de la tecnología, el fenómeno refleja un cambio cultural profundo. La Generación Z marroquí no busca líderes ni partidos, busca comunidad. A diferencia de los movimientos de 2011, estructurados en torno a ideologías o figuras visibles, GenZ 212 se define como apolítico, horizontal y “sin rostro”. Sus reivindicaciones (salud, educación, dignidad) son universales y casi imposibles de cooptar por las fuerzas tradicionales. El movimiento también rompe con el miedo heredado. Los jóvenes marroquíes crecieron viendo la Primavera Árabe reprimida y las reformas prometidas diluirse.

Pero, a diferencia de sus padres, no cargan con el pacto tácito del silencio. En sus canales, los mensajes son directos, a veces irreverentes: la crítica al Gobierno del primer ministro Aziz Akhannouch es frontal, aunque el respeto al rey Mohamed VI se mantiene como una línea roja. Su reclamo no busca derrocar la monarquía, sino obligarla a intervenir para frenar la corrupción y restaurar la justicia social. Esta nueva generación también globaliza su lenguaje político. En las marchas, ondea una bandera peculiar: la del manga One Piece, símbolo de rebeldía y justicia. Los memes, los emojis y las referencias culturales son parte del discurso, mezclando cultura pop y política con naturalidad. Es una forma de resistencia que se entiende en Tánger (Marruecos), pero también en Katmandú (Nepal) o Antananarivo (Madagascar), donde movimientos similares han surgido bajo la misma lógica digital.

El reflejo en Peru

Las marchas en Perú, descentralizadas y con fuerte protagonismo de la Generación Z, también canalizan un hartazgo acumulado ante la falta de oportunidades, la inseguridad cotidiana y la impunidad de las élites, en un país donde uno de cada cuatro jóvenes no estudia ni trabaja. Las movilizaciones lideradas por jóvenes menores de 30 años surgieron como respuesta a una reforma del sistema privado de pensiones, que imponía aportes obligatorios a los trabajadores independientes y restringía los retiros anticipados. Aunque el Congreso dio marcha atrás en la medida, el reclamo inicial se transformó en una protesta más amplia contra un sistema político percibido como corrupto, ineficiente y ajeno a las necesidades ciudadanas.

Desde Latinoamérica, este movimiento comparte rasgos con las recientes manifestaciones juveniles en Marruecos y otras partes del mundo: un liderazgo difuso, una organización basada en redes sociales y el uso de símbolos culturales globales que expresan rebeldía y aspiración de justicia. En las calles de Lima y otras ciudades, la bandera pirata inspirada en el manga One Piece también tuvo un papel protagónico como emblema de una generación que se siente despojada del derecho a soñar, y que busca recuperar la esperanza a través de la protesta.

Con más del 25% del electorado, los jóvenes peruanos representan un nuevo actor político con capacidad de incidir en las elecciones de 2026. Su irrupción marca no solo una crisis de representación, sino también la emergencia de un sujeto colectivo que, al igual que en Marruecos, utiliza la protesta como medio para reclamar dignidad, participación y un futuro propio dentro de sistemas percibidos como clausurados.

Los límites de la horizontalidad digital

Pero este modelo también tiene sus límites. La misma horizontalidad que hace del movimiento algo inclusivo puede volverse un problema. Los moderadores de los servidores, muchas veces voluntarios sin experiencia, enfrentan dificultades para controlar el discurso o evitar la desinformación. En Nepal, un servidor similar se vio invadido por información falsa y sabotaje digital. En Marruecos, los administradores han debido imponer reglas estrictas (como limitar el tiempo de palabra a pocos minutos) para evitar el caos. Además, los mensajes no están cifrados y la plataforma ha cooperado con autoridades en otros países, lo que genera temores sobre posibles filtraciones o represalias.

Lo que distingue a Discord de sus predecesores (Facebook durante la Primavera Árabe o Twitter durante las protestas de Hong Kong) es su naturaleza privada y comunitaria. No es una plaza pública abierta, sino una serie de pequeñas asambleas digitales. Esto permite a los movimientos ser menos visibles y, por tanto, más resistentes a la censura o al control estatal. Pero también implica una paradoja: la revolución ya no se libra en la calle, sino en espacios cerrados y anónimos, difíciles de representar políticamente.

Aun así, el impacto es real. GenZ 212 logró articular un discurso nacional en cuestión de días, movilizando a una generación que se creía apática. Su reclamo por dignidad, salud y educación ha vuelto a poner sobre la mesa temas que el poder político prefería ignorar. Y aunque el futuro del movimiento es incierto, su existencia marca un punto de inflexión en la política marroquí.

Del clic al cambio

La movilización de los jóvenes demuestra que la tecnología no solo cambia la forma de comunicarnos, cambia la forma de entender la acción política. Discord, creada para coordinar partidas de juegos online, se ha convertido en una herramienta para coordinar protestas por la dignidad humana. Lo que empezó como un canal para el ocio es hoy un símbolo de organización, frustración y esperanza juvenil.

Quizás por eso, más que una plataforma, Discord encarna una metáfora generacional: una juventud que, cansada de esperar en silencio, aprendió a hacer política desde la intimidad de una pantalla. No necesitan un líder, ni un partido, ni una plaza: solo un servidor donde la indignación se transforme en conversación, y la conversación, en acción, marcando el fin de una generación que se negaba a ser silenciada.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

¿Braden o Perón? La recurrente disyuntiva agónica

Por
Manuel Alcántara
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A veces el juego electoral alcanza su punto álgido cuando la cuestión a dilucidar se simplifica. Frente al panorama en el que se confronten opciones múltiples, cada una cargada con determinado nivel de complejidad, el cuadro que opone únicamente dos posibilidades es más eficiente. Si a ello se añaden altas dosis de emotividad el resultado puede ser aún mejor.

En la oferta de procesos electorales, aquel que se sitúa en el nivel de la consulta donde solo cabe la opción del sí o del no se adscribe a este escenario. También acontece cuando se trata de decidir en términos unipersonales. Si, además, la lógica que se impone es la de la mayoría absoluta que obliga normalmente a la confrontación final entre dos contendientes el asunto es todavía más obvio. En sendas situaciones, las posiciones ofertadas confrontadas aúnan una pluralidad de circunstancias -rasgos personales, programas políticos, elaboración certera de relatos convincentes, contexto socioeconómico, …- que dibujan la oferta sobre la que el electorado tendrá que construir su escueta decisión. Tampoco deben obviarse los propios constituyentes de la demanda, sus legados y su entorno.

Los países de América Latina, desde su independencia han visto como la valoración del papel de Estados Unidos ha sido un factor fundamental en la constitución de la identidad política de sus sociedades. El antagonismo ha sido un factor permanente que en muchas ocasiones ha constituido el carácter decisivo de la liza política. La obra Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, la Oda a Roosevelt del nicaragüense Rubén Darío, El antiimperialismo y el APRA del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, al iniciarse el siglo XX sentaron las bases intelectuales de la confrontación que se intensificará durante la guerra fría. Entonces, serán hitos potenciadores de la situación los éxitos de las revoluciones cubana y nicaragüense; la divulgación de la doctrina de la seguridad nacional entre los ejércitos de la región con el auspicio de diferentes golpes de estado; las invasiones de República Dominicana y de Granada; y los tratados Torrijos-Carter, que definirán la entrega del canal de Panamá al país que se independizó cuando se construyó.

