Durante los últimos años, los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos en América Latina y el Caribe se extendieron en cadena desde los Andes hasta la Patagonia, desde ciudades hasta pueblos costeros, causando profundas perturbaciones socioeconómicas y ambientales. De acuerdo con el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, en 2024, la temperatura media en América Latina y el Caribe estuvo 0,90 °C por encima de la media del período 1991-2020. El año pasado, los incendios forestales en las regiones de la Amazonia y el Pantanal, en Chile, México y Belice se vieron avivados por la sequía y por olas de calor extremas, y batieron récords en muchos países de la región.
La crisis climática afecta desproporcionadamente a las mujeres. El cambio climático y los desastres tienen intensos impactos en las mujeres y las niñas de hogares rurales pobres porque dependen en gran medida de los recursos naturales para obtener alimentos, agua y combustible para asegurar los medios de vida. De acuerdo con la publicación Justicia climática feminista: un marco de acción, publicada por ONU Mujeres, el peor escenario de cambio climático a nivel global podría resultar en que a 2050 haya 158 millones más de mujeres y niñas en situación de pobreza y que adicionalmente 236 millones enfrenten inseguridad alimentaria. En determinadas situaciones, las disparidades de género en el acceso, el control y la propiedad de la tierra y los recursos naturales de las mujeres pueden hacer que dependan más del acceso local a la naturaleza y sean más vulnerables a la degradación ambiental.
Resulta fundamental reconocer que las mujeres no solo son víctimas de estas crisis, sino que también son agentes de cambio esenciales. Paralelamente, las mujeres de América Latina y del Caribe también actúan como guardianas de la biodiversidad y poseen conocimientos específicos y valiosos y cosmovisiones que pueden proporcionar soluciones eficientes y sostenibles frente al cambio climático. En la región, son fundamentales las contribuciones que realizan las mujeres, particularmente las indígenas, rurales y afrodescendientes, a las soluciones ambientales, la preservación de la biodiversidad, el uso sostenible y gestión de los recursos naturales y la gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva de género.
Según información del Perfil Regional de Igualdad de Género, publicado recientemente por ONU Mujeres, nuestra región ocupa el primer lugar en el mundo en el asesinato a personas que se dedican a proteger la naturaleza. En 2022, el 88 % de las personas defensoras de la tierra y medio ambiente asesinadas vivían en América Latina y el Caribe. En 2023, al menos 300 defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente fueron asesinados, en un intento de silenciar su labor pacífica y vital en favor de los derechos humanos. De estas personas, 49 eran mujeres. El 79,3% de los asesinatos registrados se perpetraron en la región de las Américas (Front Line Defenders, Global Analysis, 2024-2025). Sumado a esto, las mujeres defensoras de derechos humanos también sufren de amenazas específicas como la criminalización, intimidación, agresión sexual y amenazas a la seguridad de sus familias.
La región de América Latina posee el 57 % de los bosques primarios del mundo, los recursos forestales más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, la conservación y el clima. Esto la convierte en una región clave a la hora de trabajar en las estrategias de preservación, adaptación y mitigación, por lo que la voz de la región es esencial para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga el centro a las personas, la sostenibilidad de la vida y el planeta.
Desde ONU Mujeres, hemos apoyado más de 50 reuniones regionales de coordinación de defensoras de los derechos humanos ambientales, aprovechando la experiencia de apoyo a la articulación, agencia y protección de las defensoras de derechos humanos en Colombia y Brasil. Esto ha incluido su participación en negociaciones y la elaboración de declaraciones para presentar sus desafíos, necesidades y contribuciones a los ministerios ambientales de la región y al Sistema de Naciones Unidas. De este modo, se ha aportado a reconocer el papel y la participación de las mujeres en toda su diversidad en las cuestiones ambientales y en el fortalecimiento de los marcos normativos. Resaltamos la importancia del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como primer acuerdo regional ambiental y primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y su importancia para fomentar la gobernanza climática en la región.
En Brasil, en Maranhão y Pará, implementamos el proyecto “Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Quilombolas”, que resultó en la incorporación de metas específicas para estos grupos de mujeres por primera vez en los planes y políticas de estos Estados. En Ecuador, llevamos el programa “Incorporación del enfoque de género en el programa PROAmazonía”, en el que mujeres de 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana asumieron el reto de fortalecer sus conocimientos sobre género, derechos humanos de las mujeres y derechos colectivos, cambio climático, organización, territorio, desarrollo sostenible y educación financiera. En Chile, lideramos un proyecto de cooperación sobre gestión de riesgos que tuvo en el centro la participación de mujeres indígenas en la construcción de un diagnóstico de riesgo de los efectos extremos del cambio climático a través de diálogos territoriales asegurando así que quienes son más impactadas por los efectos climáticos y los desastres socionaturales sean quienes participen efectivamente en la construcción de las estrategias y políticas públicas.
Teniendo como horizonte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2025 (COP 30), que tendrá lugar en noviembre de 2025 en la ciudad de Belém en Brasil, esta realidad demanda una respuesta firme y urgente de parte de la comunidad internacional, el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Las mujeres no pueden seguir siendo víctimas de la injusticia climática. Es indispensable involucrar a las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes en todos los procesos de planificación y desarrollo de políticas públicas, tomando en cuenta los roles de género de las comunidades.
En 2025, el 30° aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing representa una oportunidad única para incluir objetivos estratégicos y medidas para lograr la participación activa de las mujeres en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles; integrar las experiencias, preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible y fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en las mujeres y niñas.
Las mujeres de América Latina y el Caribe tienen una voz firme para aportar. Conjuntamente, cada uno en el nivel que nos corresponda, debemos fortalecer nuestro compromiso con las mujeres, reconociendo la necesidad de orientar cada vez más acciones para alcanzar su plena integración en los beneficios del desarrollo sostenible.
*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.
