El 21 de mayo el diario Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó un artículo titulado “Continúan las protestas  y la represión en Colombia”. No era la primera vez que se denunciaba la represión del Estado contra la ciudadanía. Lo mismo sucedió frente a las manifestaciones de Chile del 2019 con un artículo titulado: “Datos demuestran la brutalidad policial en chile”, y frente a las de Estados Unidos del 2020 donde un titular bastante más amarillista se preguntaba: “¿Dónde se fabrican los policías asesinos?”. Sin embargo, ante la violencia policial, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y el secuestro de opositores, periodistas y artistas en Cuba este mismo diario guarda silencio.

La primavera negra de 2003

En la madrugada del 18 de marzo del año 2003, en una acción coordinada por parte de agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, o policía política cubana, se detuvieron a 75 personas entre opositores, periodistas y activistas acusados de colaborar con el “enemigo” y apoyar el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Además de las detenciones, se confiscaron computadores, archivos, fotos, máquinas de escribir, fax, entre otros elementos que fueron usados como pruebas.

Días después, entre el 3 y el 7 de abril, se realizaron juicios sumarios en los que se les condenó a penas de prisión que iban desde los seis hasta los 30 años, sin derecho a un juicio justo, o al menos, a una defensa. Con ello se trataba de enviar un mensaje político hacia el gobierno de Estados Unidos con el fin de desincentivar cualquier tipo de agresión hacia Cuba, utilizando como chivos expiatorios a los disidentes dentro de la isla.

Para darle visos de legalidad a la acción, se utilizó la Ley 88 de 1999, o “Ley Mordaza”, en la que se establecía como finalidad “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley «Helms-Burton», el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”. Es decir, que cualquier acción en rechazo de las acciones del gobierno cubano y que pudiera asociarse a personas o miembros del gobierno de Estados Unidos hacía posible el uso de esta disposición para sancionar, perseguir y encarcelar.

Y aunque muchos de los acusados, ni siquiera conocían a James Cason, jefe de la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba, se utilizó a este funcionario como una excusa para el encarcelamiento masivo, aduciendo que “participaban de actividades subversivas” lideradas por él. Lo cierto es que mientras estos opositores, activistas y periodistas tuvieron que enfrentarse a esta justicia totalitaria, Fidel Castro no llevó a cabo ninguna represalia contra el funcionario del gobierno de Estados Unidos y sólo usó a sus propios ciudadanos como una forma de demostrar su poder.

La primavera negra de 2021

Aunque las acciones represivas no han cesado desde 2003 y han sido muchas las primaveras crueles para los cubanos que piensan diferente, esta primavera de 2021 era especial porque se realizaría el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en donde Raúl Castro se retiraría de la vida pública. Es así como anticipadamente y previendo cualquier tipo de acción opositora, se realizaron cercos policiales a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y se aumentó su vigilancia y control por parte del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE).

Como resultado de este ataque preventivo contra ciudadanos desarmados y pacíficos, 60 miembros de la UNPACU comenzaron una huelga de hambre en rechazo a la represión injustificada y la vigilancia. 26 días después del anuncio de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, terminó la huelga de hambre tras el fin del cerco policial a la sede de la organización en Altamira en Santiago de Cuba. Pero lejos de terminar los días de represión, se comenzarían nuevas formas de intimidación, persecución, secuestro y reclusión.

Ya iniciado el Congreso del PCC, el artista Luis Manuel Otero Alcántara realizó en su casa un performance para recrear a través de un “garrote vil” la precariedad de la vida y el “encarcelamiento” que sufre la sociedad cubana. El DSE no se hizo esperar y, además de irrumpir sin una orden judicial y detener al artista, le decomisó sus obras y dio inicio a los oscuros días del mes de abril, que además de las repetidas detenciones del artista, dejó como saldo la detención de otros activistas, y su reclusión involuntaria en el hospital Calixto García por cerca de un mes.

La prohibición de las protestas

El 30 de abril Esteban Rodríguez decidió, tras no poder visitar a Luis Manuel Otero Alcántara, manifestarse en plena Calle Obispo de la ciudad de La Habana junto a otros activistas y periodistas. Y aunque se trató de una expresión pacifica de ciudadanos en contra de la represión,  en una dictadura cualquier manifestación de descontento es inaceptable y por ello Esteban y sus acompañantes fueron conducidos por el DSE a una estación de policía. Desde esa fecha se encuentran detenidos y acusados de “desorden público y resistencia” y aunque algunos han sido liberados, otros como Esteban serán trasladados a cárceles de máxima seguridad.

Esteban no es el único y esta primavera ha tenido mucho otros nombres como el de la periodista Ileana Álvarez, detenida en su casa por informar; Manuel de la Cruz expulsado del Instituto donde trabajaba por participar en una fiesta con Luis Manuel Otero Alcántara; Maykel Osorbo, rapero, detenido en repetidas ocasiones y conducido sin causa objetiva a una prisión de máxima seguridad.

Miguel Díaz-Canel parece copiar las estrategias de 2003 para mostrar su poder y desincentivar cualquier foco de descontento. Mientras tanto, los medios oficialistas se visten de demócratas y defensores de los derechos humanos cuando se trata de juzgar la represión en otros países. Pero cuando se trata de reportear la represión hacia la UNPACU, el mismo Granma dice que se trata de “focos subversivos”, y alude a la reclusión hospitalaria de Luis Manuel Otero Alcántara como “la más reciente farsa contra Cuba”.

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