En los últimos años, al menos dos metrópolis sudamericanas atravesaron falta de agua por razones de calidad o cantidad adecuadas. En 2020, la Región Metropolitana de Río de Janeiro lidió con una emergencia hídrica debido a una contaminación por geosmina, compuesto orgánico no tóxico producido por algas, que volvió “desagradable”, según relatos de la ciudadanía, el olor del agua e hizo visible una crisis estructural de agua y saneamiento. Y en 2023, el Área Metropolitana de Montevideo vivió una crisis que puso en jaque a aproximadamente 1,5 millones de personas, debido a una sequía y al aumento en la salinidad del agua, dudas sobre la potabilidad y una sensación generalizada de vulnerabilidad.
A primera vista las crisis parecen diferentes: una por exceso de cloruro de sodio, otra por mal olor. Pero hay un patrón común: disputas por el modelo de gestión del agua, presiones del sector privado (interesados en ingresar al mercado de distribución), crisis de gestión debido al modelo predominantemente centralizado, poco participativo y con gran asimetria de poder en la gobernanza y narrativas oficiales que buscaron enmascarar responsabilidades. Estas fueron algunas de las reflexiones surgidas en la mesa redonda “¿Qué surge primero: las crisis hídricas, las soluciones hidráulicas o el involucramiento de empresas privadas? Reflexiones sobre Montevideo y Río de Janeiro”, en la que participaron los expertos María Selva Ortiz, Álvaro Briano y Ana Lucia Britto, en el marco del proyecto “Dimensiones hidrosociales de la crisis hídrica en la Región Metropolitana de Montevideo”, junto al PRIDES (Facultad de Ciencias Sociales) y la Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias) de la Universidad de la República.
La naturalización de las causas
El discurso oficial y ciertos medios responsabilizaron a la sequía, la variabilidad climática y fenómenos ambientales como las floraciones algales o de geosmina. En Montevideo, el aumento de la salinidad del agua que pasó a ser definida como “bebible” (nueva categoría usada para sustituir la de agua potable) y las restricciones hídricas fueron explicados como consecuencia del bajo caudal del río Santa Lucía (que desemboca en el estuario del Río de la Plata) y la sequía prolongada. Sin embargo, ese diagnóstico omite las decisiones que llevaron a demoras en inversiones, falta de mantenimiento de redes hidráulicas, las dificultades y atrasos en la implementación de las medidas de gestión previstas para la cuenca, participación social limitada, entre otros.
De forma similar, en Río de Janeiro la contaminación crónica de la cuenca del río Guandu, fuente de agua para más de 9 millones de personas, la histórica subinversión en agua y saneamiento y una gestión marcada por negligencias preceden al episodio de geosmina. A ello se suma la comprensión de un problema estrictamente técnico, la despolitización y baja participación social en la gestión, marcada por decisiones “intencionalmente” deficientes. Esto incluye la no interrupción de toma de agua bruta cuando las condiciones no eran adecuadas para su tratamiento, con la consecuente distribución de agua con patrones organolépticos alterados (olor y sabor) para toda la metrópoli. La narrativa pública no buscó minimizar la alarma (por el contrario, contribuyó a amplificarla), funcionando la crisis como uno de los factores que sostuvieron y legitimaron una agenda privatizadora ya en marcha, iniciada tras la sanción de la Ley nº 14.026/2020.
En síntesis, en ambos casos, las crisis se explicaron parcialmente como fenómenos naturales o de naturaleza técnica, aunque tenían raíces profundamente políticas e institucionales.
La escasez hidrosocial y las oportunidades de privatización
Si nos planteamos entender estas crisis a partir del concepto de escasez hidrosocial, formulado por la experta Ana Lúcia Britto, podemos comprenderlas no como consecuencias ambientales o naturales, sino como producto de decisiones institucionales, modelos de desarrollo, desigualdades y relaciones de poder. En un contexto ideal, el agua sería garantizada como derecho humano y gestionada de forma participativa, sin embargo, cuando el Estado no realiza inversiones necesarias, prioriza intereses económicos o subestima la participación social, el resultado es la escasez que afectó a millones de personas.
En el caso uruguayo, la vulnerabilidad del suministro depende hoy de decisiones de inversión de largo plazo, del modelo de gestión elegido para la cuenca del Santa Lucía (que prioriza el sector productivo agropecuario), y del mantenimiento de la red de distribución. En Río de Janeiro, la escasez surge de un entramado de desigualdades territoriales, concentración del abastecimiento, fragilidad institucional y un modelo técnico centralizado, junto a una histórica baja inversión en infraestructura y falencias en la cobertura de agua y saneamiento. A estos factores se sumó la crisis económica y fiscal del estado de Río de Janeiro, que favoreció la privatización del sector.
Muchas veces se plantea que las crisis hídricas pueden convertirse en ventanas de oportunidad para reconfigurar la gobernanza del agua. El caso de Río nos muestra cómo la contaminación fue utilizada para deslegitimar a la empresa pública de agua y saneamiento (la CEDAE), que, junto a otros factores llevó a la concesión de los servicios a privados en 2021.
En Montevideo, la crisis de 2023 reactivó el debate sobre grandes obras hidráulicas, tal como el Proyecto Neptuno, propuesto por un consorcio de empresas privadas y aprobado durante el gobierno anterior, defendidas como soluciones estructurales bajo la bandera de “seguridad hídrica”. A diferencia del caso de Río de Janeiro, la agenda privatizadora en Uruguay fue parcialmente contenida, en buena medida por la movilización social y el cambio político que actualmente renegocia otros proyectos hidráulicos con el consorcio privado.
Consideraciones finales
Las crisis hídricas revelan qué se prioriza en nuestras sociedades: quién decide, quién se beneficia, quién queda afuera y qué tipo de relación imaginamos con un bien fundamental para la vida.
Las crisis hídricas metropolitanas del siglo XXI no se definen solo por el agua que falta o por la mala calidad del agua que llega a los hogares. Se definen por la forma en que Estados, empresas y sociedades movilizan -o no- capacidades políticas para enfrentarlas. Los casos de Montevideo y Río de Janeiro muestran que lo que está en juego no es solo la gestión del agua, es también el modelo de gestión de los territorios de las cuencas hidrográficas, de la infraestructura de saneamiento y del medio urbano. En ambos casos, lo técnico y lo político no pueden separarse: la crisis del agua no es solo un problema ambiental (o natural) o una falla técnica, sino las señales de grandes falencias de un modelo de gestión.
Los ciclos políticos cambian, pero el paradigma hidráulico permanece. Sea mediante contratos heredados, flexibilizaciones normativas o nuevas obras presentadas como indispensables para la seguridad hídrica, las crisis terminan consolidando un mismo modelo que privilegia las obras para infraestructura y la participación privada por encima de alternativas democratizadoras de la gestión de un bien común. Frente a esta situación, debemos preguntarnos: ¿pueden las crisis conducir también a fortalecer la gestión del agua como bien común y derecho humano? ¿o terminarán siempre siendo un camino para soluciones que involucren a los sectores privados con interés en los servicios de abastecimiento de agua?
Autor
Profesora de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de São Paulo (USP).
Profesora de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Univ. de la República. Investigadora Asociada del Instituto SARAS. Doctora en Manejo de Recursos Naturales y Medioambiente por la Universidad de Manitoba (Canadá).
Doctora en Planificación Urbana y Regional. Profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
