Las encuestas de opinión muestran que el presidente Lula enfrenta un escenario desafiante en su tercer mandato: sus índices de aprobación son significativamente inferiores a los registrados en sus primeros años de mandato, entre 2003 y 2010. Si bien este no es un fenómeno exclusivo de Brasil —en casi toda Latinoamérica, la popularidad de los presidentes ha ido en declive—, el caso brasileño es destacable. Incluso con indicadores económicos positivos, como un crecimiento del PIB superior al promedio mundial, la disminución del desempleo y el aumento de los ingresos, el apoyo al gobierno está flaqueando y no muestra signos claros de recuperación.
Según la última encuesta de Quaest, uno de los factores que explica esta brecha entre el desempeño económico y el apoyo popular es la creciente preocupación de los brasileños por la corrupción. Estos datos son corroborados por otras encuestas. El instituto PoderData, por ejemplo, reveló que el 47% de los entrevistados cree que la corrupción ha aumentado bajo el actual gobierno. El Instituto Atlas indicó que la corrupción se ha convertido nuevamente en el principal problema del país, superando incluso problemas como la delincuencia y el narcotráfico, problemas que históricamente se han percibido como amenazas directas a la vida cotidiana de las familias brasileñas.
El regreso de la corrupción al centro del debate público coincide con las repercusiones de un escándalo recientemente revelado: el desvío de parte de las pensiones de funcionarios públicos a asociaciones que prestan servicios a jubilados, mediante un esquema que involucraba a empleados del INSS. Si bien se creó durante el gobierno anterior, el esquema fue desmantelado por la Policía Federal y la Contraloría General de la República, ambas instituciones fortalecidas y subordinadas al gobierno actual. El presidente Lula ordenó la destitución de la dirección del organismo responsable y prometió devolver los fondos desviados a los beneficiarios. Sin embargo, la decisión le costó la pérdida de un partido de la base gubernamental que ocupaba el ministerio en cuestión.
En teoría, el gobierno debería ser reconocido por sus esfuerzos para enfrentar las irregularidades, sancionar a los responsables y fortalecer la integridad de las instituciones. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario: desgaste político y una caída en la aprobación popular. Parte de la prensa, en lugar de destacar los esfuerzos proactivos del gobierno para combatir la corrupción, asoció directamente el escándalo con el actual presidente. El efecto es perverso: se penaliza a quienes combatieron la corrupción, no a quienes la instituyeron o se beneficiaron de ella. En este contexto, el incentivo se vuelve negativo; después de todo, si revelar la corrupción es más perjudicial que ocultarla, es mejor no revelar nada.
Es en esta paradoja que resurge la figura de Jair Bolsonaro. Durante su gobierno, se produjo un debilitamiento sistemático de los mecanismos de control y fiscalización, con intervenciones en organismos como la Policía Federal, la Secretaría de Ingresos Federales, el Coaf y el Ministerio Público. Aun así, Bolsonaro repitió una y otra vez que “no hubo corrupción” en su administración. La frase, aunque refutada por varias investigaciones, tuvo eco en los votantes. En la lógica del expresidente, y que lamentablemente parece encontrar apoyo en la realidad política, lo que no se revela simplemente no existe. La falta de transparencia, paradójicamente, se convierte en capital político.
Pero ¿cómo se explica este fenómeno?
En ciencias políticas, existe una suposición ampliamente aceptada: los políticos, en regímenes democráticos, buscan la aprobación de los votantes para mantenerse en el poder. A diferencia de los regímenes autoritarios, donde la coerción, el fraude o la manipulación garantizan su permanencia en el cargo, en las democracias, los gobernantes necesitan obtener apoyo en elecciones mínimamente competitivas. Para ello, deben rendir cuentas, mostrar resultados y convencer a la población de que merecen continuar.
Por lo tanto, la opinión pública se convierte en un factor central en la lógica de la representación democrática. Es la que orienta las prioridades del gobierno, influye en la formulación de políticas públicas y sirve como termómetro para las decisiones estratégicas. Los gobiernos que desean permanecer en el poder deben responder a las demandas sociales: mejorar la salud, invertir en educación, combatir la deforestación, promover el crecimiento económico, garantizar la seguridad y, por supuesto, combatir la corrupción. Estos compromisos no solo son éticos, sino también pragmáticos para obtener apoyo.
La lucha contra la corrupción, en este sentido, debe entenderse como una política pública. Requiere planificación, recursos, institucionalización y, sobre todo, priorización por parte del gobierno. Implica otorgar autonomía a los órganos de control, invertir en supervisión, aumentar la transparencia y crear mecanismos eficaces de rendición de cuentas. No se trata de una cruzada moral, sino de una decisión de gestión para proteger los fondos públicos y garantizar que se utilicen para satisfacer las necesidades de la sociedad. La corrupción, después de todo, no es una falla moral individual, sino una disfunción institucional.
El problema radica en que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, el éxito en la lucha contra la corrupción puede generar un efecto secundario indeseable: aumentar la percepción de que la corrupción está en aumento. Esto se debe a que cuantos más operativos de la Policía Federal llegan a los titulares, más arrestos se realizan, más escándalos salen a la luz, mayor es la sensación de que el problema está fuera de control, aunque, paradójicamente, estas acciones sean resultado del buen funcionamiento de las instituciones.
Este es el «efecto de visibilidad». La lucha eficaz contra la corrupción saca a la luz tramas que antes eran invisibles, lo que provoca un aumento artificial de la percepción del problema. Este fenómeno coloca a los gobiernos ante un dilema: actuar para combatir la corrupción y sufrir daños políticos inmediatos, o ignorarla y obtener beneficios electorales a corto plazo. Este efecto también plantea interrogantes sobre la utilidad de los índices de “percepción de la corrupción”, como los de Transparencia Internacional. Estos indicadores no miden los casos reales de corrupción, sino la sensación de que existe, una sensación que puede verse intensificada precisamente por los gobiernos que más combaten el problema.
En este contexto, la prensa desempeña un papel esencial. Es deber del periodismo investigar, denunciar y monitorear a quienes ostentan el poder. Pero también requiere responsabilidad en la investigación y en la forma en que se denuncian los casos. Cuando no hay distinción entre quienes promueven la corrupción y quienes la combaten, existe el riesgo de deslegitimar precisamente a quienes intentan corregir las fallas del sistema.
El desafío, por lo tanto, es doble: para los gobiernos, que deben decidir si vale la pena abordar un problema incluso si cuesta popularidad; Y para la prensa y la sociedad, que deben aprender a reconocer que la lucha contra la corrupción también genera ruido, y que este ruido, bien interpretado, puede ser una señal de que las instituciones están funcionando.
