El régimen Ortega-Murillo prepara un traspaso de poder basado en su propio círculo de confianza con el fin de continuar su proyecto familiar dictatorial.
La reciente depuración de más de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicaragüense es uno de los cambios estructurales más significativos que marcan el inicio de la sucesión de Ortega y Murillo.
La supresión de la observación electoral calificada es una consecuencia del declive democrático de Nicaragua. Y es que las misiones de observación estaban entre los actores que alertaron sobre la progresiva evolución de la ofensiva de Ortega.
El gobierno ha cancelado más de 950 oenegés, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario.