En 1946, tras una larga década de tutela militar y de movilizaciones sociales en un clima de profundas transformaciones y superado el contexto de la guerra mundial, en Argentina se convocaron elecciones. Un militar locuaz, socializado en la Italia de Benito Mussolini gracias a haber ocupado un cargo de representación diplomática, con experiencia ministerial en un gobierno militar donde pudo llevar a la práctica un pensamiento articulador de programas estatistas con cierto contenido social y nacionalista fue el candidato que se lanzó a disputar las elecciones con cierta posibilidad de ser el ganador. Su avance popular fue contrapuesto por el activismo del embajador de Estados Unidos en el país que, transmitiendo la opinión de la administración Truman, veían al candidato como un peligro ante el nuevo orden internacional que se estaba articulando.

Juan Domingo Perón era el aspirante presidencial referido y Spruille Braden el diplomático estadounidense. Poco importó que el candidato rival de la Unión Democrática fuera un político conocido y que su coalición contara con un amplio apoyo del espectro político opuesto a la dictadura militar. Perón logró imponer en la campaña el relato que le daría a la postre un claro triunfo. Simplemente se limitó a contraponer el sentimiento antiamericano larvado durante las décadas inmediatamente anteriores por el pensamiento difundido en los textos citados más arriba y como reacción a las políticas de Washington del “destino manifiesto” y del “garrote y la zanahoria” continuadoras de la proclama del presidente Monroe. “Braden o Perón” fue la exitosa disyuntiva planteada por este último al electorado argentino para concitar sus intereses.

Han pasado 80 años y el mantra publicitario pareciera recobrar vigencia con respecto a las elecciones legislativas argentinas del domingo 26. El maridaje de Javier Milei y de Donald Trump articulado en la simpatía compartida de dos histriones narcisistas con valores comunes en torno al capitalismo libertario y necesidades complementarias de las maltrechas finanzas argentinas, así como del interés estadounidense de frenar la presencia china haciéndose con los ricos yacimientos minerales argentinos, ha llevado a una insoportable intromisión del país del norte en el proceso electoral del país del sur.

El amigo americano está dispuesto a invertir enormes sumas en la economía argentina. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha anunciado la inversión de 25.000 millones de dólares para construir un data center en la Patagonia argentina. Por su parte, el gobierno estadounidense está dispuesto a aportar 20.000 millones de dólares a las arcas argentinas a través de un extraño mecanismo financiero. Pero en este caso hay un condicionante importante, la opción de Milei debe ganar, o cuando menos tener un honroso resultado electoral que le permita proseguir el programa político diseñado en la Casa Rosada. De lo contrario, la Casa Blanca retirará su apoyo y Argentina posiblemente se deslizará en una crisis más de las que asolan al país desde hace medio siglo. La disyuntiva, por tanto, parece renacer, pero en este caso no es la de “Trump o Milei”. ¿Cómo la procesará el electorado argentino? ¿Trump y Milei frente a la soberanía nacional?

Por mucho que hoy este parezca un concepto obsoleto la autorización del presidente Trump de realización de acciones encubiertas en territorio venezolano es un paso al frente de la estrategia iniciada con el ataque que ha conllevado la muerte de una veintena de personas y la destrucción de al menos cinco lanchas presuntamente cargadas de droga en el Caribe, el mar, por excelencia, que define el patio trasero estadounidense. Epítome lamentable y agónico que estructura una inequívoca senda hacia una antigua polarización hoy reestablecida. Esta situación poco a poco va definiendo el tablero político latinoamericano, algo que ya ha comenzado en Brasil donde el presidente Lula da Silva ha recibido un evidente apoyo de la opinión pública por su firmeza frente al gobierno estadounidense.

La descentralización en América Latina: el pulso histórico por la autonomía territorial

Por
Edwin Lopez Rivera
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Las estructuras administrativas y fiscales que hoy definen la organización territorial de los países latinoamericanos son herederas de pasados múltiples, cuyas raíces profundas se hunden en sus experiencias coloniales. Para la América hispánica, el legado borbónico del siglo XVIII impuso una tradición centralista destinada a fortalecer el control fiscal de la Corona, mientras que la colonización portuguesa en Brasil cultivó una descentralización más orgánica. Tras las independencias, esta divergencia inicial se amplificó: los territorios hispanoamericanos oscilaron entre experimentos federalistas y bruscas recentralizaciones, siempre al compás de las guerras civiles y conflictos interestatales que forjaron sus Estados nacionales. Así, los modelos actuales de gestión territorial llevan la marca indeleble de esos siglos de ensayo y error institucional.

Estos procesos se cristalizaron en órdenes constitucionales que institucionalizaron el grado de descentralización de cada nación. En las federaciones como Argentina, Brasil y México, la autonomía subnacional se erige como un derecho originario, no como una simple concesión del poder central. Argentina articula este principio mediante provincias con gobiernos plenos y un sistema fiscal mixto que combina impuestos propios con la siempre conflictiva coparticipación federal. Brasil radicaliza esta lógica al constitucionalizar incluso la autonomía municipal, sustentada en tributos locales como el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios ICMS. México, en cambio, presenta un federalismo atenuado donde los estados, pese a su autonomía formal, dependen financieramente de las transferencias federales, herederas de una tradición centralista.

Por su parte, países como Chile, Perú y Colombia han estado dominados por una tradición centralista, con breves periodos de descentralización que suelen revertirse. Chile encarna el centralismo más puro: incluso con gobernadores electos, su autonomía fiscal es mínima y servicios esenciales como salud y educación se dirigen desde ministerios nacionales. Perú yace en un limbo descentralizador, donde gobiernos regionales nominales operan bajo el férreo control limeño del canon minero y otros recursos. Colombia, por su parte, habita una paradoja: ha construido una descentralización administrativa notable donde territorios gestionan servicios vitales, pero lo hace con recursos ajenos, evidenciando la contradicción fundamental entre gasto descentralizado y recaudación centralizada que define a los estados unitarios de la región.

La comparación de los datos fiscales recientes revela patrones estructurales decisivos en la organización territorial de estos tres países. Colombia emerge con una peculiaridad singular: ostenta el mayor grado de descentralización del gasto público entre los tres países, con los gobiernos territoriales (departamentos y municipios) ejecutando una proporción significativamente mayor de recursos que sus pares andinos: cerca del 40% del gasto total del gobierno general, una proporción notablemente superior al 25% de Chile y al 20% de Perú calculados con datos de la CEPAL. Sin embargo, esta autonomía operativa es engañosa, pues se sustenta en que la abrumadora mayoría de sus ingresos provienen de transferencias centrales a través del Sistema General de Participaciones (SGP), evidenciando una profunda dependencia financiera del nivel nacional. Chile, por su parte, representa la coherencia centralista: su gobierno central concentra la mayor parte del gasto público (75% del gasto público total del gobierno), mientras que las regiones, provincias y municipalidades dependen casi por completo de fondos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con una recaudación propia mínima. Perú completa este panorama con el modelo más extremo de concentración fiscal (80% del gasto se decide centralmente), donde incluso mecanismos de redistribución como el canon minero están tan regulados desde el gobierno central que no logran alterar la lógica de dependencia territorial.

