La reciente depuración de más de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicaragüense es uno de los cambios estructurales más significativos que marcan el inicio de la sucesión de Ortega y Murillo.
La supresión de la observación electoral calificada es una consecuencia del declive democrático de Nicaragua. Y es que las misiones de observación estaban entre los actores que alertaron sobre la progresiva evolución de la ofensiva de Ortega.
El gobierno ha cancelado más de 950 oenegés, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario.
Honduras y Nicaragua firmaron recientemente un acuerdo respecto a la soberanía en el golfo de Fonseca. Este es para Daniel Ortega la manera de desconocer tácitamente el fallo de la CIJ de La Haya y para Juan Orlando Hernández la forma de allanar el camino de cara al fin de su mandato y probable inicio de su persecución judicial internacional.
