El 1 de febrero Costa Rica votó y decidió que Laura Fernández Delgado sea la presidenta N.50 desde que el país es república y la segunda mujer en ser electa para el cargo más importante del país: la Presidencia. Aunado a esto, su partido -Pueblo Soberano- fundado en el año 2022, obtuvo 31 de las 57 curules del Congreso unicameral del país, es decir más de la mitad de los escaños, lo que le asegura una mayoría absoluta según datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El próximo gobierno iniciará su mandato con una serie de circunstancias inusitadas: la victoria presidencial en primera vuelta, un aumento de la participación en casi 10 puntos porcentuales y el control mayoritario en la Asamblea Legislativa, algo que no ocurría en el país desde 1990.
A partir de 1953, se han realizado elecciones periódicas, con transiciones pacíficas del poder (no hay reelección consecutiva). En este sentido, Costa Rica es una democracia consolidada, en donde la máxima de “certeza de reglas e incertidumbre de resultados” se cumple y los actores políticos perdedores aceptan la derrota cuando los votan en contra. Esta estabilidad se apoya, en gran medida, en la integridad y profesionalismo del TSE, que dio los resultados preliminares desde la misma noche de la votación, mediante actualización continua de datos en línea. En el contexto centroamericano, esto constituye un rasgo institucional distintivo.
Los resultados electorales permiten sostener que estas fueron unas elecciones atípicas, tanto regionalmente como frente a tendencias observadas en procesos previos. Se reordenó la competencia y los apoyos electorales se concentraron de manera inusual. Por lo cual, se afirma que se está configurando un nuevo patrón de representación y gobernabilidad, y al mismo tiempo, persistieron tendencias.
Una elección atípica y con continuidades
En términos regionales el proceso fue atípico, ya que no hubo castigo al oficialismo: casi 5 de cada 10 personas electoras votaron por la continuidad. Además, pese a una oferta amplia (20 candidaturas, cinco encabezadas por mujeres) y una oposición muy fragmentada, el voto ordenó la competencia. Pueblo Soberano (48,30%) y el otrora partido tradicional Liberación Nacional, PLN (33,44%) concentraron alrededor del 80% de los votos. En la arena legislativa tampoco se observa un escenario de mayor fragmentación, sino un Congreso con menos fuerzas políticas representadas y sin gobierno dividido o en minoría.
Los resultados también reflejan una tendencia observable en la región, el ‘vaciamiento del centro político’, que no logra mantener capacidad representativa y deja espacio a fuerzas más radicales, tal y como lo ha afirmado la académica Flavia Freidenberg. En Costa Rica eso se expresa en el resultado legislativo, ya que desaparecen del Congreso fuerzas que en 2022-2026 ocuparon espacios de derecha liberal y derecha conservadora (Liberal Progresista y Nueva República, respectivamente); posiblemente esos electorados fueron absorbidos por la fuerza política oficialista.
¿Nueva era política en Costa Rica?
Las elecciones nacionales de 2026 se llevaron a cabo tras un proceso de transformación del sistema de partidos, caracterizado por el desplazamiento del bipartidismo PLN-PUSC, hacia un escenario multipartidista y con erosión de lealtades y un electorado más volátil. Hoy, solo una de cada cuatro personas manifiestan identificación con algún partido (CIEP-UCR), un dato consistente con el desalineamiento partidario y electoral que reconfiguró la competencia en las últimas dos décadas.
Las elecciones de 2014 profundizaron esa trayectoria, al llegar a la Presidencia una fuerza ajena al bipartidismo. En la misma secuencia, la debacle electoral del PAC tras dos gobiernos (2014-2022) y la personalización de la competencia abrieron espacio para un liderazgo personalista, confrontativo y polarizante, que resultó en un mandatario que, tras casi cuatro años en el poder, ha sostenido niveles de popularidad cercanos al 60% (CIEP-UCR).
Este contexto se reflejó en la oferta partidaria. El sistema de partidos mostró alta fluidez, el índice de mortalidad (50/100) indica que la mitad de las fuerzas previamente representadas quedó fuera del Congreso. En un escenario de proliferación de etiquetas partidarias, estos datos dan cuenta de una baja capacidad de sostener apoyos y lealtades de un ciclo electoral a otro. Los partidos políticos no tienen -en su mayoría- arraigo en la sociedad y no necesitan tenerlo para ganar elecciones.
Sobre esa base se configuró un clima de malestar y desconfianza institucional, reforzado por el aumento de la inseguridad (la tasa de homicidios es de 16,7/100 000 habitantes, con base en cifras oficiales). En este contexto, la competencia electoral se organizó alrededor de un eje plebiscitario de apoyo o rechazo al presidente actual, quien mantuvo protagonismo durante la campaña a pesar de las denuncias sobre beligerancia política y desde el oficialismo se presentó una narrativa de promesa de eficacia, traducida en ‘políticas de mano dura’, emulando el ‘estilo bukele’ (como lo es la narrativa de construcción de una mega cárcel).
El proceso electoral del 2026 marca un punto de inflexión en la política costarricense, el triunfo electoral del oficialismo fue contundente y con una presencia territorial importante, que dio como resultado la concentración del poder político -Presidencia y mayoría legislativa- en una sola fuerza política: hay un realineamiento político. El poder institucional del gobierno entrante se amplía y por ende su capacidad de decisión y acción.
A su vez, parece estar emergiendo un movimiento político, con base social, esto es, un electorado que se reconoce en un conjunto compartido de demandas y sentidos sobre seguridad, orden y rechazo a élites e instituciones percibidas como obstruccionistas y que posiblemente empiece a operar como identidad política nueva, que se está abriendo espacio. Esto ocurre en un momento en que el discurso oficialista plantea una promesa de ‘refundación’, entendida como una reconfiguración de los equilibrios institucionales: desde la propuesta de una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución actual, hasta reformas profundas al Poder Judicial, el TSE y otros organismos de control.
Autor
Politóloga y socióloga, docente en la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.