La paradoja colombiana se manifiesta en una descentralización truncada: el país ejecuta de manera descentralizada, pero recauda centralizadamente. Mientras Chile y Perú mantienen una coherencia centralista, Colombia ha creado un híbrido donde los territorios administran servicios cruciales con recursos ajenos. Esta contradicción se agudiza en el nivel departamental, donde la Constitución de 1991 prometió un equilibrio territorial que nunca se materializó plenamente. Tres décadas de reformas han convertido a los departamentos en administradores pasivos del SGP, con una autonomía fiscal que apenas alcanza entre el 10% y 15% de sus ingresos. Los departamentos cargan con responsabilidades estratégicas —desde hospitales de alta complejidad hasta la gestión de cuencas hidrográficas—, pero operan con manos fiscales atadas por el gobierno central. Es más, mientras grandes ciudades como Bogotá o Medellín movilizan ingresos propios robustos, la mayoría de las gobernaciones languidecen sin recursos autónomos. Este divorcio entre competencias y capacidad financiera ha creado un sistema atrofiado, donde la descentralización colombiana sigue siendo un proyecto a medio camino, atrapado entre la retórica autonómica y la realidad de un centralismo fiscal que asfixia el desarrollo territorial.

Chile, Perú y Colombia comparten recientes intentos por reformar las competencias fiscales de sus regiones, aunque con estrategias divergentes. Mientras Chile ha avanzado gradualmente desde lo territorial hacia el centro desde la reforma a la regionalización del país de 2018, Perú y Colombia han optado por la vía contraria, impulsando reformas desde el nivel central. La reciente Ley Orgánica de Competencias presentada en Colombia en septiembre del presente año ilustra este modelo: aunque busca definir las obligaciones territoriales en educación, salud e infraestructura con los nuevos recursos del SGP, el proyecto fracasa en su propósito esencial. Lejos de delimitar competencias, deroga normas clave sin establecer mecanismos de reemplazo, omite definir la distribución concreta de recursos –generando un grave riesgo financiero para los municipios– y crea un Consejo Superior de Autonomía controlado por entidades nacionales que burocratiza la toma de decisiones. Además, delega aspectos cruciales a “futuras reglamentaciones” no especificadas y reintroduce reformas ya acordadas por el Congreso, desconociendo consensos previos. La iniciativa, en lugar de clarificar, profundiza la incertidumbre. 

Luego de la reforma al SGP aprobada en 2024, Colombia intenta lo que se podría llamar un “aterrizaje controlado” de la descentralización, fusionando la claridad legal que Perú no logró implementar con una inyección de recursos que Chile ha aplicado con mayor gradualidad. Esta encrucijada refleja la paradoja colombiana: el país busca perfeccionar un mecanismo como el SGP que ya permite una descentralización operativa excepcional en la región, aunque aún sujeta a la voluntad fiscal del centro. Como suele ocurrir en América Latina, el éxito final no dependerá de las leyes escritas, sino de la esquiva alquimia entre la voluntad política, la herencia institucional y la capacidad de gestión en los territorios.

Incapacidad moral en Perú: democracia fatigada y el fin del ciclo Boluarte

Por
Luis Miguel Santibáñez Suárez
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La destitución de Dina Boluarte no sorprendió a nadie que siguiera de cerca la lenta descomposición del régimen. Más que una crisis coyuntural, su caída sintetiza el agotamiento de un modelo político que perdió toda capacidad de representación. Perú vive desde hace años en una especie de limbo institucional: formalmente democrático, pero sin una democracia vivida, sin ciudadanía que se reconozca en sus autoridades ni en las reglas del juego. La vacancia del 10 de octubre fue solo el último gesto de un sistema que se consume en su propio descrédito.

Boluarte llegó al poder como resultado de un proceso anómalo. Heredó la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, el maestro rural que había irrumpido con la promesa de una política distinta y terminó devorado por un entramado institucional hostil y un Congreso decidido a impedir cualquier intento de redistribuir el poder o cuestionar los privilegios históricos. La caída de Castillo fue presentada como una defensa del orden constitucional, pero en realidad abrió la puerta a un gobierno sin legitimidad social, sostenido por las élites económicas y por una coalición parlamentaria que nunca escondió su desdén por el voto popular. Desde entonces, el país quedó en manos de un Ejecutivo sin respaldo y de un Congreso convertido en árbitro de la política.

Durante casi dos años, Boluarte gobernó con el discurso de la “mano firme”, prometiendo restablecer el orden y garantizar la estabilidad. Pero en la práctica, su administración profundizó la distancia entre el Estado y la sociedad. Las protestas sociales que sacudieron el sur andino tras la caída de Castillo fueron reprimidas con una violencia que dejó decenas de muertos. El mensaje fue claro: la estabilidad valía más que la vida. La respuesta autoritaria al conflicto marcó el quiebre definitivo de la legitimidad gubernamental. En el Perú profundo, el Estado volvió a ser percibido como un aparato ajeno, centralista y punitivo. Esa fractura social, que lleva décadas gestándose, terminó de romper cualquier posibilidad de consenso.

La inseguridad, la inflación y la corrupción completaron el cuadro. El llamado “Rolexgate” —la investigación por una colección de relojes de lujo no declarados— fue apenas la chispa que encendió la mecha. No fue el escándalo en sí lo que destruyó a Boluarte, sino lo que simbolizó: un poder desconectado, incapaz de comprender la indignación de una ciudadanía que sobrevive en la informalidad y la precariedad. En un país donde millones viven con salarios insuficientes, la ostentación del lujo en la cúpula política adquirió el carácter de afrenta moral. Cada reloj se volvió metáfora del divorcio entre el Estado y el pueblo.

El Congreso, por su parte, aprovechó el desgaste de la presidenta para consumar la vacancia. No lo hizo por convicción ética, sino por cálculo político. En el Parlamento peruano, los discursos sobre moral y legalidad suelen ser instrumentos de poder, no principios. Lo paradójico es que un Congreso con niveles de aprobación inferiores al 10 % se arrogue el derecho de destituir a una presidenta igualmente impopular en nombre de la “voluntad popular”. En esa dinámica circular, todos ganan poder mientras la ciudadanía lo pierde. Lo que en teoría debería ser un sistema de pesos y contrapesos se ha transformado en una guerra de desgaste mutuo donde la política se reduce a supervivencia.

La asunción del presidente interino José Jerí no representa una salida, sino la continuidad del vacío. Jerí, un político sin trayectoria nacional, asume un país exhausto, sin horizonte ni confianza. Hereda no solo una crisis institucional, sino una fractura social que atraviesa clases, territorios y generaciones. Su principal desafío no será mantener el orden, sino devolverle sentido a la palabra “democracia”. Porque en el Perú contemporáneo, la democracia se ha vuelto un ritual sin contenido: elecciones regulares, congresos volátiles y presidentes que duran lo que tarda en agotarse su crédito mediático.

La raíz del problema es estructural. El modelo político peruano, consolidado tras el fujimorismo, apostó por una democracia mínima: mercado sin Estado, crecimiento sin redistribución, formalidad constitucional sin inclusión social. Se privilegió la estabilidad macroeconómica sobre la cohesión social, y el resultado ha sido una ciudadanía cínica, descreída y frustrada. El desencanto no nace del exceso de democracia, sino de su ausencia sustantiva. Cuando las instituciones sirven más a los intereses de unos pocos que a las necesidades de las mayorías, la legitimidad se erosiona hasta desaparecer.

Desde una mirada regional, el caso peruano es un espejo que refleja una tendencia más amplia en América Latina: la fatiga democrática. Gobiernos que administran la desigualdad, élites que confunden estabilidad con inmovilidad, y sociedades que ya no creen que votar cambie algo. En este contexto, los populismos de distinto signo florecen no como causa, sino como síntoma del fracaso de la representación. Perú es quizás el laboratorio más extremo de esa patología: un país donde la política se ha vaciado de contenido y donde la palabra “reforma” se pronuncia con cinismo.

Boluarte fue, en ese sentido, una figura trágica: una presidenta sin partido, sin base social y sin relato. Gobernó de espaldas a la ciudadanía, apostando a la represión y al discurso tecnocrático, creyendo que la autoridad se sostiene con decretos y no con legitimidad. Pero su caída no debería interpretarse como una victoria de sus adversarios, sino como una advertencia. Cuando los gobiernos de la élite fracasan, no triunfa la democracia, sino el vacío. Y en ese vacío, el autoritarismo siempre acecha.

El reto, entonces, es reconstruir el pacto democrático desde abajo. Eso implica reconocer las demandas postergadas del sur andino, la desigualdad estructural que divide al país y la necesidad de un Estado que proteja, en lugar de castigar. La izquierda moderada —esa que cree en la justicia social sin renunciar a la institucionalidad— tiene la oportunidad de plantear una agenda renovadora: no populista, sino popular; no rupturista, sino incluyente. Un nuevo contrato social que devuelva sentido a la política y que haga de la igualdad una condición de la democracia, no su promesa incumplida.

La vacancia de Dina Boluarte cierra un ciclo, pero no inaugura otro. Es el último acto de una democracia fatigada que necesita reencontrarse con su propia sociedad. Si el Perú no asume la tarea de reconstruir el vínculo entre Estado y ciudadanía, seguirá atrapado en su bucle de crisis permanentes, entre la república formal y la nación ausente. Porque el problema del Perú no es la inestabilidad: es la indiferencia. Y cuando la gente deja de creer que el poder le pertenece, la democracia deja de existir, incluso antes de caer.

Rumbo a la COP30: el cambio climático y la migración forzada en América Latina

Por
Pía Riggirozzi
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El cambio climático no solo destruye territorios y ecosistemas: profundiza desigualdades históricas y obliga a millones de personas a desplazarse. En América Latina y el Caribe, donde confluyen pobreza estructural, violencia, debilidad institucional y desigualdad de género, el clima se ha convertido en un catalizador de vulnerabilidades.

La degradación ambiental —desde la pérdida de masa glaciar hasta las olas de calor, sequías o incendios forestales— está deteriorando los medios de vida y empujando a comunidades enteras a migrar hacia zonas menos afectadas. Los desastres naturales asociados al cambio climático son hoy uno de los principales motores de desplazamiento humano en la región: 2,2 millones de nuevos desplazamientos internos se registraron solo en 2022, una de las cifras más altas del mundo según ACNUR.

El Banco Mundial advierte que, si no se adoptan políticas urgentes, para 2050 América Latina podría tener más de 17 millones de migrantes climáticos internos, con un impacto especialmente grave en México y Centroamérica.

La dimensión de género en esta crisis emerge claramente. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las mujeres y niñas representan cerca del 80% de las personas desplazadas por causas climáticas. Esta ‘feminización’ de la migración climática refleja cómo las normas sociales y la desigualdad estructural amplifican los impactos del deterioro ambiental, afectando especialmente a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

Género y migración climática: vulnerabilidad multiplicada

En América Latina, las mujeres suelen ser las principales responsables de garantizar agua, leña y alimentos, tareas que se vuelven cada vez más difíciles con el deterioro ambiental. Además, el informe The Unjust Climate de la FAO revela que las mujeres rurales jefas de hogar pierden más ingresos que los hombres debido al calor extremo y las inundaciones. Si la temperatura global aumentara solo un grado más, las pérdidas podrían crecer hasta un 34%, agravando la pobreza y la desigualdad.

Estas condiciones empujan a muchas mujeres a migrar como estrategia de supervivencia y resiliencia. Sin embargo, durante el desplazamiento estas enfrentan violencia sexual, explotación laboral y trata de personas, además de la pérdida de acceso a servicios básicos, lo que incrementa los riesgos de mortalidad materna y embarazos no deseados.

La salud también sufre las consecuencias

El calor extremo aumenta el riesgo de mortinatos, y el incremento de las temperaturas favorece la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Zika. Según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas, las mujeres jóvenes de Centroamérica y el Caribe son las más afectadas. El calor extremo duplica la probabilidad de migrar hacia las capitales, en busca de empleo o refugio.

Por otro lado, sectores altamente feminizados como la maquila textil o el trabajo doméstico están entre los más vulnerables a estos impactos, generando pérdida de ingresos, movilidad forzada y precarización laboral. Además, los factores climáticos crean nuevos —y refuerzan antiguos— determinantes de salud ignorados, evidenciando la necesidad de mejorar el acceso sanitario y los sistemas de vigilancia en salud para responder eficazmente a estas crisis.

Centroamérica: el espejo de una crisis

El Corredor Seco Centroamericano —que abarca Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— es uno de los ejemplos más claros de cómo el cambio climático golpea la vida cotidiana. Más de 11 millones de personas dependen de la agricultura, y entre el 30% y 50% de los hogares rurales han perdido parte o la totalidad de sus cosechas en los últimos cinco años debido a sequías e inundaciones según la OIM.

Esa inseguridad alimentaria empuja a miles de familias a migrar hacia el norte. En este contexto, las mujeres cargan con el peso más duro: quedarse significa soportar la escasez y multiplicar las tareas de cuidado; migrar, en cambio, implica arriesgarse a rutas peligrosas como el Tapón del Darién, donde se han documentado altos niveles de violencia sexual.

Entre 2016 y 2021, los desastres climáticos desplazaron a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe según datos de UNICEF, incrementando las responsabilidades de cuidado y protección de las mujeres, tanto en tránsito como en destino.

Protagonistas del cambio: mujeres, territorio y justicia climática hacia la COP30

A pesar de este panorama, las mujeres no son solo víctimas: son también líderes y agentes de cambio. En múltiples territorios de América Latina, las mujeres rurales e indígenas encabezan redes de resiliencia, impulsando prácticas agroecológicas, proyectos de reforestación y sistemas comunitarios de gestión del agua. Según ONU Mujeres (2025), estos liderazgos han sido fundamentales para sostener la vida y proteger los ecosistemas, aunque su rol político y económico sigue siendo invisibilizado.

De cara a la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, es imprescindible reconocer y financiar el liderazgo climático de las mujeres latinoamericanas. No basta con visibilizar sus aportes: hay que garantizar su participación plena y vinculante en los mecanismos de gobernanza climática y asegurar que los fondos de adaptación lleguen a los proyectos que ellas lideran.

Invertir en mujeres no es solo una cuestión de justicia: es una estrategia de resiliencia climática eficaz. Donde ellas gestionan los recursos naturales, los suelos se regeneran más rápido, los cultivos son más sostenibles y las comunidades muestran mayor cohesión social y seguridad alimentaria. La COP30 debería marcar un punto de inflexión, pasando de ver a las mujeres como víctimas de la crisis climática a reconocerlas como protagonistas de la transformación ecológica y social.

Hacia una COP30 con justicia climática y de género

Brasil, sede de la próxima COP, tiene la oportunidad histórica de situar el nexo entre género, migración y cambio climático en el centro de las negociaciones globales. Esto exige: crear marcos internacionales que reconozcan a las personas desplazadas por el cambio climático; garantizar fondos que se destinen a iniciativas lideradas por mujeres rurales e indígenas y por mujeres desplazadas; asegurar que estas mujeres tengan voz y voto en las decisiones climáticas; integrar la salud en las políticas climáticas y migratorias; y crear mecanismos de rendición de cuentas para asegurar las prácticas relacionadas a los puntos anteriores.

Finalmente, la COP30 debe reforzar el principio de responsabilidad compartida y promover un enfoque regional coordinado que reconozca la interdependencia entre los países afectados por el cambio climático y fortalezca la cooperación regional y multilateral. Solo así la COP30 podrá ser recordada como la cumbre donde se avanzó hacia una justicia climática que también sea justicia de género y migratoria.

Cuando las ideas conquistan, pero los partidos alejan

Por
Paulina Valenzuela   |   Joao Acharán
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En tiempos donde la política genera más dudas que certezas, los partidos no solo deben tener buenas ideas: tienen que lidiar con lo que representan como marca. ¿Sabrán hacerlo de modo que ello juegue a su favor? De acuerdo al informe GPS Ciudadano de la consultora DATAVOZ: una parte relevante del electorado chileno comparte algunas ideas estatistas asociadas al Partido Comunista, pero lo rechaza de forma emocional e identitaria. Incluso si las propuestas les hacen sentido, el nombre del partido sigue siendo un obstáculo.

Esto quedó en evidencia tras el triunfo de la líder comunista Jeannette Jara en las primarias del oficialismo. Su programa, que propone un Estado más activo en lo económico, reabrió el debate sobre el lugar del PC dentro del bloque gobernante, pero también sobre cómo es percibido fuera de él.

Para entender ese contrapunto, el informe desarrolló dos indicadores: uno que mide la predisposición programática hacia el estatismo (es decir, qué tan de acuerdo están las personas con un mayor rol del Estado), y otro que mide la predisposición afectiva hacia el Partido Comunista. Ambos en una escala de 1 a 5, donde 1 es adhesión y 5 rechazo.

La diferencia entre ambos indicadores es el corazón del análisis. Porque mientras el rechazo emocional hacia el PC es alto y concentrado (con muchos marcando el 5, el nivel más alto de rechazo), las opiniones sobre el estatismo están más repartidas, con una mayoría en posiciones intermedias (valores 2 a 4). En otras palabras: muchos no quieren al partido, pero no necesariamente rechazan sus propuestas económicas.

Un dato clave: el 36,1% de las personas encuestadas cae en esta categoría, donde hay distancia afectiva hacia el PC, pero no hacia sus ideas. ¿Quiénes son? Principalmente mujeres jóvenes, de sectores socioeconómicos bajos, con educación media o básica. Y eso los vuelve electoralmente decisivos.

Esta brecha entre programa y marca no es exclusiva de Chile. En varios países de América Latina se repite la escena: una ciudadanía que quiere un Estado más presente, pero que no confía en los partidos que lo promueven. El problema no es solo programático; es simbólico.

Los partidos, sobre todo los de izquierda o con tradición estatista, muchas veces cargan con una historia que les juega en contra. No por sus propuestas actuales, sino por lo que evocan: discursos de otro tiempo, estéticas rígidas, alianzas pasadas, ideologías que la ciudadanía percibe como lejanas o anticuadas. Eso puede bloquear incluso las ideas que, en el fondo, son compartidas por buena parte de la población.

En la región, la desafección partidaria va en aumento. El voto ya no se mueve solo por programas. Se mueve por confianza, por emoción, por lo que las personas creen que representa un partido o su líder. Y ese componente afectivo se ha vuelto tan o más importante que el ideológico. Como han mostrado estudios recientes, crece el “votante desarraigado”: alguien que no se casa con ningún partido, que puede estar de acuerdo con ciertas ideas, pero que se aleja si no confía en quién las propone.

Esto obliga a los partidos a hacerse preguntas incómodas. ¿Cuánto pueden cambiar su forma de presentarse sin perder su identidad? ¿Qué están dispuestos a ajustar para conectar con sectores que están cerca programáticamente, pero lejos simbólicamente? ¿Cómo se construye confianza cuando la marca arrastra rechazo?

El caso del Partido Comunista en Chile pone sobre la mesa un desafío mayor para muchas fuerzas políticas en América Latina: no basta con tener propuestas que respondan a las demandas sociales. También hay que construir un relato que genere pertenencia, que conecte desde lo cotidiano, que no asuste, que no suene ajeno.

Y eso no es fácil. Porque no se trata solo de “comunicar mejor”, sino de entender que, en contextos de desafección, la emoción precede a la razón. Que el programa puede ser bueno, pero si la marca no convence, el voto se va para otro lado.En esta tensión entre programa y marca, ideas y afectos, es donde se juega buena parte del futuro político. Y es ahí donde está, quizás, el mayor desafío para quienes buscan representar a las mayorías desde una visión transformadora: lograr que las personas no solo escuchen sus propuestas, sino que quieran creer en quien las lleva.

Inteligencia artificial con sesgos reales: nuevos retos para la igualdad de género en América Latina y el Caribe

Por
Gemma Galdon-Clavell   |   Ana Pirela-Rios
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Cada vez más en América Latina y el Caribe (ALC) se utiliza la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones cotidianas que afectan a millones de personas: procesos de selección de becas, subsidios, alertas de servicios sociales, identificación biométrica, incluso orientación a víctimas de violencia. 

Pero, como lo advierte el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, la IA se consolida en una región con desigualdades persistentes, y los datos que alimentan estos sistemas reflejan inevitablemente los sesgos arraigados en la sociedad. Si los algoritmos aprenden de estas realidades, el sesgo de género deja de ser un fallo de laboratorio y se convierte en un problema de desarrollo: puede excluir a quienes menos aparecen en los registros —como las mujeres pobres, indígenas, migrantes o rurales— lo que erosionaría aún más la confianza institucional.

Pero la misma tecnología que puede profundizar desigualdades también sirve para proteger, informar y abrir oportunidades, en especial para grupos tradicionalmente excluidos. El desafío es reducir ese sesgo y apostar por controles verificables que prioricen la equidad para ampliar derechos, mejorar la focalización de políticas y fortalecer un crecimiento más inclusivo.

Un problema “técnico” que ya es de desarrollo

Uno de los principales usos de la inteligencia artificial se basa en identificar patrones en grandes volúmenes de datos para optimizar decisiones. Sin embargo, los modelos que “promedian” poblaciones diversas pueden desfavorecer a los grupos subrepresentados y reproducir patrones históricos de discriminación. En programas de protección social, por ejemplo, varios países de ALC han incorporado modelos automatizados para clasificar personas y asignar beneficios, pero los sistemas de puntaje pueden perpetuar la exclusión si se alimentan de datos donde las mujeres u otros grupos no están equitativamente representados.

El sesgo de género aparece en decisiones concretas y la seguridad pública ofrece un contrapunto igual de ilustrativo. La región ha adoptado rápidamente tecnologías biométricas y de reconocimiento facial, pero estudios muestran que los falsos positivos pesan más sobre las mujeres, y en particular sobre mujeres racializadas. Estos errores de identificación comprometen libertades, pueden activar detenciones injustas y amplificar desigualdades.

Paralelamente, cuando los algoritmos de contratación replican historiales laborales masculinizados o cuando el crédito se otorga con modelos que penalizan trayectorias femeninas según los criterios de la banca tradicional, se reducen las oportunidades para las mujeres, se pierde productividad y se limita el emprendimiento. La región no puede permitirse tecnologías que excluyan talento femenino de mercados ya segmentados. 

Invertir en datos representativos y fortalecer marcos regulatorios del uso de la IA, incorporando métricas de equidad y mecanismos de rendición de cuentas, son pasos clave para usar esta tecnología de forma responsable e inclusiva. Así, la inteligencia artificial puede convertirse en una oportunidad no solo para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, sino también para ampliar la base de beneficiarias de la innovación, acelerar la adopción digital y promover la inclusión laboral y financiera.

También conviene revisar el plano simbólico: la feminización por defecto de asistentes virtuales o chatbots —a través de sus nombres, voces y avatares— reproduce jerarquías. Esto puede estar justificado en servicios específicos, pero como norma refuerza estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad. El diseño de interfaces, cada vez más usado para mejorar la provisión de servicios públicos, también es un elemento de política pública.

Liderazgo femenino: de “outliers” a diseñadoras

Los principios de no discriminación, transparencia y supervisión humana ya figuran entre las estrategias y marcos de varios países de la región. El reto es traducirlos en controles verificables: documentar la composición demográfica de los datos; evaluar el desempeño por subgrupos (mujeres por edad, origen, condición migratoria o ruralidad); monitorear los resultados tras el despliegue de los sistemas; y exigir auditorías independientes obligatorias en sistemas de alto impacto (como aquellos usados para protección social, salud, justicia, y seguridad). Con estos controles la IA se vuelve auditable y gobernable.

Debido a exclusiones históricas y baja visibilidad en datos formales, los sistemas tienden a clasificar a las mujeres como “outliers”, un término que en estadística define un valor atípico, es decir, una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. Desde un enfoque estrictamente estadístico, los resultados de conjuntos de datos con valores atípicos pueden conducir a conclusiones erróneas, por lo que generalmente se evitan. Sin embargo, esto no siempre aplica en contextos más sutiles, como solicitudes de crédito, vacantes laborales o programas sociales, donde las características de las mujeres pueden diferir de las de los hombres, pero no deberían ser motivo de exclusión de los procesos de selección.

Pero las mujeres de la región no solo son usuarias de la IA, sino también líderes en la creación de soluciones: marcos feministas de desarrollo de IA, herramientas abiertas para detectar estereotipos en modelos de lenguaje e iniciativas que incorporan perspectiva de género en el trabajo en plataformas. Colocar a las mujeres en el centro —como diseñadoras, auditoras, reguladoras y usuarias— mejora la calidad técnica de los sistemas y acelera su aceptación social. Esta es, además, una política de innovación.

En definitiva, reducir el sesgo de género multiplica retornos: políticas sociales más precisas y legítimas; seguridad compatible con derechos; mercados laborales y financieros más inclusivos y productivos; y mayor confianza en instituciones capaces de gobernar tecnologías complejas. Esto se traduce en desarrollo humano: más capacidades reales —salud, educación, participación, trabajo digno— y más agencia para incidir en la propia vida y el entorno. 

La IA no es neutra, pero puede ser justa. Para lograrlo, América Latina y el Caribe necesita abrazar un estándar mínimo ya al alcance: datos representativos y documentados, métricas de equidad por subgrupos, auditorías independientes y vías de reparación cuando hay daño. Reducir el sesgo de género no solo abre oportunidades a las mujeres, sino que impulsa el desarrollo para toda la región.


Este artículo se basa en los hallazgos del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Bolivia: Los desafíos del próximo gobierno de Rodrigo Paz

Por
Franz Flores
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El candidato de centroizquierda del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se impuso con el 54% de los votos al obtener casi diez puntos de ventaja sobre su rival, Jorge Tuto Quiroga. Este triunfo no solo pone fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, sino que también confiere una sólida legitimidad a la nueva administración. Sin embargo, los retos que se vislumbran en el ámbito político, para el gobierno de Paz, que asumirá el 9 de noviembre próximo, son considerables. 

La primera gran prueba para Paz será la consolidación de su base de poder en el legislativo. La principal debilidad radica en que el Partido Demócrata Cristiano (PDC)  funcionó como un «vientre de alquiler», una estructura instrumental sin arraigo social o nacional que respaldara la candidatura. Aunque Paz capitalizó el voto del «núcleo duro» del MAS en varias regiones, no heredó la estructura partidaria ni la capacidad de movilización de su predecesor. Esta debilidad partidaria genera dos puntos de fricción.

Dentro de la bancada del PDC podrían emerger múltiples facciones, cada una buscando cuotas de poder. Las tensiones que ya se evidenciaron entre Paz y su compañero de fórmula, Edman Lara, durante la campaña podrían exacerbarse, complicando la gobernanza del Ejecutivo y la gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Así mismo, Paz deberá negociar consensos con otros partidos. Si bien cuenta con el respaldo explícito de Unidad de Samuel Doria Medina, que se concretó en el balotaje, las relaciones con el partido de Quiroga, LIBRE, son más tensas. Aunque comparten afinidades ideológicas (economía de mercado, apertura exterior, respeto a las instituciones), las secuelas de la agresiva campaña electoral dificultarán una posible alianza. La mayoría simple en la ALP está asegurada con la alianza del PDC con Unidad, pero para reformas de mayor calado, como un eventual cambio constitucional, necesita acercarse y pactar con LIBRE, que posee la llave de los dos tercios.

Un segundo desafío crucial será la relación con los poderosos y decisivos movimientos sociales. El apoyo de estas organizaciones a la fórmula del PDC, si bien fue un factor determinante para su victoria, no garantiza una lealtad incondicional. Con un notable historial de empoderamiento político, estas organizaciones buscarán proteger sus privilegios y, si se sienten desfavorecidas, podrían recurrir a movilizaciones que amenacen la estabilidad social. Su apoyo será fundamental para legitimar cualquier ajuste económico y social. El manejo de las tensiones con estos sectores y la forma en que el nuevo gobierno gestione el legado del «masismo» serán vitales para mantener la estabilidad del país. En muchos sentidos estas son fuerzas antisistema que pueden bloquear el gobierno de Paz.

La capacidad del nuevo gobierno para emprender cualquier política económica y social está condicionada por la superación de estos dos desafíos políticos: necesita un legislativo alineado con el Ejecutivo y una articulación efectiva con los movimientos sociales. 

Una vez resueltos los obstáculos políticos, el siguiente gran desafío es el económico. Paz recibe un país en crisis, con escasez de dólares, inflación y reservas internacionales en descenso. La eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida crucial para la sostenibilidad fiscal, podría provocar un grave descontento social. El precedente de 2010, cuando Evo Morales tuvo que dar marcha atrás a un ajuste similar por la presión de los movimientos sociales, subraya la delicadeza de esta situación. 

El 19 de octubre no solo marcó el fin de una era política, sino que también abrió un interrogante crucial: ¿se encamina Bolivia hacia una verdadera transformación o hacia una continuación del modelo del MAS por otros medios?

La respuesta a esta pregunta definirá la dirección del país en los próximos años. Si el nuevo gobierno de Rodrigo Paz opta por la primera vía, será indispensable abordar reformas estructurales que permitan fortalecer las instituciones democrática. Estas reformas incluirían: la reducción del presidencialismo y generar un sistema de justicia libre de la influencia política.

Si, por el contrario, el gobierno de Paz se concentra únicamente en la solución de los problemas económicos más apremiantes —como la inflación y la escasez de hidrocarburos—, ignorando sus causas profundas, el modelo del MAS podría persistir. Este modelo se caracteriza por una economía de base estrecha, sin una industrialización significativa ni una generación estable de empleo.

Es probable que el MAS, ahora sin mayoría parlamentaria, ofrezca un margen de maniobra inicial a la nueva administración. Sin embargo, el panorama político no estará completo hasta las elecciones subnacionales del próximo año. Solo entonces se definirá con mayor claridad la nueva correlación de fuerzas en el país. Por ahora, Bolivia da sus primeros pasos fuera del dominio hegemónico del MAS y de la sombra de Morales.

Sin mujeres no hay multilateralismo efectivo

Por
María Fernanda Espinosa
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En un mundo atravesado por conflictos, desigualdad y desconfianza institucional, el multilateralismo enfrenta una paradoja: nunca ha sido tan necesario, y nunca ha estado tan cuestionado. Mientras los acuerdos internacionales se debaten entre la fatiga de las negociaciones y la urgencia de las soluciones, un hecho sigue siendo evidente: sin la participación plena de las mujeres, el multilateralismo carece de legitimidad, eficacia y estabilidad.

A tres décadas de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la distancia entre los discursos y la realidad persiste. Las mujeres no son un grupo de interés más dentro de la arquitectura internacional; son la mitad de la humanidad y, cada vez más, la mitad de quienes trabajan por sostener la paz, la cooperación y el bienestar colectivo. Sin embargo, las cifras revelan un desequilibrio notorio. El último informe de GWL Voices, Mujeres en el Multilateralismo encontró que en las Naciones Unidas, apenas el 21% de las representantes permanentes eran mujeres en 2024. Históricamente, solo el 7% de los más de 2.800 representantes permanentes ante la ONU desde 1947 han sido mujeres, y 19 de las principales organizaciones internacionales nunca han tenido a una mujer en su máximo cargo de dirección.

Frente a este panorama, desde Iberoamérica existe una generación de mujeres que está redefiniendo la forma de entender y practicar el multilateralismo. Lo hacen desde ministerios, organizaciones internacionales, universidades, redes de la sociedad civil y movimientos sociales. Hablan distintos idiomas y provienen de diversas disciplinas, pero comparten una convicción común: que la cooperación internacional debe servir para mejorar vidas concretas, no solo para producir declaraciones. Entienden que el éxito del multilateralismo no se mide por el número de resoluciones que adopta, sino por su capacidad de traducirlas en políticas que promuevan la paz y el desarrollo de forma tangible.

El multilateralismo como práctica cotidiana

A menudo se percibe el multilateralismo como una estructura lejana, un conjunto de instituciones, cumbres y protocolos inaccesibles. Pero en su sentido más profundo, es una práctica: la capacidad de escuchar al otro, de encontrar puntos comunes en la diferencia y de reconocer que los problemas globales requieren soluciones compartidas. En esa práctica, las mujeres aportan una perspectiva fundamental, anclada en la prevención, la cooperación y una visión integral de la seguridad.

Esa mirada ha transformado la diplomacia contemporánea. Las mujeres que hoy lideran agendas globales tienden a vincular los grandes objetivos con la vida real de las personas. En los procesos de paz, la evidencia es clara: cuando las mujeres participan, los acuerdos tienen un 35% más de probabilidades de durar al menos quince años. Sin una base de paz sólida, cualquier esfuerzo de desarrollo está condenado a ser inestable. Lo mismo ocurre con las políticas internacionales que integran la igualdad de género desde su diseño y no como un añadido.

En este contexto, el liderazgo de las mujeres iberoamericanas es especialmente significativo. Durante las últimas décadas, la región ha impulsado su participación política al más alto nivel. El compromiso de la mayoría de los países latinoamericanos con la adopción de sistemas de cuotas explica, en buena medida, que la región sea hoy la segunda del mundo con mayor representación femenina en los parlamentos.

Nuestra región ha sido históricamente un laboratorio de cooperación, con mecanismos de diálogo político y social que anteceden incluso a otras regiones del mundo. Pero también ha sido un territorio de profundas desigualdades, donde las mujeres han tenido que abrirse camino en contextos complejos, sosteniendo comunidades, impulsando redes y creando nuevas formas de diplomacia “desde abajo”. Desde las defensoras ambientales en la Amazonía hasta las negociadoras de paz o las académicas que aportan evidencia a las políticas públicas, las mujeres de Iberoamérica están ampliando las fronteras del multilateralismo.

Además, las mujeres aportan perspectivas amplias que enriquecen el debate global. Las voces de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y jóvenes son imprescindibles para construir una cooperación más representativa. Ellas nos recuerdan que la cooperación y la solidaridad no puede ser solo entre Estados, sino también entre pueblos; no solo entre gobiernos, sino entre comunidades que enfrentan desafíos comunes desde contextos distintos.

Los desafíos que persisten en la región

A pesar de los avances, persisten barreras culturales y regulatorias que dificultan la plena inclusión de las mujeres. La representación a nivel local, por ejemplo, sigue siendo una asignatura pendiente: apenas un 16% de las alcaldías están ocupadas por mujeres. Es crucial enfocar los esfuerzos en este ámbito, donde las decisiones tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Otro obstáculo mayúsculo es la violencia política, un fenómeno en el que Iberoamérica ha sido pionera en identificar y legislar, pero que sigue frenando la participación de muchas mujeres. Los niveles de violencia en la región siguen siendo alarmantes: cerca del 80% de las mujeres políticas afirman haber sufrido o presenciado algún tipo de violencia. A esto se suma la distribución desigual del trabajo no remunerado. Las tareas de cuidado, históricamente invisibilizadas, recaen de forma desproporcionada sobre ellas, quienes destinan en promedio tres veces más tiempo que los hombres a estas labores.

Hacia un futuro de participación plena

La pregunta, entonces, no es si las mujeres deben estar presentes en el sistema multilateral y las decisiones, sino cómo garantizar que su participación sea plena y sostenida. Para ello, se requiere al menos tres transformaciones fundamentales:

Primero, reconocer el liderazgo de las mujeres como parte estructural del sistema. Esto implica promover la paridad en los organismos internacionales, abrir espacios de formación y mentoría y garantizar condiciones que permitan conciliar el liderazgo con la vida personal y familiar para todas las personas.

Segundo, fortalecer las redes de cooperación entre mujeres de distintas regiones y disciplinas. La experiencia acumulada en Iberoamérica, de resistencia, innovación y diálogo, puede nutrir los procesos globales. Las alianzas Sur-Sur y la cooperación iberoamericana son catalizadores de una nueva diplomacia, más horizontal y empática.

Y tercero, traducir la igualdad en resultados concretos. No basta con contar con mujeres en las mesas de negociación; hay que reconocer y  documentar el impacto de sus decisiones en la paz, la educación o la economía. La igualdad debe ser un principio, un método de trabajo, que atraviese todo el ciclo de las políticas públicas y los acuerdos internacionales.

El futuro del multilateralismo dependerá de su capacidad para reinventarse. La experiencia y el liderazgo de las mujeres son esenciales para construir un orden internacional más cooperativo y efectivo. Sus voces no solo reclaman un lugar; están transformando el modo en que entendemos la cooperación. Nos recuerdan que el multilateralismo no se sostiene sobre tratados, sino sobre confianza. Que la paz no se firma, se construye. Y que la igualdad no es un destino, sino una forma de caminar.

Un multilateralismo sin mujeres no es solo incompleto: es ineficaz. Y el mundo, hoy más que nunca, necesita de toda su inteligencia, su experiencia y su voz.

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Eutanasia en Uruguay: una conquista civil que redefine los límites de la libertad individual

Por
Valentina Starcovich
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Siguiendo la tipología de “estado de bienestar”, Uruguay es un país de excepción. Si bien muchas de estas políticas se consolidaron durante la era progresista, no son exclusivas de esta. De hecho, ya desde comienzos del siglo XX, donde el modelo político que imperaba respondía a la corriente batllista, el Estado se caracterizaba por una tradición liberal y humanista. En la era moderna, Uruguay ha procurado mantenerse a la vanguardia en términos de justicia social: la regulación y control del cannabis, la despenalización del aborto, la promulgación del matrimonio igualitario, son solo algunos ejemplos de los muchos logros de una verdadera democracia liberal. Y ahora, tras la legalización de la eutanasia, suma una nueva conquista en materia de derechos, brindando a los ciudadanos garantías incluso en los momentos más críticos de su vida.

El Parlamento es, en efecto, la casa de la democracia. Ese recinto, tan magnánimo, alberga las discusiones políticas más relevantes del país. Así, el pasado 15 de octubre, tras una larga sesión del Senado, se aprobó una de las leyes más discutidas y progresivas del mundo: la de “muerte digna”, que legaliza la eutanasia en casos de enfermedad incurable y padecimientos extremos. Con esta decisión, la nación suramericana se convierte en el onceavo país a nivel mundial, el séptimo a nivel parlamentario en reglamentarla. A diferencia de los casos de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia está despenalizada a través de fallos judiciales, Uruguay marca un precedente en América Latina al consagrarla por medio de una norma clara, formal y garantista.

Inspirada en modelos como los de Bélgica y Países Bajos, la nueva ley ofrece todas las garantías necesarias para la correcta aplicación de la eutanasia activa. Contará con una comisión honoraria encargada de evaluar los casos de manera anual, el respaldo de una Junta Médica y hasta mecanismos de revocación, tanto para el paciente que desista del procedimiento, como para los profesionales que se nieguen a llevarlo a cabo. Como defendieron legisladores como el oficialista Daniel Borbonet, neonatólogo de profesión, la ley no impone obligación alguna, sino que crea alternativas donde antes no existían.

La promulgación de esta ley es la culminación de más de cinco años de intensas deliberaciones, así como de cuestionamientos políticos, éticos y hasta morales. Entre algunas de las más resonadas críticas, están justificaciones de tipo religioso que, en una nación laica desde 1917, deberían no tener mucho eco en el debate público. Sin embargo, persisten quienes, bajo excusas derivadas de la bioética, reniegan del proyecto alegando que va en detrimento de la propia vida humana. En contraposición, sus defensores destacan el carácter “garantista” de la regulación, que confiere a cada individuo la autonomía de decidir sobre su cuerpo en circunstancias en las que la mera existencia les resulta un hastío.

¿Disciplina partidaria? No, libertad y convivencia

El debate sobrevivió dos períodos de gobierno, un cambio de signo político, reorganizaciones parlamentarias, pero jamás perdió la tónica del respeto y la concertación. En un país acostumbrado a procesar sus diferencias con serenidad institucional, la eutanasia requirió de mucha paciencia, pero jamás incurrió en estridencias.

En 31 votos posibles, 20 fueron favorables. Además de la mayoría de 17 votos por parte de la coalición de izquierda, Frente Amplio, que ostenta la Presidencia de la República, los 3 restantes pertenecen a partidos opositores, 2 del Partido Colorado y 1, sorprendente, voto del Partido Nacional. Ninguna fracción política votó movilizado por disciplina partidaria, sino a título personal. Esta libertad de acción permitió que figuras como la de la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, se desmarcara de sus correligionarios y apoyara el proyecto.

Ope Pasquet, considerado “el padre” de dicha legislación, defendió la misma alegando que “no hay dignidad sin libertad”. Este emblemático legislador, recientemente retirado, volvió al juego parlamentario para dar su último y decisivo aporte. Pero la ley no es solo obra de legisladores y legisladoras bienhechores, sino que también es el triunfo de una sociedad civil organizada e informada. La soberanía radica en la nación, y cualquier política pública progresiva requiere de movilizaciones. Sin el trabajo de colectivos como Empatía Uruguay, así como de los fuertes testimonios de pacientes y familias que atravesaron dolorosos procesos, el proyecto posiblemente estaría perdida en el cajón de algún escritorio.

¿Muerte digna? Sí, muerte libre, serena y, por encima todo, digna

A modo de corolario, es verdad que el debate respecto a la ley está lejos de saldarse. Tal como sucede con muchos proyectos cuasi disruptivos, de a poco continuarán fortaleciéndose las voces más detractoras. A algunos, el título de “muerte digna” les resulta casi que nefasto. Según alegan, ¿qué distingue una muerte digna de una indigna? Probablemente la respuesta radique en el mismo principio que da sentido a la vida: la libertad y, sobre todo, la libertad de decidir.

Uruguay con esta legislación no celebra la muerte, muchos menos la incentiva. Aquí se ofrece, a las personas en determinadas circunstancias, la garantía de que podrán elegir sobre su propia vida. Morir con dignidad no depende solo de circunstancias médicas, así como tampoco de trasfondos religiosos o culturales, sino de asegurar la autonomía de la decisión. Se trata de consagrar un principio inherente a la libertad del individuo.

Paradójicamente, el día siguiente de la promulgación, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se encontraba en el Vaticano a la espera de ser recibido por el sumo pontífice, León XIV. Consultado sobre la ley, señaló que la eutanasia es un asunto que pone a dialogar los temas filosóficos con los religiosos, no así con identidades partidarias. Aunque su respuesta no resultó convincente para muchos, en ese momento, fue la más elegante posible. Al final, la ley de eutanasia ya es una realidad para Uruguay, ofreciendo también una hoja de ruta para la región: la dignidad no se legisla mediante dogmas, sino con diálogo y, sobre todo, libertad.

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